Ante las reacciones destempladas de la oposición política venezolana, así como de la mayoría de la derecha latinoamericana y de sectores desinformados, pero interesados en atacar al Gobierno de Venezuela, que no se detienen en su ímpetu para acusar livianamente al Gobierno Bolivariano de haber perpetrado un “Golpe de Estado Institucional”, es necesario aclarar las circunstancias en que se ha producido esta crisis artificial.
Si algo ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, es haberse mantenido siempre en los cauces institucionales y democráticos, justamente para no abrir flancos en que la derecha y el intervencionismo extranjero pudieran acusarla. La Constitución Venezolana una de las más avanzadas de América Latina nunca ha sido vulnerada
por el actual Gobierno.
Esta Constitución democrática establece con precisión las funciones de todos los poderes del Estado. En la carta magna, se consigna que el órgano contralor y máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
En la actual crisis que ha provocado la oposición, de forma consciente y premeditada, quien ha actuado bajo la estricta norma constitucional, es precisamente la Sala Constitucional, órgano de donde han emanado las sentencias controvertidas respecto de la Asamblea Nacional.
Como es sabido en las últimas elecciones parlamentarias, la oposición ganó una mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Esta circunstancia que debiera ser normal en una democracia, en Venezuela sirvió para que la derecha opositora se parapetara en el Parlamento como en su coto de caza, para promover desde allí toda
clase de acciones políticas destinas a desestabilizar al Gobierno de la República. El desacato a las actuales sentencias del Tribunal Supremo, son parte de esas acciones desestabilizadoras.
En este contexto la Asamblea Nacional ha abusado en sus funciones, ha utilizado el poder en forma arbitraria generando continuos altercados con el Poder Ejecutivo. Dentro de esta conducta, se enmarca el hecho que la Asamblea incorporara a tres candidatos al parlamento que tenían acusaciones de fraude, por lo cual estaban
legalmente impedidos de jurar. Esta acción es una provocación consciente y deliberada ya que sabían cabalmente que estaban actuando en contra de las normas legales.
El Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones le hace ver esa situación solicitándoles que anulen esa medida arbitraria. Sin embargo persisten en su conducta rebelde, frente a lo cual, desde el mes de enero de 2017 la Asamblea Nacional se ha declarado en rebeldía absoluta.
Frente a esta actitud pertinaz la Sala Constitucional dicta la sentencia conocida la cual solo procura preservar el Estado de Derecho frente a un poder del Estado que hacer caso omiso de las órdenes del Tribunal Supremo y busca abiertamente crear conflictos con los otros poderes públicos.
En la última sentencia la Sala Constitucional se ha determinado, que temporalmente hasta que el Poder Legislativo recobre la estabilidad, y cumpla con las sentencias judiciales, algunas de sus funciones, las que son absolutamente esenciales para el normal ejercicio del Estado, serán asumidas por el Tribunal Supremo.
Por tanto la solución del conflicto, no depende del poder Ejecutivo ni del Tribunal Supremo, sino únicamente de la Asamblea Nacional, en otras palabras de la oposición de derecha al actual Gobierno y que tiene la mayoría en el Parlamento.
Está claro que las responsabilidades parlamentarias se infringen por omisión o por maniobras que violentan el Estado de Derecho. La actual sentencia de la Sala Constitucional procura cumplir con las funciones que por desatención imposibilitan el normal funcionamiento del Estado, entre otras de vital relevancia como es la aprobación
de las inversiones petroleras con compañías privadas para lo cual es necesario un protocolo que debe ser sancionado conjuntamente por ambos poderes, ejecutivo y legislativo. Situación que notoriamente en estas circunstancias no se cumple.
Es fundamental que la opinión pública de la Región, comprenda que la Constitución venezolana, bajo ninguna circunstancia ha sido violentada. La Asamblea Nacional no ha sido disuelta como es el engaño que se ha propalado mañosamente por los medios de comunicación.
En Venezuela en estas circunstancias existe plano respeto a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho y a la plena garantía de los Derechos Humanos. En Venezuela existe plena libertad de información y de expresión, la participación política es plural y está garantizada, los partidos políticos funcionan normalmente y existe
libre acceso a la justicia. Venezuela en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha quebrantado la Carta Democrática de la OEA.
Fuente: Blog del Autor
