En alerta están las organizaciones de derechos humanos luego de los trascendidos que indican que el Ejército busca las autorizaciones para la venta de los terrenos de las Rocas de Santo Domingo, donde estuvieron las cabañas construidas durante el gobierno de Salvador Allende como un balneario popular y luego del golpe de 1973 utilizadas por la DINA como campo de prisioneros y de instrucción de sus agentes.
Según la Fundación por la Memoria de San Antonio, el Ejército solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales y al Ministerio de Bienes Nacionales los permisos para poner en venta el terreno, pese a que éste ha sido declarado sitio de memoria histórica.
Ana Becerra presidenta de esa organización participó junto al arquitecto Miguel Lawner en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde solicitaron gestiones que paralicen la enajenación del lugar, donde aún quedan restos de las cabañas que fueron demolidas por el Ejército en 2013, un mes antes de su declaratoria como monumento.
Los organismos de derechos humanos también han solicitado la intervención del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, pero no han logrado entrevistarse con él ni han obtenido respuestas a sus peticiones.
Las cabañas de las Rocas de Santo Domingo fue un centro de represión que dependía del regimiento de Tejas Verdes, bajo el mando del entonces coronel Manuel Contreras. Por lo mismo, cuando éste recibió la orden de organizar la DINA concentró en ese lugar la formación de los agentes. Es así que entre octubre y diciembre de 1973 pasaron por ese lugar para breves cursos de inteligencia varios centenares de efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, aunque mayoritariamente del Ejército, los que fueron instruidos en técnicas de torturas por oficiales César Manríquez y Cristián Labbé, entre otros.
A este centro de represión fueron llevadas personas detenidas en San Antonio, Casablanca e incluso Santiago, particularmente aquellas que fueron llevadas desde Londres 38 o los subterráneos de La Moneda.
Luego de su uso como centro de represión, las cabañas pasaron a la CNI, organismo represivo sucesor de la DINA, que las usó como lugar recreacional de su personal hasta 1990, cuando el complejo de cabañas pasó a manos del Ejército.
Fuente: Londres 38
