Las conclusiones del sumario de Carabineros acerca del disparo que cegó al estudiante Gustavo Gatica, son ante todo una burla, pero también la confirmación de que la´policía chilena detenta un distópico grado de autonomía; que está al mando de una jefatura inepta, irresponsable y mendaz, y que necesita con urgencia, una reforma radical, partiendo por su lugar en la institucionalidad del país.
La investigación interna identifica a ocho funcionarios de Carabineros que usaron una escopeta antidisturbios la jornada del viernes 8 de noviembre: el coronel Santiago Saldivia, el teniente coronel Marcelo Bustos, el mayor Jean Hirsch, los capitanes José Cárdenas y Rodrigo Pérez, el suboficial Víctor Fernández y los sargentos Geronimo Saavedra y Eric Aburto.
Sin embargo, el informe del fiscal instructor, Renato Avello, señala que es imposible identificar al autor de los disparos y si estos efectivamente habrían ocasionado la lesión de Gatica:
“Luego de efectuado el respectivo análisis de la descripción de la conducta realizada y un estudio del uso diferenciado y gradual de la fuerza, se estima concluir que el personal que utilizó la escopeta antidisturbios dio cabal cumplimiento al protocolo para el mantenimiento del orden público. No existe certeza que la munición utilizada por Carabineros haya causado las lesiones oculares al ciudadano Gustavo Gatica Villarroel”.
A continuación, da por establecido que las lesiones a Gustavo Gatica se conocen solo de la versión entregada por el propio estudiante y que ”no se cuenta con los instrumentos científicos y técnicos que permitan identificar, en primer lugar, cuál de los ochos funcionarios individualizados anteriormente que intervinieron en ese sector haya posiblemente causado dichas lesiones”.
El sumario no descarta que las lesiones de Gatica “pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes, que utilizaban distintos elementos para agredir al personal policial, ya que como se aprecia en los videos, hay un alto nivel de violencia en esa intersección”.
El sumario aduce que no se puede establecer claramente de dónde provinieron los disparos. Aún más, asegura, la actuación policial se ciñó a los protocolos:
“En lo que respecta al empleo de la escopeta antidisturbios, su uso fue a consecuencia de una aplicación necesaria, legal y progresiva de los medios, toda vez que la acción del agua y los gases resultaron insuficientes ante el alto nivel de agresividad de los manifestantes”.
El informe concluyó que no se observaron infracciones funcionarias por parte de los funcionarios involucrados y da por establecido que no existe responsabilidad administrativa de ningún miembro de la institución por la lesión que dejó ciego a Gustavo Gatica.
El siguiente testimonio audiovisual derrumba ese montaje policial, desmiente la canallesca imputación de autoría a los «manifestantes» y confirma que los disparos provinieron desde donde estaba el contingente policial, que abrió nutrido fuego.
Vea, mientras esté disponible en origen, el registro de José Luis Martínez, publicado por T13
Ese registro, en poder de la Fiscalía, resultará clave en la identificación del o los autores de los autores.
Pacto de silencio
El resultado del sumario de Carabineros es un agravio adicional a la víctima, una burla al movimiento social, un insulto a la inteligencia de los chilenos y un embuste que no resiste el menor análisis.
En rigor, un pacto de silencio, ya conocido por los tribunales chilenos. Peor aún, es prevaricación y desacato, en la medida en que es la información oficial que entregó Carabineros a los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledezma de la Fiscalía Centro Norte y a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que está investigando la causa.
El abogado de la víctima, Carlos Gajardo, publicó en su twitter:
Una vez que pase esta tremenda crisis del Coronavirus, una de las primeras reformas debe ser a Carabineros.
Tras 5 meses del estallido social y más de 400 lesionados oculares sus controles internos estiman que no hay falla alguna en sus procedimientos.
Somos tontos hasta las 12. https://t.co/LUD2DTeHOD— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) April 7, 2020
La socióloga y doctora en Ciencia Política, especializada en Seguridad Pública, Lucía Dammert señaló que el problema con Carabineros es estructural:
“No puede ser que sea la misma policía la que tenga la útlima palabra en las investigaciones”.
Recordó que en diciembre, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que quienes habían disparado al estudiante estaban plenamente identificados:
«Eso se descarta en el sumario. Muestra debilidad, por lo tanto, hace evidente que lo que hay que cambiar es la capacidad de gobierno del Ministerio del Interior”.
Respecto de la salida de Mario Rozas del mando de la institución policial, sostuvo que es una necesidad para el Gobierno:
”Rozas ha dinamitado su legitimidad, pues todo lo que dijo no saber, entonces el Ministerio del Interior tampoco pudo saberlo, pues ellos toman conocimiento solo pidiendo información a la institución”.
Es esa autonomía de Carabineros la que le permite que su general director, Mario Rozas, se haya encastillado en un empecinado mutismo, cuando fue interrogado por los mismos investigadores, con afirmaciones del tenor:
“Me enteré por la prensa”; «el detalle no lo conozco”; “no tengo la información, la haré llegar a la fiscalía”.
Esa autonomía, ese denso espacio gris, ideal para cobijar la impunidad debe terminar.
Lo que está en juego es lo suficientemente peligroso como para que la ciudadanía acepte este pacto de silencio ante graves violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, a contramano de ese sentido común, el gobierno y la casta política le entregan aún más atribuciones, a una policía autonomizada, desorientada y en bancarrota valórica; y en el caso de la Ley Antisaqueos y Barricadas, facultades casí omímodas, que en la refriega del conflicto social le otorgan la condición de juez y parte, en la medida en que basta como prueba el informe policial.
O sea, a los mismos que agrede, los puede después encarcelar, sin necesidad de otra prueba que su condición de testigo de fe.
Aberrante.
La consagración de facto del estado policial, con un gobierno en poder de la derecha, en tiempos de crisis sanitaria, política, económica y social.
Concluida la emergencia sanitaria, solo la masiva desobediencia civil, por el tiempo que sea necesario, será el revulsivo que puede conjurar esa pesadilla.
