Venezuela Atraviesa Horas Decisivas

 
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela realizó este domingo una sesión ordinaria a pesar de que se encuentra en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de desconocer el mandato constitucional del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y dar así un golpe de Estado parlamentario.

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El mandatario venezolano se encuentra en una gira internacional por países exportadores de petróleo con el objetivo de estabilizar el mercado mundial del crudo, apegado a sus atribuciones legales.

La derecha venezolana, mayoría en el Parlamento, aprobó en la sesión de este domingo un «acuerdo para la restitución del orden constitucional» en el país, acusando al presidente Nicolás Maduro de abandonar el cargo, declarando una ruptura del orden constitucional y anunciando una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra jueces y rectores responsables de suspender el proceso de Referendo Revocatorio.

El acuerdo también señala que se designarán a tes nuevos rectores principales y suplentes del Poder Electoral, y nuevos magistrados del TSJ.

El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, aseguró que la mayoría parlamentaria de derecha está “intentando dar un golpe de Estado parlamentario como se hizo en Brasil y Paraguay, un intento burdo de copiar porque en Venezuela no hay condiciones para un golpe».

El abogado constitucionalista Enrique Tineo explicó a teleSUR que «Venezuela corre el riesgo de que se pueda entronizar la impunidad ya que la oposición está atentando a la constitucionalidad, creando falsos supuestos de que el Presidente abandonó el país, cuando solo está cumpliendo sus facultades como jefe de Estado al realizar una gira internacional” por países productores de petróleo.

Venezuela no hará referendo revocatorio este año por los ilícitos cometidos por la MUD durante la recolección del 1 por ciento de voluntades.

Los tribunales penales de los estados Trujillo, Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Apure y Zulia, suspendieron la segunda fase del proceso para activar el referendo revocatorio (recolección del 20 por ciento de las firmas) por las irregularidades presentadas en la primera etapa.

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