A poco de asumir como embajador de Chile en Uruguay, a mediados de 2014, conocí al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Luis Almagro. Aun cuando provenía de un partido político de derecha, él se mostraba como alguien cercano a los gobiernos más avanzados del continente y, por ejemplo, se expresaba del mejor modo de Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina y veía con simpatía el proceso de cambios en Chile de la recién formada Nueva Mayoría.
De hecho, a poco tiempo de conocernos, me solicitó ser uno de los oradores del acto que él organizó para rendir homenaje, en un aniversario de su fallecimiento, al político cubano Mario García Incháustegui, quien había sido el embajador de Cuba en Chile al momento del golpe fascista de septiembre de 1973 y que falleciera años más tarde en un accidente aéreo.
La actividad que contó con la presencia de la viuda y los hijos del ex embajador cubano tuvo lugar precisamente en el salón de actos de la Cancillería y fue presidido por el propio Almagro, quien además se refirió elogiosamente al homenajeado.
¿Qué ocurrió después con el entonces Canciller uruguayo? ¿Cómo pudo ser tan radical su cambio?
Muy sencillo, fue designado Secretario General de ese desprestigiado organismo internacional llamado Organización de Estados Americanos, la OEA, aquel viejo instrumento de la política exterior del gobierno norteamericano. Es la misma OEA que tanto conocemos y que tan determinantemente fija la conducta de sus secretarios generales. Amarga es nuestra propia experiencia al respecto.
Es ese transformado Almagro el hoy obsesivo, enfermizo, persecutor del gobierno venezolano ; para él no hay límites y su conducta ha perdido toda sensatez y cordura. La tarea que le fue encomendada por quien manda en la malhadada OEA es lograr la derrota del proceso bolivariano.
La Casa Blanca y el Pentágono necesitan el control del petróleo y encontraron al hombre preciso; como han denunciado tanto la central de trabajadores del país del personaje, el PIT- CNT y las organizaciones sociales más importantes del Uruguay:
“Almagro se ha ensañado contra el proceso venezolano buscando cualquier excusa para arremeter contra un gobierno democráticamente electo por su pueblo”.
Lástima grande que a la campaña de Trump, de Almagro, de la OEA y las transnacionales en contra del gobierno venezolano se sumen personajes y autoridades que, sin la más mínima preocupación por enterarse de las normas jurídicas propias de Venezuela, tanto constitucionales como legales, no han dudado en adherir a la ofensiva golpista contra el gobierno del presidente Maduro calificando de “golpe de Estado” la resolución del más alto tribunal de Justicia de ese país que, con estricto apego al Derecho, hace uso de normas legales explícitas.
Nuestro país no ha sido excepción y estos días hemos visto y escuchado a los mismos medios de comunicación reaccionarios y a políticos de partidos de todo el arco de los que empujaron en Chile el golpe del 73, incluidos individuos que se pretenden de “izquierda” sumándose a la ofensiva golpista de los sectores más reaccionarios del continente en contra del proceso bolivariano.
Confunden, mañosa e intencionadamente, los conceptos de democracia, legalidad, institucionalidad, independencia y la relación de los distintos factores de poder y la soberanía de cada Estado para darse la organización política que estime. Curiosamente, esa es la norma primera de la Carta de la OEA.
¿Lo sabrán los críticos de Maduro?
Para información de aquellos recordémosle que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 336.9 otorga facultades a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para resolver cualquier situación que se presente entre los Poderes Públicos. No hay pues tal “autogolpe”. Ya antes se ha hecho uso de esa facultad por ese mismo tribunal y nadie dijo nada.
Esta vez se ha tratado simplemente de resolver un problema específico y concreto a la luz del Derecho venezolano en relación a una norma de la ley venezolana de hidrocarburos que establece que los convenios internacionales y asociaciones extranjeras deben ser aprobados por la Asamblea Nacional; como ella hoy se encuentra en situación de desacato y no es posible paralizar financieramente al país, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que asumía las competencias de la Asamblea en las que se omitan sus obligaciones, para los efectos de poder aprobar esos contratos o esas asociaciones en tiempos en que son conocidas las dificultades financieras del Estado venezolano.
La norma constitucional citada precedentemente autoriza tal decisión claramente. Es absolutamente falso que se hubiera “disuelto” el órgano legislativo como acusan los golpistas reales.
Agreguemos que por lo demás la facultad de disolución el parlamento existe en numerosas constituciones de otros países.
Es más, ante una observación de la Fiscal el Consejo de Defensa del Estado venezolano, que preside precisamente el mandatario Nicolás Maduro solicitó al día siguiente al Tribunal Supremo que precisara su veredicto en el sentido de dejar claramente establecida la tarea supletoria específica y puntual que asumía por las razones ya dichas y que no se afectaba la inmunidad parlamentaria.
Pero hay todavía más. ¿ No es demasiada obvia la maniobra golpista de los reaccionarios de todo pelaje de este continente si se recuerda que, en cambio, cuando de modo ilegal el 9 de enero de este mismo año, la Asamblea Nacional tomó una decisión destituyendo al propio Presidente de la República, acusándolo falsamente de abandono del cargo, con el voto de todos los diputados de oposición, excepto la honrosa excepción de tres diputados, nadie haya dicho nada? Porque eso sí fue un acto sedicioso, golpista, inconstitucional. Pero ni en
Chile ni en parte alguna se protestó por ello aunque no hay norma jurídica venezolana alguna que autorice destituír ilegalmente al Presidente y a convocar sin fundamentos a elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Eso sí es golpismo puro y duro.
¿ Dijo algo entonces la OEA, o Almagro? ¿Llamaron las cancillerías a sus embajadores, incluída la nuestra? Tampoco hablaron los políticos que hoy en Chile se suman a Trump, a Almagro, y que hoy hablan de golpe en Venezuela. Entre ellos no deja de llamar la atención que se sume un alto dirigente del llamado Frente Amplio.
Se confirma así la hipocresía y el servilismo que caracteriza a los enemigos del proceso de cambios en la Venezuela bolivariana. Su Tribunal Supremo nunca planteó la disolución ni convocó a nueva elección. Todo sigue en la más absoluta normalidad institucional. Lo hecho fue asumir – conforme señala la Constitución – las competencias necesarias para que el país no se paralice mientras dure la situación de desacato.
No olvidemos que hace muy poco la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bastante más importante, seria e independiente que la OEA, ha emitido un completo informe absolutamente favorable al gobierno de Nicolás Maduro en que se demuestra su pleno respeto por el Estado de Derecho y protección de los derechos humanos.
Ante tal Informe y sobre todo ante la realidad concreta, el reciente documento de 14 países miembros de la OEA, incluído el nuestro, en que se cuestiona al gobierno venezolano y se le formula indebidas exigencias constituye en los hechos una ingerencia indebida a la medida de lo que persigue la contraofensiva reaccionaria bajo la batuta de un personaje tan magro como……Almagro.
