En horas de la mañana de este miércoles, la magistrada María Islas Mancilla, del Juzgado de Garantía de Ancud, fijó audiencia de formalización contra el ex almirante de la Armada, Osvaldo Schwarzenberg Ashton, por su responsabilidad en el vertido al mar de nueve mil de toneladas de salmón descompuesto, en las costas de Ancud, en mayo de 2016, mientras ocupaba el cargo de Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar).
La audiencia fue programada para el próximo 21 de noviembre, a las 10.40 horas, oportunidad en que Schwarzenberg deberá responder ante la justicia por la resolución 12600/05/114 del 4/03/2016 de Directemar de la Armada de Chile, que autorizó el vertimiento de hasta 9 mil toneladas de mortandad de peces en alta mar, y que se concretó finalmente en una fosa submarina de más de tres mil metros de profundidad a 75 millas marinas, -138,9 kilómetros- al noreste de Faro Punta Corona, en Ancud.
Si bien es cierto se estimaba que podrían ser 9 millones los kilos vertidos en el mar del total de los 38,5 millones de kilos de biomasa muerta en los 37 centros de cultivo afectados por floraciones de algas nocivas en las Agrupaciones de Concesiones (ACS) 1, 2, 3A, 6, 7, y 10B, Sernapesca aclaró que los desechos llegaron a cinco millones de kilos. Pero no hay que confiarse, porque a la fecha de los hechos, el director de la repartición era Raúl Súnico, cómplice del mismo delito. y una de las fichas de la industria pesquera en la administración pública.
La formalización de Schwarzenberg Ashton fue solicitada por la fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, Pamela Salgado, mientras que el delito que se le imputará es el de prevaricación administrativa, previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal, por “dictar una resolución manifiestamente injusta y arbitraria en el ejercicio de sus funciones y que dicha resolución trajo aparejada una serie de consecuencias”.
La realización de esta audiencia tiene el importante antecedente de que la Corte Suprema declaró, en mayo pasado, que el vertido de salones podridos al mar “se ha apartado tanto de la normativa jurídica que regula sectorialmente las emergencias ambientales y sanitarias, así como de la que se orienta directamente a la protección del medioambiente, lesionando con esta conducta el derecho de los recurrentes garantizado por nuestra Carta Fundamental en el artículo 19, n.°8, esto es, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de manera que el recurso de protección interpuesto ha de ser acogido”.
La decisión de formalizar corona dos años de investigación, luego de la querella ingresada el 13 de mayo de 2016 por la ex Alcaldesa de Ancud, Soledad Moreño Núñez (DC), quien pedía que se identifique a los responsables del vertimiento y se les persiga penalmente, que se sumó a la presentada el 5 de mayo por el Lonko Huilliche Cristian Chiguay, en Puerto Montt y la del 8 de septiembre, ingresada por el alcalde de Maullín, Jorge Westermeier Estrada y varios vecinos.
La decisión de imputar al ex director de Directemar, no excluye que se prosiga con Raúl Súnico Galdames, ex Director de Sernapesca, puesto que dicha resolución se fundamentó en un informe de esa repartición.
Tampoco se ha descarta la formalización de otras exautoridades y/o funcionarios públicos que colaboraron en los informes y actos administrativos previos o que implementaron el traslado y vertimiento, que aún se desempeñan en Sernapesca, Directemar, Capitanías de Puertos, Intendencia, municipios chilotes y Gobernación de Chiloé.
La Fiscalía de Puerto Montt sostiene que en medio del estallido social de la época, la autoridad evacuó una resolución que “trajo aparejada una serie de consecuencias”.
Protestas por marea roja
Ex almirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton
En mayo de 2016 estalló en Puerto Montt y Chiloé una de las protestas más enardecidas que recuerde el sur de Chile. El comercio y turismo se paralizaron, los pescadores se tomaron las rutas de accesop a la isla de Chiloé y hubo marchas y barricadas.
La razón: los pescadores artesanales culpaban a las salmoneras y al vertimiento de miles de salmones descompuestos frente a las costas de Punta Corona, como los supuestos causantes de la mortandad de la fauna marina.
En febrero de ese año apareció marea roja en las costas de la región, fenómeno que para abril iba en retirada. Sin embargo, fotos con toneladas de aves y especies marinas muertas en las playas chilotas siguieron copando titulares de la prensa nacional e internacional.
“Nunca antes en la historia había ocurrido algo así”, explicó la fiscal Pamela Salgado, al anunciar ´la solicitud de formalización del exdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, Directemar, Osvaldo Schwarzenberg, por autorizar aquel vertimiento de salmones muertos al mar.
Capítulo complejo
La efervescencia social de 2016 fue tal, que la entonces Presidenta Michelle Bachelet envió al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, a Los Lagos para lograr un acuerdo con los pescadores artesanales.
Tras largas reuniones y quiebres al interior del movimiento social, se acordó que el Estado entregaría un bono de aproximadamente $ 150 mil a cada uno de los 22 mil pescadores artesanales inscritos, durante ocho meses; mientras la industria salmonera cuantificó sus pérdidas en US$ 20 millones, debido a la mortandad de 27 mil toneladas de salmón, provocado por el alga Chattonella sp.
El bono amainó los ánimos y se recuperó la conectividad del Canal de Chacao, pero los pescadores siguieron protestando contra el vertimiento ante los Tribunales de Ancud, Maullín y Puerto Montt, donde se querellaron contra quienes resultaran responsables.
Así, a más de dos años de que la fiscalía comenzó a investigar, ya tiene los primeros resultados.
“El vertimiento no era la única opción”, agrega la fiscal, quien ordenó un estudio a la Universidad Austral de Chile, que estableció:
“Efectivamente, recreando las condiciones marinas en un laboratorio, se pudo establecer que había un daño potencial o la posibilidad de poner en peligro el medioambiente”, explicó la persecutora respecto de la inminente formalización del oficial, que se acogió a retiro en junio de 2017.
Para la fiscal Salgado, la decisión que tomó Schwarzenber fue “apresurada” ya que había otras opciones:
“La marea roja, la floración del alga, era un fenómeno que estábamos propensos a que ocurriera y no se tomaron los resguardos debidos, pues la opción más cómoda y/o más rápida fue simplemente verter al mar”.
Luis Adue, presidente de Prodelmar y uno de los que encabezaron las protestas en 2016, comentó:
“La justicia tarda, pero llega. Nunca antes vimos la cantidad de moluscos y aves que murieron esa vez. Las pérdidas fueron incalculables”.
Freddy Cárdenas, uno de los pescadores artesanales que se querelló, añadió:
«La formalización de cargos demuestra que ellos realmente cometieron los errores que siempre dijimos los pescadores”.
Pablo Oyarzo, miembro de la Mesa de Marea Roja en la zona, señaló a su turno:
«La decisión de la fiscalía aumenta la posibilidad de que finalmente seamos escuchados en nuestra demanda por lo ocurrido”.
La decisión de la fiscal Pamela Salgado es tanto inédita como importante, pues la persecutora apunta a la industria salmonera como responsable de la Marea Roja que paralizó la isla grande de Chiloé en 2016. Dice además que decisión de Directemar se tomó en base a informe de Sernapesca que «carece de todo sustento».
La fiscal agrega que ha llegado a la conclusión de que fue el vertimiento lo que hizo proliferar la marea roja, ya que los peces eran alimentados con químicos que fueron lanzados al mar:
“Las cantidades de ácido sulfhídrico y particularmente de sustancias que fueron vertidas al mar eran altas, incluso meses después de haberse generado el vertimiento, y eso también quedó de manifiesto en el informe de la Comisión Marea Roja. Eso nos lleva a concluir que la cantidad de amonio que había en el mar era altísima, incluso meses después”.
Respecto a la responsabilidad de Salmón Chile, la fiscal Salgado aseguró que no hubieran podido verter sin la autorización de Directemar.
Pensar que hacer comentario sobre las consecuencias de verter al mar estos salmones descompuestos, vesta acción y sus efectos en el ecosistema al Jefe de Gabinete del Intendente y publicar comentarios técnicos al respecto en mi Facebook me costó mi trabajo en el Gobierno Regional. Ahora la investigación de fiscalia avalada mis comentarios. Se va descubriendo la verdad y los responsables a la palestra.