Mientras no termine el proceso, no es posible afirmar, o desmentir, si ME-O es responsable, o no, de recibir coimas de SQM. Pero parece ser no menos cierto que la Fiscalía opera de manera selectiva. El Fiscal Pablo Gómez no ha medido con la misma vara al candidato ME-O y al candidato Piñera.
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Como es apenas natural, la UDI, el partido que tiene más formalizados e investigados en las platas negras de la política, alega invariablemente la existencia de un sesgo político en la actuación de los fiscales, a quienes responsabilizan de las filtraciones que tienen contra las cuerdas al principal partido de la derecha política chilena.
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En rigor, existe un sesgo, pero al revés.
Si no ¿como se explica el juicio abreviado a Jovino Novoa, las facilidades que goza el reo Longueira, y la impunidad que disfrutan los senadores Iván Moreira y Jacqueline Van Rieselberge?.
Como sea. el tema lo instaló ME-O.
Conocedor de la estrategia de que cuando la catástrofe es inminente, la mejor opción es la fuga hacia delante, contraatacó con fuego de artificio de considerable calibre. Imputó directamente al fiscal Pablo Gómez de una operación política, destinada a bloquear al «progresismo», es decir, a él, y peor aún, lo denunció como integrante del círculo íntimo de Piñera, por medio del silogístico vínculo marital con Patricia Pérez, ex ministra de Justicia del Gobierno de Piñera, designada Conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana por la actual ministra de Justicia, Javiera Blanco, por medio del decreto 731, del 1 de octubre de 2015.
La Asociación de Fiscales respondió con un argumento insoportablemente correcto:
«Imputar motivaciones políticas, no contribuye a esclarecer la verdad»
Dentro de lo poco que se conoce, es tan posible, o no, que ME-O sea responsable, o no, de las coimas de SQM, como que el fiscal Gómez sea, o no, integrante del círculo de hierro del piñerismo. Total, hablar es gratis.
Pero de que a situaciones análogas, prevalecen distintos criterios de los fiscales, es un hecho de la causa. Y que eso ocurre en el caso de Gómez, es también indiscutible.
En febrero de 2014 la prensa consignó el complicado parto de la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien estaba en el hospital luego de un diagnóstico de lupus después de tener dos hijas a los 39 años.
Una de las notas ilustra la noticia con la foto de la entonces secretaria de Estado, junto a su marido, Pablo Gómez, a esa fecha Fiscal Regional de Valparaíso.
En la imagen, tomada en una habitación del Hospital Naval, también aparece el entonces Presidente Sebastián Piñera junto con el ex ministro Rodrigo Pérez Mackenna.
Esta semana Gómez y Piñera se volvieron a juntar. En la casa del ex Presidente.
En la ocasión, Piñera declaró como testigo en el caso SQM. Particularmente respecto de la ley de royalty minero, donde se investiga por cohecho al ex ministro y senador Pablo Longueira.
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Por otra parte Bancorp, en la que Piñera tiene propiedad, es una de las sociedades a las que SQM pagó $340 millones en 16 documentos, según la lista de los documentos rectificados por la minera frente al Servicio de Impuestos Internos.
Jorge Navarrete, abogado y frecuente panelista de debates televisivos, formula el siguiente diagnóstico:
«Se aplica un estándar distinto para quienes están en situaciones similares o análogas. El administrador de la última campaña presidencial de Piñera está actualmente formalizado por financiamiento ilegal de la política y fraude tributario. Piñera no sólo solicitó aporte irregular para su candidatura, sino que después utilizó algunos de esos montos para pagar el sueldo y bonos a ejecutivos de sus propias empresas».
Esto le permitió, según Navarrete, «rebajar impuestos y de paso, defraudar la confianza de quienes creían que aportaban a una causa estrictamente política y no en beneficio personal del candidato».
Navarrete descarta que Piñera nada sabía, y que todo lo sucedido responda a errores o imprecisones de sus asesores y colaboradores:
«De Sebastián Piñera se podrán decir muchas cosas, pero nadie que lo conozca de cerca puede soslayar el hecho de que se trata de una persona que vigila obsesivamente el movimiento y destino de cada peso de sus negocios y patrimonio».
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Respecto de ME-O, Navarrete señaló:
«Los hechos que se investigan parecen bastante verosímiles, especialmente los relacionados a la no declarada utilización de un avión privado en campaña y financiamiento ilegal de la misma a través de servicios ficticios a la empresa que ahora controla Ponce Lerou».
En suma, todo pasando, o nada.
