El golpe de Estado en Venezuela no lo ha dado el Presidente Maduro sino que lo viene dando la nueva Asamblea Nacional desde su instalación el 5 de enero del 2016, cuando su presidente afirmó que en seis meses sacaría del gobierno a Nicolás Maduro.
Pasados los seis meses sin lograr consumar su propósito, en octubre de 2016 la Asamblea Nacional acordó realizar de manera ilegítima un juicio político al Presidente Maduro; juicio que se realizó en una sola sesión y por el cual decidió su destitución y la convocatoria a elecciones en 30 días. En ninguno de los dos casos ni la prensa internacional ni la OEA ni el Departamento de Estado se hicieron eco de tan evidente ilegalidad.
El último golpe de Estado por parte de la Asamblea se consumó el 9 de enero de 2017, al esta declarar abandono del cargo por parte del Presidente de la República y su desconocimiento como tal, contraviniendo el hecho público y notorio de que éste se mantenía y se ha mantenido trabajando día y noche en Miraflores. Tampoco en esta ocasión hubo pronunciamiento alguno de parte de la OEA, del Dpto. de Estado ni de ningún otro gobierno.
Cabe señalar que en Venezuela existen cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, que funcionan de manera independiente y autónoma, pero que la Constitución establece inteligentes contrapesos para que ninguno de ellos avasalle a los otros. En todo caso, el régimen político no es Parlamentario, sino Presidencial: el Presidente es el Jefe de Estado y el Jefe del Gobierno, y le compete en exclusividad fijar la política exterior.
Igualmente es preciso aclarar que el Parlamento no tiene potestad ninguna para destituir, y menos en una sola sesión y sin juicio previo a ningún otro de los poderes constitucionales, como lo ha pretendido hacer la actual Asamblea Nacional con el Presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.
La única instancia a la que deben obedecer todos los poderes es a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es “el máximo y último intérprete de la Constitución” y sus interpretaciones son vinculantes para el Tribunal Supremo como un todo y para el resto de los poderes. (Art. 335 de la Constitución Nacional).
Compete también a esta Sala el declarar la nulidad de los actos emanados de cualquiera de los poderes que colidan con la Constitución y suplir las omisiones del legislador cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución (Art 336).
A pesar de todo esto, la actual Asamblea Nacional, se asumió a sí misma como el único poder autónomo y se atribuyó ilegalmente la potestad de decidir por encima de los otros cuatro poderes. En función de este autoatribuido e inconstitucional poder decidió, en julio de 2016 juramentar, en actitud prepotente y bajo la falsa afirmación de que la Asamblea era el poder supremo y no tenía por qué obedecer dictamen alguno de ningún otro poder, a tres diputados cuya elección fue impugnada por fraude electoral comprobado y anulada como tal por el Consejo Nacional Electoral.
Fue ante esta reiterada situación de absoluta rebeldía e ilegalidad que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato constitucional a la referida Asamblea Nacional, así como determinó que mientras la situación de incorporación ilegal de estos tres diputados no fuera corregida todos los actos, acuerdos o leyes promulgadas por la Asamblea Nacional resultaban nulas de toda nulidad.
En virtud pues de esta situación de inconstitucionalidad en la que se ha puesto la Asamblea Nacional y de que esta situación ha mantenido al país en un limbo jurídico por más de un año y de que muchos acuerdos internacionales que requieren la aprobación del Parlamento y que son de absoluta necesidad para combatir la actual crisis económica, no han podido ser enviados a dicha Asamblea por mantenerse arbitrariamente en desacato, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de suplir aquellas funciones de la Asamblea Nacional que son imprescindibles para asegurar el Estado de Derecho y la vida económica del país. Suplencia que declaró en el mismo acto que se mantendría hasta tanto la Asamblea saliera del desacato retirando formal y legalmente a los tres diputados cuya elección no es reconocida por el Consejo Nacional Electoral.
A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes, el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano.
Hasta aquí la situación legal y de desacato inconstitucional tal como ha acontecido.
Una vez producida la referida sentencia respecto a la suplencia temporal de algunas funciones de la Asamblea Nacional, la Directiva y los parlamentarios de oposición que conforman la mayoría en dicha Asamblea declararon de inmediato que con la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de asumir funciones del Parlamento, Nicolás Maduro había consumado un golpe de Estado. Dando por supuesto que Maduro controla todos los poderes y reafirmando su tesis de que en Venezuela rige una Dictadura. La pregunta lógica que uno se hace es que si hay una dictadura y si Maduro controla todos los poderes, ¿qué necesidad tiene entonces Maduro de dar un autogolpe de Estado?
Pero como la lógica y la verdad son hoy realidades totalmente ausentes del discurso de la derecha, de inmediato y casi simultáneamente, la derecha internacional e imperial saltó denunciando el autogolpe de Estado dado por el Presidente Maduro y exigiendo una intervención inmediata en Venezuela.
Teniendo estos antecedentes en cuenta, la verdad es que no hay golpe de Estado puesto que no hay desplazamiento del Poder Legislativo ni destitución de ningún legislador ni disolución del mismo, como de manera facciosa fue manejado por las corporaciones mediáticas y por los gobiernos de derecha implicados en la conspiración. Técnicamente el TSJ sólo estaba asumiendo de manera accidental y coyuntural las funciones de la AN para cubrir el vacío legal producido por más de un año de ausencia de la AN por autoanulación y desacato a la sentencia que lo obliga a la desincorporación de los tres diputados que la directiva anterior, en actitud prepotente, juramentó bajo la falsa afirmación de que la Asamblea era el poder supremo y no tenía por qué obedecer dictamen alguno de ningún otro poder.
Por otra parte tampoco era un golpe de Estado porque de hecho el Parlamento puede volver autónomamente a sus plenas funciones en sólo dos días, si quisieran, con tan sólo desincorporar a los tres diputados impugnados y salir del desacato. Todo lo demás es parte de la misma estrategia del Dpto. de Estado de satanizar al gobierno bolivariano y justificar la intervención.
Finalmente, la situación fue resuelta de inmediato y constitucionalmente gracias a que el Presidente Maduro, en uso de sus atribuciones, convocó a una reunión inmediata del Consejo de Seguridad Nacional, que agrupa, entre otros, a los presidentes de los cinco poderes. Dicho Consejo acordó por unanimidad solicitar a la Sala Constitucional que revisara sus sentencias respecto a la Asamblea Nacional con el objeto de garantizar la prevalencia de los cinco poderes y buscar que la Asamblea corrigiera su desacato. Y así fue decidido por la Sala Constitucional. Vale subrayar que el Presidente de la Asamblea Nacional fue convocado a esa reunión y no quiso asistir.
No obstante ello, la oposición se niega a reconocer que la situación fue subsanada legalmente en aras de la armonía de poderes y sigue sosteniendo pública e internacionalmente la tesis del golpe de Estado dado por Maduro y tomándolo como bandera, ha iniciado de nuevo una campaña agresiva y violenta de manifestaciones diarias que al igual que en el 2014 ha comenzado a producir decesos de inocentes, a incendiar o destrozar bienes públicos, atacar centros de salud, impedir el tránsito, mientras agrede de todas las formas posibles a los cuerpos de seguridad buscando la reacción de éstos y obtener la “foto” con la que le demostrarán al mundo que el agresor y violento es el gobierno venezolano.
Venezuela, Estados Unidos y la OEA
Ninguna de estas decisiones ni el hecho más que comprobado del estado de rebeldía en que se ha colocado la Asamblea Nacional y la desmedida y confesada búsqueda del poder total en Venezuela por parte de la oposición venezolana, que desde hace 18 años viene conspirando contra la revolución bolivariana, como ha sido público y notorio, ha incidido ni un ápice para detener el ataque internacional, comandado por Estados Unidos contra la Venezuela bolivariana, sino que al contrario lo ha exacerbado pensando en que ha llegado el momento de acabar con toda experiencia revolucionaria en Nuestra América y que la caída de Venezuela es imprescindible para lograrlo.
Los hechos se han precipitado luego de la desaparición física del Comandante Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro como Presidente. Hoy la salida golpista en Venezuela es asumida abiertamente por Estados Unidos; primero a través del Decreto Ejecutivo de Obama, que declara a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos” y auspiciada ahora por la administración de Donald Trump a través de su añejo instrumento político-ideológico de la guerra fría, la Organización de Estados Americanos (OEA).
A partir de la victoria de Maduro, y apoyado por el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos −y su mascarón de proa, la Organización de Estados Americanos−, el plan golpista denominado “La salida” ha venido ensayando distintas modalidades de la guerra no convencional (o asimétrica), incluidos el terrorismo mediático, la desestabilización económica y la violencia callejera de las guarimbas, para desplazar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, del gobierno.
Tras ser declarada en desacato por el TSJ, la Asamblea Nacional se declaró en rebeldía, negándose a cumplir su función legislativa, y con apoyo de congresistas de la ultraderecha de Estados Unidos como el senador Marco Rubio y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha buscado asumir las funciones del Poder Ejecutivo, lo que a todas luces sí constituye un golpe de Estado.
Luis Almagro y la larga mano de Washington
La conjura mediática contra el proceso que encabeza Nicolás Maduro, se dio en el marco de las renovadas acciones conspirativas de Luis Almagro y sus jefes en el Departamento de Estado y el Pentágono –que responden hoy al presidente Donald Trump−, quienes han logrado articular a un grupo de presidentes y cancilleres de países miembros del organismo con el objetivo de echar a andar, de manera escalonada, las medidas intervencionistas y coercitivas previstas en la Carta Democrática Interamericana, lo que podría derivar en un bloqueo, sanciones y una eventual suspensión de Venezuela como Estado parte, como fase previa que “legitime” una intervención militar multilateral bajo la tutela de Washington, por razones “humanitarias”.
Desde su llegada a Washington en marzo de 2015, la gestión de Luis Almagro ha logrado rescatar y hacer prevalecer nuevamente el verdadero espíritu injerencista del organismo hemisférico, aquel que en enero de 1962, cuando la conjura contra Cuba en Punta del Este, Uruguay, llevó a que la OEA fuera definida por el diplomático cubano Raúl Roa −“el canciller de la dignidad”− como “Ministerio de Colonias de Estados Unidos”.
Almagro figuraba en los planes del Pentágono como motor de lo que sería la segunda fase de la operación “Venezuela Freedom”, a ser instrumentada en 2016 por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, sucesor en el cargo del general John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional de la administración Trump.
Fue el propio Kelly, quien, ante un comité del Senado estadunidense, expuso el 12 de marzo de 2015 que la primera fase de la operación “Libertad Venezuela” había conseguido parte de sus objetivos, al lograr generar una situación de caos y desestabilización política en el territorio venezolano, combinando acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó las guarimbas con su medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares en la frontera colombo-venezolana.
En noviembre siguiente Almagro recibió en la OEA a Lilián Tintori, esposa de Leopoldo López, encarcelado en Venezuela por ser uno de los principales instigadores del plan golpista “La salida”, que en 2014 causó 43 muertos y 900 heridos, con lo que tácitamente se inscribía en el cronograma del Pentágono dirigido a derrocar a Nicolás Maduro.
La prueba fehaciente de su viraje político –hasta entonces Luis Almagro había corrido con bandera de “izquierdista” por ser el canciller del ex presidente de Uruguay, José Mujica, quien además lo promovió a la secretaría de la OEA−, fue cuando su nombre apareció en un “papel de trabajo” del almirante Tidd, fechado el 25 de febrero de 2016.
Diseñado por la llamada “comunidad de inteligencia” e inscrito en la estrategia de rollback −de dominio y vuelta atrás−, el informe afirmaba haber “convenido” con Almagro la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de Estados Unidos que es la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta el presente contra el proceso revolucionario bolivariano y otros países del área con gobiernos progresistas.
Según la propia descripción del almirante Tidd, la estrategia subversiva estaba siendo ejecutada por agentes encubiertos del Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo, con asiento en la base de Palmerola (Soto Cano), en Comayagua, Honduras, y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), y era concebida como una “operación de amplio espectro, conjunta y combinada” que contemplaba una “fase terminal” hacia julio-agosto de 2016.
Para ello, el plan requería del posicionamiento mediático de que en Venezuela existía una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que el país estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”.
Sustento de las guerras asimétricas o híbridas y los “golpes blandos” o “institucionales” de nuestros días (como el golpe de Estado parlamentario-judicial-policial-mediático contra Dilma Rousseff en Brasil), la doctrina de espectro completo −citando a Tidd− emplea “recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos”, y echa mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.
Como denunció Marcos Roitman, el centro de maniobras en el terreno es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Hasta allí llegan agentes de inteligencia estadunidenses desplegados en América Latina a coordinarse con Tenny Spith, militar de alto grado, perteneciente a la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.
Pero como la guerra psicológica es un componente esencial de los conflictos asimétricos (toda intervención internacional es precedida por una guerra mediática), a través de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), el Pentágono ha logrado articular en la etapa una vasta plataforma comunicacional (TV, circuitos radiales, prensa escrita, redes digitales) desde donde lanza campañas de intoxicación desinformativas (terrorismo mediático, propaganda negra y bullying permanente) contra Venezuela.
Es en ese marco que hay que inscribir el papel de Almagro como peón de Washington, que cobraría vuelo a partir de mayo de 2016, cuando en vísperas de la 46ª. Asamblea General de la OEA calificó a Maduro como “dictadorzuelo” e intensificó sus labores de cabildeo con la finalidad de echar a andar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
Desde entonces Almagro, de la manera más insolente, mentirosa, descarada, y absolutamente parcializada con la oposición venezolana al punto de sólo reunirse con sus dirigentes, asumir como propios todos sus argumentos contra Maduro y la revolución bolivariana, y contradiciendo en todas sus partes sus funciones de Secretario General de una Organización de Estados, no de parcialidades políticas, se ha dedicado a una campaña internacional recabando apoyos y ejerciendo presiones y hasta violando el propio reglamento interno de la OEA para precipitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la expulsión de Venezuela de la OEA, lo que dejaría la puerta abierta para una intervención militar e inmediata de Estados Unidos en nuestra patria.
Sabemos además que pululan los mercenarios nacionales e internacionales que trabajan para empujar a Venezuela hacia a una guerra civil, creyendo que tras la catástrofe serían ellos los llamados a controlar las cuantiosas riquezas de Venezuela, o al menos compartir las migajas que le dejen los grandes emporios transnacionales. Pero se equivocan, el pueblo venezolano hoy hace suyas las palabras pronunciadas por el Libertador Simón Bolívar ante la amenaza de John Irvine, representante de los Estados Unidos: “Mire, en cuanto a sus amenazas, sepa usted que aquí en Venezuela en 10 años de guerra, ha muerto la mitad de nuestros compatriotas, y nosotros, los que aquí quedamos, estamos ansiosos por correr la misma suerte, si tuviéramos que morir todos enfrentando al mundo entero”.
Entretanto el Presidente Maduro sigue manteniendo su llamado reiterativo al diálogo, que es la única vía racional de resolver los problemas. Esa debería ser la tarea de los diferentes gobiernos del mundo que tanto “interés” demuestran por Venezuela, sin entrar a detallar su propia situación interna que los descalifica absolutamente para erigirse en jueces de los demás. Sólo una fuerte opinión pública desprovista de intereses neocoloniales o mercenarios, sino por el contrario amante de la justicia, de la verdad, de los valores éticos, del respeto a las soberanías de los pueblos y de los Estados, defensora de los derechos humanos, solidaria con las luchas de los pueblos que buscan construir un mundo donde la persona humana y no el dios dinero sea el centro, podrá erigirse como un muro de contención que impida la ya declarada invasión.
Es necesario apoyar fuertemente el Diálogo. Es necesario sostener y defender a la Comisión de Diálogo creada por Unasur a instancias del gobierno venezolano en la que participan el ex–Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex–Presidente de República Dominicana Leonel Fernández, el ex–Presidente de Panamá Martín Torrijos y un delegado especial del Papa Francisco, cuya preocupación y buenas intenciones nadie puede poner en duda.
Fuente: Cubadebate
