La labor de los dirigentes del Colegio de Profesores debe tener ciertos estándares éticos. Si bien la institución cuenta con un estricto control financiero por medio de comisiones revisoras de cuentas anuales y con pluralidad de visiones en su composición, junto a la aprobación regular por parte de la Asamblea Nacional de los balances económicos de la institución; el gremio no cuenta con tribunales de ética activos que puedan controlar o regular el quehacer de sus dirigentes o los colegas en general.
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Con lo anterior, los acuerdos adoptados por mayoría o consenso en la máxima instancia gremial -la Asamblea Nacional- tienden a ser continuamente vulnerados y tergiversados según la conveniencia de los algunos dirigentes de turno. La instancia encargada de ejecutar los acuerdos es el Directorio Nacional y los directores nacionales son portavoces también de las resoluciones del colectivo.
Los puntos aquí expuestos significan un gran desafío para el mundo sindical y gremial. La cuestión de la representatividad de las organizaciones de la sociedad civil ha sido tema permanente en un clima de desconfianza e incertidumbre generado por los casos de corrupción y necesidades de cambio en el rumbo del desarrollo de nuestro país.
En suma, el Colegio de Profesores tiene organismos de deliberación democrática pero carece de procedimientos para hacer que sus dirigentes cumplan con su mandato. Existe una suerte de “libertad de acción” de los dirigentes, siendo el Presidente y el Tesorero Nacional los únicos cargos sometidos al escrutinio y regulación permanente de la Asamblea Nacional.
Lejos de hacerme parte del oportuno pesimismo y animo derrotista promovido por algunos grupos interesados en el mundo magisterial, creo que es necesario aclarar algunas opiniones en circulación de algunos dirigentes nacionales sobre un tema en específico: el Bono de incentivo al retiro.
Hace unos días circulan ciertas declaraciones del colega Darío Vasquez sobre el bono de incentivo al retiro que está preparando el Ejecutivo; también se han difundido oficios y cartas hacia los Ministerios de Educación y de Hacienda por parte de parlamentarios DC y dirigentes nacionales acusando el no envío del proyecto antes del 21 de mayo como se había comprometido.
Las diversas declaraciones del colega Vásquez son difusas y contradictorias. Por un lado se exige al ejecutivo enviar prontamente el proyecto de ley, pero por otro lado difunde en el magisterio la urgencia de duplicar el monto del bono -de 21 a 41 millones- referenciando la negociación de la ANEF de forma mecánica, sin tomar en cuenta las diferencias en las escalas remuneracionales y los tramos, proporcionalmente muy distintos entre los docentes municipales y los funcionarios que trabajan en el Estado.
Claramente se busca sobregirar las expectativas de forma artificiosa y populista, generando un estado de ánimo de insatisfacción y derrotismo en el profesorado frente a sus legítimas conquistas y logros.
Lo más representativo de esta acción -fuera de la ambivalencia entre exigencia de urgencia en el envío del proyecto y el rechazo al mismo por insuficiente-, es que el colega Darío Vásquez fue precisamente parte de la negociación de dicho bono.
Su firma está presente en el protocolo de acuerdo de 5 puntos entre el Colegio de Profesores y el MINEDUC encabezado entonces por el Ministro Eyzaguirre y fue parte activa de las mesas de diálogo con el ejecutivo.
El bono de retiro actualmente elaborado por el MINEDUC, comprometido en el proceso de discusión del proyecto de Carrera Docente, es una prórroga de ocho años de la ley – Boletín 9866-04, cuestión inédita hasta ahora en las negociaciones hechas por el Colegio de Profesores-, ratificado por la Asamblea Nacional y siendo parte también de las reivindicaciones históricas del magisterio.
El colega Vásquez plantea, en su misiva a los docentes, que este bono es “inferior al entregado por el gobierno de Piñera”, cuestión absolutamente falsa, puesto que la Ley de retiro de Piñera sólo ascendía a los 21 millones para docentes con 44 horas -el actual proyecto considera al rededor de 21 millones a colegas desde las 37 a las 44 horas-.
En suma, lo planteado por el colega Vásquez no es un tema aislado en el magisterio. Se ha transformado en una dinámica permanente hacer populismo y elevar las expectativas de nuestros profesores y profesoras con fines electorales. Este año se realizan las elecciones del Colegio, pero esto no implica que sus dirigentes tengan que eludir sus responsabilidades con el fin de tener mayor afinidad en el profesorado.
La historia del gremio se ha construido sobre la base de la responsabilidad y perspectiva que es innata al mundo docente. Lo aún más escandaloso es que ninguno de estos dirigentes llamados “disidentes del gremio” son nuevos en la actividad; tanto señor Vásquez como Mario Aguilar llevan más de 15 años ejerciendo como dirigentes nacionales -mucho más que el colega Gajardo-.
Negociaron bonos de retiro mucho más inferiores que el actual; negociaron con el ex Ministro Bitar las asignaciones por desempeño individual AVDI y AEP -muy lejos de la propuesta del Colegio de Profesores-; negociaron el reconocimiento del título y la mención de los docentes dejando fuera a las educadoras diferenciales y educadoras de párvulo; en definitiva, de pragmatismo y realidad ambos colegas han tenido bastante.
Aparecer hoy, en vísperas de elecciones, entregando información contradictoria y confusa a nuestros colegas es sin duda una acción irresponsable y que no apunta a lo central.
El actual bono de retiro carece de tres elementos necesarios y urgentes para los docentes, los tres elementos han sido formalmente planteados al ejecutivo por parte del Presidente del gremio y abordan las complicaciones que día a día tienen nuestros colegas con este beneficio.
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1) es necesario que el bono sea reajustable en el tiempo dado que se extiende por 8 años;
2) este bono debe ser compatible con el bono postlaboral. Actualmente ambos beneficios son incompatibles y muchos docentes han tenido problemas en ello y
3) en esta ley se debe incorporar y compatibilizar a las y los colegas que se han eximido de la Evaluación Docente que hoy son excluidos del beneficio -ya que se encuentran a 3 años de jubilar-.
Estos elementos son aspectos prácticos y urgentes a resolver, son acuerdos y elementos planteados en la Asamblea Nacional, los esfuerzos del gremio debiesen centrarse en asegurar dichos puntos, pues son muchos las y los colegas afectados. No es tiempo de populismos electorales, es tiempo de afinar conquistas y consolidar logros de todos, no de unos pocos.
(*) Presidente, Comunal Quilicura del Colegio de Profesores de Chile A.G.
Fuente: El Quinto Poder
