Oscar Azócar (*)
El próximo año se conmemora el 50º aniversario del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, lo cual amerita tanto una valoración de los logros alcanzados por el gobierno de Salvador Allende, como una necesaria reflexión crítica sobre esa experiencia, que continua viva en la memoria popular y en el combate por cambios democráticos y revolucionarios.
Su vigencia y validez universal se explican en primer lugar porque, después de la Revolución Cubana, la izquierda llegó nuevamente al poder en América Latina, esta vez a través de elecciones, en una coalición integrada por socialistas, comunistas, radicales, mapucistas, cristianos de izquierda, socialdemócratas y otros sectores, con un programa que se proponía avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política.
Se trató de un salto, audaz pero factible, de un movimiento popular que incorporó a su acervo revolucionario, antes de la revolución de octubre, la lucha desde la institucionalidad estatal, los municipios, el Parlamento y el gobierno.
En estos tiempos de demagogia y pragmatismo neoliberal, en que se han naturalizado los incumplimientos de los programas políticos, inspira admiración y respeto la gigantesca obra transformadora del Gobierno Popular, y su lealtad y consecuencia con la palabra empeñada.
Solo a título de ejemplo, para entregar medio litro de leche diario a todos los niños de Chile, una de las 40 medidas, se destinaron mil quinientos millones de litros de leche, equivalentes al 10% del presupuesto de salud y al 1,6% del presupuesto nacional. ¡Que distinto al criterio mercantil imperante, que solo admite “gasto social focalizado”, y excluye todo lo que no genere rentabilidad!
El gobierno de Salvador Allende fue el más realizador, participativo y visionario de nuestra historia patria. Nacionalizó el cobre y nuestras riquezas básicas, profundizó la Reforma Agraria, amplió el acceso a la vivienda, educación, salud y cultura para los sectores populares, conformó un área social de la economía con 91 empresas monopólicas estratégicas y 16 de los 18 bancos, redistribuyó el ingreso expandiendo el mercado interno y haciendo funcionar la industria nacional por primera vez a plena capacidad instalada, democratizó el acceso a las universidades incorporando a ellas a los trabajadores en virtud de convenios especiales con la Central Única de Trabajadores, revolucionó el ámbito de la cultura, y llevó a cabo una política exterior independiente que reivindicó la integración latinoamericana y nuestra soberanía nacional.
Gobierno mayoritario y partidario de entendimientos
La derecha y algunos otros afirman que el gobierno de la Unidad Popular era minoritario. Por el contrario, la historia muestra que fue el resultado de una corriente nacional mayoritaria por los cambios, que se propagó en sectores medios, cristianos, un sector de las Fuerzas Armadas y al interior de los partidos de “centro” de la época: el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano. Este último levantó en 1970 la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, que proclamó el socialismo comunitario y la unidad política y social del pueblo.
La Unidad Popular creció en la lucha social, en las huelgas y paros nacionales de los trabajadores, en las tomas de terrenos de los pobladores sin casa, en las movilizaciones de los campesinos por la reforma agraria, en el movimiento por la reforma universitaria en las universidades chilenas.
Los avances de los movimientos sociales se unieron al accionar de los partidos políticos de izquierda, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, que fueron capaces de unirse y crear hegemonía en torno a sus valores y concepciones.
La elección del Presidente Allende no surgió de una correlación de fuerzas meramente electoral. Pero si hubiera que remitirse a los votos, la Unidad Popular creció desde el 36% alcanzado en 1970, al 51% en las elecciones municipales de abril de 1971, y en julio del mismo año, en la elección complementaria de un diputado en Valparaíso, obtuvo un 48,6% de los votos, empinándose en solo un par de meses por sobre el 48,3% logrado en esa ciudad en las elecciones municipales.
En las parlamentarias de marzo de 1973 obtuvo un 44% de la votación, en plena escalada de desestabilización y conspiración golpista.
Al comparar con la DC, ésta transitó desde el 43,6% de los votos y el 55,8% de los escaños obtenido en las elecciones parlamentarias de 1965, a un 29,8% en 1969, a pesar que el gobierno de Frei Montalva tuvo todo el respaldo político, económico y financiero de Estados Unidos y de países europeos.
Se sostiene también falsamente que la UP rechazó los acuerdos y entendimientos con la DC. Para algunos de los que así opinan, la Concertación de Partidos por la Democracia sería la superación histórica de ese supuesto “error”.
La verdad es que la UP y Allende hicieron todos los esfuerzos para entenderse con la DC y resolver sus diferencias por la vía democrática, obteniendo importantes resultados, como el apoyo DC a la nacionalización del cobre, la aceleración de la reforma agraria, el fin del monopolio telefónico de la ITT.
La DC aceptó la socialización de la banca, aunque en vez de la estatización proponía la cooperativización; concordó en expandir los jardines infantiles, mejorar las pensiones, el salario mínimo y las asignaciones familiares, en fortalecer la organización sindical y la CUT, las negociaciones colectivas tripartitas y la administración de las Cajas de Previsión por sus imponentes.
También se llegó a acuerdo respecto de que áreas de propiedad existirían y que empresas incorporar en cada una. Incluso, el Congreso sancionó una Reforma Constitucional que estableció que por ley se determinarían “las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía”, y “las empresas cuya administración corresponderá únicamente a los trabajadores que laboren en ellas en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas”.
Sin embargo, Eduardo Frei Montalva y la Internacional DC vetaron y desahuciaron este acuerdo.
La conclusión de uno de los fundadores de la DC, Bernardo Leighton, es que “todo podrá alegarse (…) menos que el presidente Allende permanecía cerrado al intento de procurar caminos pacíficos y parlamentarios para salvar la situación del país”
La vía institucional: diferencias y coincidencias entre socialistas y comunistas
Una importante insuficiencia de la Unidad Popular fue la carencia de una opinión común entre socialistas y comunistas. La vía institucional requería de una alianza, no necesariamente formal, con los sectores progresistas democratacristianos, que se expresara en acuerdos y entendimientos.
Sin embargo, existieron obstáculos de dos tipos:
1) distintas apreciaciones entre socialistas y comunistas sobre el carácter y amplitud de una coalición de izquierda, y
2) la falta de disposición del PDC para los entendimientos.
Desde 1957, el Partido Socialista sostenía su tesis del Frente de Trabajadores, que descartaba la unidad con el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano. En tanto, el Partido Comunista postulaba la tesis del Frente de Liberación Nacional, y era partidario de la unidad con radicales y democratacristianos, dentro de una alianza que tuviera como núcleo la unidad de socialistas y comunistas.
En 1969 se constituyó la Unidad Popular, integrando al Partido Radical, pero no se pudo lograr una posición común en relación con la Democracia Cristiana, lo cual se constituyó en un motivo permanente de tensiones y conflictos. Como ironía de la historia, en los años 80, en el marco de la transición pactada con la dictadura y el gobierno de Estados Unidos, el Partido Socialista se alió con la DC en la Concertación de Partidos por la Democracia, estableciendo como uno de sus requisitos la exclusión del PC.
En lo que sí concordaban socialistas, comunistas y el Presidente Allende, era en garantizar dentro de la Unidad Popular la hegemonía de las fuerzas políticas revolucionarias, lo cual tenía origen en el crecimiento del movimiento popular, su sintonía con las luchas de los pueblos del mundo, y la desconfianza hacia el peligro reformista y las experiencias del ibañismo y del gobierno de Gonzalez Videla.
En ese marco, socialistas y comunistas apostaron al éxito de la coalición tal como quedó conformada en 1969, y la victoria alcanzada en 1970 demuestra que su evaluación fue correcta.
Cuando en 1969 se buscaba el candidato común de la Unidad Popular, el secretario general del PCCh, Luis Corvalán, rechazó los rumores de que el candidato que los comunistas preferían era Radomiro Tomic, declarando “Con Tomic ni a misa”. Corvalán explicó su formulación de la siguiente manera:
“Lo cierto y lo concreto es que se habían ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”.
Aludiendo a esa frase, en julio de 2015, el ex ministro Jorge Burgos declaró arrogantemente “cuantas misas de duelo nos habríamos evitado en el largo periodo dictatorial si la Unidad Popular hubiese aceptado ir a misa con Tomic”, asumiendo como natural que la UP debía apoyar a un candidato democratacristiano.
Burgos omitía referirse al debate interno en la DC, sobre el cual Ignacio Gonzalez Camus escribió:
“Se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970. En cambio, la posición de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda para ese comicio, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido.
Tomic no aceptó ser nominado de inmediato como candidato, pese al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó, apasionadamente, que si aceptaba en ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de una posible unidad popular”.
La aspiración a avanzar al socialismo no tenía carácter maximalista. El programa de la UP correspondía al avance de las fuerzas progresistas en el mundo, y era la respuesta adecuada para las demandas y necesidades de la época, como lo prueba lo hondo que caló en las masas populares.
Sin embargo, el imperialismo y la oligarquía hubieran “defendido” igualmente sus privilegios frente a un gobierno de “reformas radicales”, como lo hicieron con Jacobo Arbenz en Guatemala o con Joao Goulart en Brasil, lo cual ratifica que las clases propietarias jamás se dejarán desposeer sin resistir con violencia, por más democrático, legal y moderado que sea el proyecto de transformaciones.
La DC y su rechazo a los entendimientos
La candidatura presidencial de Eduardo Frei Montalva en 1964, que levantó un programa de reformas conocido como “Revolución en Libertad”, reforzó la idea de realizar transformaciones. Sin embargo, su gobierno tuvo un carácter contradictorio.
De una parte, aunque la realización de transformaciones estructurales no constituía la prioridad política del sector gobernante, Frei llevó a cabo la reforma agraria y la sindicalización campesina, la chilenización del cobre, avanzó en la organización poblacional, estableció el derecho a jubilación para la mujer a los 55 años, creó el impuesto patrimonial a las grandes fortunas, condenó la intervención militar norteamericana en Santo Domingo.
La Juventud Demócrata Cristiana marchó de conjunto con las juventudes de izquierda en solidaridad con el pueblo de Vietnam, y estuvo presente en la lucha por la reforma universitaria y otras iniciativas. Pero al mismo tiempo, ese gobierno respondía a una orientación continental de EE.UU. para detener el avance de la izquierda en el continente después del triunfo de la revolución cubana, la Alianza para el Progreso.
El historiador Augusto Varas afirma que el anticomunismo de la DC “se expresó tempranamente a través de su principal líder y constructor institucional”, y se hizo más patente a medida que el partido crecía. En octubre de 1958, Patricio Aylwin afirmaba la “absoluta incompatibilidad y contradictoria relación de los fines de la DC con los de la derecha y el marxismo”.
Sin embargo, como partido heterogeneo y pluriclasista, la Democracia Cristiana siempre ha albergado corrientes conservadoras y progresistas.
Décadas antes la Falange, antecesora de la DC, “firma en 1939 un apoyo parlamentario al programa de reconstrucción del Frente Popular después del terremoto de ese año y apoya al asediado gobierno de Pedro Aguirre Cerda, entrando a un pacto parlamentario con el Frente Popular el que no perduró”.
En 1948, la Falange se opuso a la proscripción del PC; en octubre de 1946 su presidente, Pedro Rodriguez, ponía de ejemplos a Bélgica, Italia, Austria, y Alemania, como países en que “partidos católicos integran gobiernos con partidos comunistas, sin mengua de su doctrina”.
En los años sesenta, la corriente denominada “vía no capitalista de desarrollo”, que propiciaba la alianza con la izquierda, llevó a que en la Junta Nacional del partido realizada el 2 de mayo de 1969 se produjera una fuerte discusión respecto de las decisiones a adoptar en las próximas elecciones presidenciales, en la que ganó por estrecho márgen la tesis del camino propio, después que el propio Frei se viera obligado a intervenir para derrotar la posición favorable a la alianza electoral con la izquierda.
La “guerra fría” impuesta por el gobierno de Estados Unidos después de la II Guerra Mundial agudizó la disputa entre la DC y el PC, a tal punto que durante la Unidad Popular los democratacristianos, bajo la dirección del sector conservador que en mayo de 1973 había desplazado a la directiva presidida por Renán Fuentealba, dejaron de lado el “camino propio” y se aliaron con la derecha para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Más tarde, en la segunda mitad de los 80, conformarían la Concertación excluyendo al PCCh.
A mediados de 1971, un acontecimiento que marcó un viraje en la conducta política del PDC hacia el gobierno de Allende, fue el asesinato del dirigente DC Edmundo Perez Zujovic, ejecutado por un grupo de ultraizquierda llamado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), lo cual generó animosidad contra la UP en el pueblo democratacristiano.
El crímen tuvo gran semejanza con el del dirigente DC italiano Aldo Moro, quien lideraba el sector partidario del “compromiso histórico” entre comunistas y democratacristianos y de la participación de los comunistas en el gobierno, ésto último vetado desde 1948 por los norteamericanos.
Para Joan Garcés, asesor de Allende, “el problema es que en octubre de 1970 la dirección del Partido Demócrata Cristiano que firma un acuerdo con Allende, y le vota Presidente en el Congreso (…) responde a los intereses nacionales, y tres años después la dirección DC está en manos de personas que responden a directrices externas a Chile, a intereses estratégicos ajenos a los chilenos. Ese es el punto clave (…) Son más bien los intereses de un sector de la DC italiana que estaba integrada en el sistema de poder norteamericano en Europa, sistema que era común al sistema de poder sobre América Latina.
El PDC se alineó con los partidos de derecha y formó parte activa de la oposición desestabilizadora, y su participación fue decisiva para aprobar el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que declaró la inconstitucionalidad del gobierno popular y llamó explícitamente a las Fuerzas Armadas a derrocarlo.
Tal como afirma Renán Fuentealba, la DC dio la “luz verde” al golpe.
En esa época, Bernardo Leighton le envió una carta a Frei reprochándole su intransigencia frente a la Unidad Popular, y señalando que a la DC no le correspondía ser una “alternativa al marxismo” sino una “alternativa al capitalismo”, palabras similares a las de Mariano Ruiz-Esquide al decir que “la DC no es un partido de centro, ni fu ni fa, sino un partido de avanzada social, de centroizquierda, que quiere cambiar el sistema económico chileno a como dé lugar”.
Un mes después del golpe, Patricio Aylwin se reunió con la Junta Militar, transmitiéndole: “reconocimiento de la aptitud de la Junta; disposición de los demócratas cristianos a cooperar individualmente en la tarea de la Junta; interpretación del pronunciamiento militar del 11 de septiembre como de legítima defensa; interés en que la Junta de Gobierno tenga éxito”.
Varios de sus profesionales asumieron cargos, entre ellos los juristas Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, que participaron hasta 1977 de la Comisión Ortuzar que elaboró el anteproyecto de la Constitución del 80.
En octubre de 1973, dirigentes DC realizaron giras al exterior, que según Jack Kubich, miembro del Comité 40 de Estados Unidos, fueron financiadas por la CIA.
Esta colaboración continuó hasta fines de 1976, a pesar de la clausura de Radio Balmaceda –de propiedad del PDC-, de las detenciones y expulsiones del país de Claudio Huepe, Renán Fuentealba, Jaime Castillo, del intento de asesinato de Bernardo Leighton en Roma, la clausura de la revista teórica Política y Espíritu.
Radomiro Tomic dijo al respecto:
“La DC no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional, el 30% del electorado nacional, el 32% de los trabajadores organizados en la CUT, el 40% del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radios y TV, 5 de las 8 universidades del país, la gravitación –digo- de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos positivos por sus acciones o por sus omisiones”.
En sus memorias, Patricio Aylwin calificó la declaración de 1973 de la directiva DC en apoyo al golpe como “pecado de ingenuidad”.
La opinión de muchos democratacristianos en ocasión de los 40 años del golpe fue distinta, el 9 de septiembre de 2013 su hermano Andrés Aylwin señaló:
“Patricio equivocadamente aceptó el golpe”.
Incluso Andrés Zaldívar declaró que la declaración de los 13 tenía más sentido político que la oficial, refiriéndose al sector que condenó públicamente el golpe.
Las diferencias políticas en la DC eran tan profundas que mientras dirigentes como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Renán Fuentealba y otros se opusieron desde el primer día a la dictadura, y por eso fueron perseguidos; otros, en cambio, contribuyeron activamente a la conspiración golpista como Juan de Dios Carmona, Luis Thayer Ojeda, Sergio Ossa Pretot, Jorge Cauas y Alvaro Bardon.
Estados Unidos y el golpe de Estado
Hoy está probado el papel determinante que tuvo la intervención del gobierno de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno popular, debido a que constituía un peligro para los planes estratégicos de esa potencia imperial al levantarse como ejemplo para países como Francia o Italia, que vivían procesos políticos similares a Chile.
El Informe Church del Senado norteamericano entregó antecedentes sobre la intensificación de la intervención estadounidense en la política chilena en los años previos a la elección presidencial de 1964, respondiendo a la preocupación porque la diferencia electoral de Allende con Alessandri en las elecciones presidenciales de 1958 había sido sólo de treinta mil votos.
El informe registra la entrega de sustantivos montos de dinero para asegurar la elección de Eduardo Frei Montalva, y la presión a los partidos de derecha para que bajaran su candidato y apoyaran a Frei. La intervención creció en la campaña presidencial de 1970, y después de elegido Allende.
El diario El Mercurio fue uno de los principales artífices del golpe, inmediatamente después del 4 de Septiembre de 1970 Agustín Edwards viajó a Washington a pedir el golpe.
Según la derecha, el golpe de estado se originó en el quebrantamiento de la legalidad y la violación de los derechos humanos por parte de la Unidad Popular, salvando a Chile del marxismo y de una dictadura, y todos seríamos responsables del golpe de estado. Nada más alejado de la verdad.
El accionar de la Unidad Popular y de las autoridades del gobierno se ciñó al programa y a la estrategia de la UP, y respetó la legalidad e institucionalidad existente. No hubo ningún detenido desaparecido, ni torturado, o ejecutado. Las organizaciones sociales tuvieron plenos derechos.
La prensa no tuvo restricciones, por el contrario, la mayoría de los medios de comunicación, de propiedad de los grandes monopolios, se comprometieron con la conspiración golpista y recibieron financiamiento del gobierno de Estados Unidos y otras entidades, en primer lugar el diario El Mercurio.
Funcionaron sin cortapisas el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría; tanto es así que desde estas instituciones la oposición política, conformada por el Partido Nacional, y luego el PDC, obstruyeron sistemáticamente el quehacer del gobierno, creando condiciones para el golpe.
El caos, la violencia y el terrorismo, fueron impulsados y ejecutados por la derecha, por el Partido Nacional, por el Comando Rolando Matus, por Patria y Libertad, con el apoyo activo de la CIA y del gobierno de Estados Unidos.
Los asesinatos del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, del comandante Arturo Araya, edecán naval del presidente Allende, de Edmundo Perez Zujovic, fueron cometidos por agentes de Patria y Libertad.
El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic fue inducido por la CIA, a través de la infiltración y financiamiento de una fantasmal y minúscula agrupación de ultraizquierda, la VOP, con el fin de acelerar la incorporación del Partido Demócrata Cristiano a la conspiración y alejarlo de posibles acuerdos y entendimientos con la Unidad Popular.
El golpe de estado pudo evitarse si la Unidad Popular y la Democracia Cristiana hubieran resuelto sus diferencias mediante el diálogo y los acuerdos, como aconteció en buena parte del proceso. Hasta el último momento el presidente Allende hizo esfuerzos encaminados a ese propósito.
No se puede omitir que, desde otra trinchera, un sector de izquierda afirma que el golpe de estado fue consecuencia inevitable de las transformaciones revolucionarias que llevaba adelante el Gobierno Popular, justificando así, con una concepción conformista y fatalista, el rechazo a la posibilidad de cambios revolucionarios.
La vía institucional y la cuestión del poder
La singularidad de la vía institucional respondía a la historia del movimiento popular chileno, que contaba con un movimiento obrero clasista, un alto nivel de unidad y conciencia política, influyentes partidos marxistas, amplias libertades y derechos ciudadanos, y una elevada participación ciudadana.
Este fue un camino exitoso en la medida que se mantuvo una correlación de fuerzas favorable a las transformaciones, con el apoyo de la DC, lo que permitió el triunfo en 1970 y su ratificación en el Congreso Pleno, y el avance en la aplicación del programa de gobierno durante 1970-1971.
Llevar a cabo el programa respetando la institucionalidad vigente le generaba complejidades tácticas y estratégicas a la vía institucional impulsada por el gobierno de Salvador Allende. A diferencia de las demás transformaciones del programa, que fueron incorporadas en la conciencia popular a través de décadas de lucha, las propuestas de cambio en la institucionalidad política no tenían ese grado de internalización.
El proceso se hubiera facilitado priorizando la realización de cambios constitucionales el primer año, cuando crecía el respaldo popular, sin embargo, la disposición del gobierno recién estuvo en vísperas del golpe de estado. Cuatro décadas más tarde, el gobierno de la Nueva Mayoría incurrió en el mismo error.
Las complejidades existentes exigían apoyarse en el gobierno para realizar los cambios en el sistema político, que debían tener un carácter gradual, pero radicar la conducción del proceso casi exclusivamente en el gobierno y en los partidos políticos, sin potenciar la movilización de los trabajadores y de los sectores populares, era absolutamente insuficiente. El control del gobierno solo podía tener significado estratégico si a partir de él se abordaba la construcción de un poder popular alternativo al del sistema político-institucional dominante, por cierto sin contraponerse al gobierno.
Era necesario articular esfuerzos entre el gobierno y el movimiento social, actuar de conjunto en las Juntas de Abastecimientos y Precios, en los Cordones Industriales, en los Comités de Vigilancia de la producción, en los Comités de Unidad Popular.
Cuando así se procedió, la participación popular avanzó exitosamente en evitar el acaparamiento, distribuir alimentos en la población, combatir la producción a media máquina, etc., convirtiéndose en el gérmen de poder popular que fue capaz de derrotar el paro patronal de 1972.
Incluso en el periodo más agudo de desestabilización y conspiración golpista, cuando ocurrió el “tancazo” o alzamiento militar del 29 de junio de 1973 –“un ensayo para el golpe de estado”, en palabras de Pinochet- la movilización popular y del sector constitucionalista de las FF.AA. frustraron el intento golpista.
Ese día en la tarde, el pueblo rodeó la Moneda y pidió castigo para los oficiales golpistas y para quienes azuzaron la sublevación. Fue la última oportunidad de desarmar la conspiración y tomar la iniciativa, pero en vez de ello se optó por el diálogo y la conciliación con la DC, ya incorporada de lleno a la conspiración, y por llamar a un plebiscito que nunca ocurrió.
Los Comités de la Unidad Popular, que jugaron un rol protagónico en la elección de Allende y se mencionaban en el programa como “embriones de poder popular”, dejaron de funcionar después de 1970. Hubo visiones distintas respecto de los cordones industriales. Surgió la Asamblea Popular en Concepción, que se contrapuso al gobierno.
En opinión de Joan Garcés, la Unidad Popular tenía lagunas en su acervo teórico-político, entre ellas “el desconocimiento de sus partidos sobre la política militar antiinsurreccional, particularmente la política antigolpe de estado”, lo que condujo a que la estrategia político-militar de la UP redujera progresivamente su capacidad de iniciativa y de defensa.
El gobierno de Estados Unidos y la derecha seguían una vía insurreccional orientada al golpe o a la guerra civil, agudizando el conflicto y tratando de arrastrar al gobierno a acciones de fuerza.
La Unidad Popular, por el contrario, necesitaba evitar la confrontación, y su capacidad de disuasión contra la acción directa de la contrarrevolución dependía de la cohesión y fortaleza del movimiento popular, y de la estrategia de la Democracia Cristiana. Sin embargo, un sector de la izquierda pensaba que la “táctica insurreccional” debía ser el desenlace deseable del proceso chileno.
La Unidad Popular no tenía fuerza militar propia, y con la ayuda del sector militar constitucionalista, se esforzaba para evitar la contraposición entre las FF.AA. y el gobierno. Así enfrentó la instalación de la UP en el gobierno y respaldó las realizaciones entre noviembre de 1970 y la primera mitad de 1972. Pero esa política militar adolecía de limitaciones, la principal era la no articulación entre las FF.AA. y los sectores populares.
La UP ni siquiera recurrió a todas las posibilidades que ofrecía el marco institucional, como la Ley de Defensa Civil de 1945 , que establecía la coordinación entre las organizaciones sociales (sindicatos y otras) y Carabineros y FF.AA. para prevenir o atender situaciones de emergencia o que encerraran peligro para la nación.
Ya que en el Alto Mando de las FF.AA. existió un sector constitucionalista durante buena parte del periodo, pudieron haberse impulsado acciones populares más decisivas en la defensa del proceso, sobre todo en 1971, actuando como factor de disuasión contra las acciones insurreccionales de la derecha.
Si no se evitaba la estrategia confrontacional violenta de la oposición, podría haber facilitado un viraje en la lucha del movimiento popular; o sea, aceptar que la vía institucional podía desembocar, aún contra la voluntad de la UP, en un enfrentamiento armado, y estar preparados para resistirlo.
Pero no se discutió en la Unidad Popular si el proceso debía orientarse hacia situaciones de insurrección obrera o a prevenir la insurrección burguesa, debido a las distintas estrategias que coexistían en la UP. Un sector del PS nunca compartió plenamente la vía institucional y creía que tarde o temprano las cosas se “encauzarían” por el camino “normal”: la conquista del poder total por las armas.
Las fuerzas políticas dominantes dentro de la UP pensaban en evitar o retrasar un enfrentamiento armado, pero tenían las carencias ya anotadas.
De otra parte, la concepción que predominó entre 1970-1973 en los partidos de la UP y las organizaciones obreras para hacer frente a un golpe de estado era la huelga general con toma de industrias, que se había demostrado impotente para atajar el camino a las dictaduras de corte fascista en las experiencias de Italia en los años 20, y de Alemania y España en los años 30.
La vía institucional y la alternancia
En opinión de Valter Pomar, Secretario de Relaciones Internacionales del PT de Brasil, “la derrota de experiencias como la de la Unidad Popular (…) no permite concluir la inviabilidad de un camino estratégico; permite apenas concluir que, actuando bajo determinadas condiciones históricas y con determinadas opciones, la izquierda fue derrotada”, agregando que “es posible transformar victorias electorales en gobiernos que acumulen fuerzas en dirección al socialismo, y como parte integrante de una vía de toma del poder diferente de la insurrección y de la guerra popular”.
Coincidiendo con ello, no solo importa profundizar el análisis de la experiencia chilena de la vía institucional, sino también las de Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y otros países, que lograron articular mayorías político-electorales de centroizquierda y ganar el gobierno, como parte de un ciclo progresista en América Latina.
Aunque en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, estos gobiernos fueron derrotados por la derecha, ello no invalidad la vigencia de la vía institucional, pues en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, sigue cursando la vía institucional para realizar reformas de carácter democrático y antiimperialista, en medio de la embestida desestabilizadora de la derecha y del gobierno de Estados Unidos.
Además, echando por tierra los precipitados augurios del fin del ciclo progresista, las movilizaciones populares tienen en serios aprietos al gobierno derechista de Macri, cuya derrota estrepitosa en las primarias presidenciales anticipa la victoria del kirchnerismo en octubre, al gobierno ultraderechista de Bolsonaro en Brasil, y al gobierno de Piñera en Chile, al tiempo que se suma la victoria de AMLO en México y la destitución del gobernador de Puerto Rico.
A la luz de la experiencia de la Unidad Popular, el desafío de los gobiernos y las fuerzas políticas progresistas, es seguir avanzando en la conquista de poder político en todas las instituciones del Estado, incluyendo las FF.AA., lo cual implica colocar en la orden del día su democratización.
Presentar este objetivo como totalitario y antidemocrático es pura demagogia, porque quienes defienden el statu quo, siempre han detentado la totalidad del poder estatal, alternándose en el ejercicio del gobierno y de las mayorías parlamentarias.
Para ello cuentan con el poder de las grandes empresas ligadas a las transnacionales, de los tribunales que judicializan la política, del poder mediático, de las FF.AA., que en los momentos de crisis de gobernabilidad del sistema, están dispuestas a fortalecer el poder político dominante.
Cuando las fuerzas de izquierda y progresistas ganan las elecciones y/o se mantienen en el gobierno por más de un periodo, la derecha los acusa de dictaduras que se eternizan en el poder, como a Evo Morales en Bolivia, a Maduro en Venezuela, aunque los pueblos de esos países han aprobado constituciones democráticas en plebiscitos, y en el caso de la Revolución Bolivariana, se han realizado decenas de elecciones, en medio del bloqueo, el sabotaje financiero, las amenazas de intervención militar, contando siempre con el respaldo de las FF.AA., de raigambre popular y con un acendrado sentimiento de defensa de la soberanía nacional.
Quienes hablan de dictaduras en Venezuela y otros países, han sostenido la Constitución pinochetista, incluyendo el antidemocrático sistema electoral binominal, que recién fue democratizado durante el gobierno de la NM y que la derecha hoy quiere volver a imponer.
En los países del llamado Grupo de Lima, las elecciones no pasan la prueba de la blancura, incluido Estados Unidos, en que Trump fue electo sin contar con la mayoría de votos, de acuerdo a su sistema electoral.
La derecha y el gobierno de Estados Unidos han derrocado los gobiernos de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay, de Dilma en Brasil, además de montar un entramado para encarcelar a Lula en beneficio del ultraderechista Bolsonaro porque tenía las mejores posibilidades de ser elegido presidente.
La Concertación ha defendido su alternancia en el gobierno con la derecha, considerándola normal, “afortunada” y “símbolo de madurez de la democracia”.
En vísperas del triunfo de Piñera el 2009, Edgardo Boeninger estaba más preocupado de neutralizar la llegada de los comunistas al Parlamento y recomendaba a la DC que actuara de puente con la derecha en caso que ganara Piñera.
Oscar Guillermo Garretón, ahora renunciado al PS, declaró a comienzos de 2017 que prefería perder en las elecciones ante la derecha (EM, 21 enero).
Pero al abrirse paso la movilización social y la convergencia democrática, y luego ganar el gobierno la Nueva Mayoría, la derecha sin titubear consideró intolerable ese “tipo de alternancia”, y recurrió a todo lo que estuvo a su alcance para recuperar el gobierno.
El empeño transformador del gobierno de Michelle Bachelet debió enfrentar la oposición desestabilizadora de la derecha, al igual que en otros países latinoamericanos en que gobernaron fuerzas progresistas y de centroizquierda.
La emergencia del fascismo
La prolongada crisis de representación política y la búsqueda de consenso con los sectores conservadores para llevar a cabo reformas y cambios estructurales, regala tiempo y posibilidades a las fuerzas de ultraderecha para llevar a cabo procesos de desestabilización, incluyendo el recurso del fascismo. No hay que olvidar que el fascismo llegó al poder en Italia y Alemania ganando elecciones.
La experiencia histórica indica que aparecen condiciones para la emergencia del fascismo cuando un régimen capitalista se ve enfrentado al ascenso de la lucha de los sectores populares, y percibe una amenaza inmediata o potencial para la estabilidad del orden burgués.
Se genera entonces una crisis de representación en las clases dominantes, una ruptura con sus representantes políticos e intelectuales tradicionales. La burguesía y sus aliados rápidamente se desembarazan de sus voceros y operadores tradicionales y buscan fórmulas y/o figuras políticas que les permitan mantener el orden burgués y ganar tiempo para reorganizarse políticamente y crear una fuerza y un liderazgo políticos más duraderos y seguros.
En Chile en los años 60, como respuesta al ascenso del movimiento popular, el debilitamiento de los partidos tradicionales de la derecha y la asunción del gobierno de la Unidad Popular, surgieron organizaciones fascistas y paramilitares como Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus y otros que, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, impulsaron la violencia terrorista y la desestabilización, que finalmente desembocaron en el golpe de estado y en la dictadura militar.
Actualmente, el resurgimiento del fascismo y la ultraderecha, y la agudización del anticomunismo, son parte de un fenómeno global impulsado por el intervencionismo norteamericano, que tiene expresiones en Brasil, Europa y otras latitudes, y también, de alguna manera, en el Chile de hoy, donde la derecha no se siente segura a pesar de estar gobernando, porque la izquierda y los comunistas, después de una dura y larga exclusión, fueron capaces de vencer la exclusión en el Parlamento, formar parte del gobierno de la Nueva Mayoría, y después de la derrota de ese gobierno en las últimas elecciones, gracias al impulso de la movilización social, han conseguido ir transitando hacia la recomposición y el fortalecimiento de la izquierda y del movimiento popular.
A 50 años de la Unidad Popular, resuenan con fuerza las visionarias palabras de Salvador Allende: “tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente”.
Efectivamente, en América Latina los pueblos revitalizan sus esperanzas en la perspectiva socialista, y emergen nuevas experiencias de lucha por una sociedad más justa y humana.
La inolvidable Gladys Marín, en su intervención durante el seminario del ICAL realizado en 2003 en ocasión de los 30 años del golpe de estado, señaló<. “Fuimos derrotados, pero no aplastados en nuestro proyecto, y lo intentaremos cuantas veces sea necesario porque el pueblo tiene que triunfar”. (*) Sociólogo
