Cerca de 110 pescadores artesanales de la Caleta Sud Americana aún no llegan a acuerdo con la Empresa Puerto Valparaíso por su salida del histórico frente de atraque, a una semana que entre la nueva concesionaria del Terminal 2. Los hombres de mar denuncian que EPV ha hecho de todo para convencer a los pescadores, incluso con prácticas antisindicales y pagándole a “asesores” que buscan convencerlos de reubicarse en la Caleta El Manzano, de Quintero.
Con una demanda por 7.400 millones en curso y la reclamación a la Subsecretaría Marina para que no los eliminen del registro de caletas, los pescadores dicen que lucharan hasta el final para salir de puerto de manera digna.
“Vamos a llegar hasta las últimas por recibir lo que nos corresponde, nada menos que eso”, dicen.
Una dura batalla por dejar su lugar de trabajo histórico en condiciones dignas. Eso es lo que reclaman los últimos pescadores asociados que quedan a la Caleta Sud Americana, la última de pescadores artesanales que funcionaba en el Puerto de Valparaíso.
Eso es lo que cuenta Hernán Espinoza, de 52 años, tripulante y presidente del sindicato De Rivera, una de las dos organizaciones que aún no llegan acuerdo con Empresa Puerto Valparaíso. Trabaja en “la mar” desde los 7 años y compone la Caleta desde antes que se formara como tal. “Yo vengo desde el molo de abrigo, de más o menos del año 83. Soy de los más viejos que van quedando”, dice este pescador de jibia.
Él y más de 100 de sus compañeros -82 de ellos sindicalizados-, entre armadores y tripulantes, no han conseguido llegar a un acuerdo justo con el Puerto, que de todas formas cerró su lugar de trabajo el pasado 5 de agosto y cerró el acceso al histórico sitio.
Una medida que busca apurar el inicio de operaciones del nuevo concesionario del Terminal 2 de Valparaíso, proyectado para diciembre, en medio de denuncias de irregularidades en el proceso de indemnizaciones que van desde el pago a lanchas hundidas hasta coimas a “asesores” que ayudaron a convencer a los trabajadores a firmar pronto para irse del lugar.
Artesanales fuera
Con más de 25 años en el Puerto, la Caleta Sud Americana es un clásico del puerto. Un sector ocupado por los proveedores de jibia y que hace más de dos décadas recibe a diversos pescadores de la zona.
Pero ante la ampliación del puerto y la entrada de un nuevo concesionario, la caleta debe ser desplazada. Nada extraño para los pescadores, que entendieron el proceso pero que alegan no se les ha tratado como corresponde en el traslado. Primero, con el cierre ilegal del acceso a la caleta y luego con los acuerdos por fuera de la organizaciones que han ido logrando con los trabajadores y con dudosas indemnizaciones a embarcaciones que no estaban en el registro de la caleta.
Según los pescadores, EPV, cuyo gerente general es Harald Jaeger, ha indemnizado a pescadores de Lebu, de la Caleta Portales e incluso a personas con lanchas que naufragaron o están hundidas. La lancha “María Cristina”, por ejemplo, que estuvo varios años varada sin usar en la costanera, que después la chocó un camión y luego fue vendida en el norte entre los años 2007 y 2008, igual se llevó indemnización a pesar que no consta en los registros de embarcaciones de Caleta Sud Americana que lleva Sernapesca.
Y en el caso de algunos sindicatos, los acuerdos han sido distintos. Es el caso de Sipelanch (Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Lanchas de Valparaíso), que recibieron indemnizaciones que iban desde los 5 hasta los 30 millones de pesos, dependiendo la situación de cada asociado (ver documento abajo).
Pero las irregularidades no paran ahí. El proceso, dicen los pescadores, no ha sido nada impecable, como dice la empresa. Durante él, los mismos pescadores que iban llegando a acuerdo con EPV ayudaban a convencer a los incrédulos. ¿La razón? La segunda parte de sus indemnizaciones se hace efectivo cuando logran que los demás firmen o 18 meses después de llegar a acuerdo.
Para ello, acusan, fue clave la participación de un personaje que participó hace más de cinco años en una negociación fallida de EPV con la Caleta. Francisco Frez Caro, un ex empleado de la intedencia que ahora se llevó 120 millones de pesos por la asesoría en el acuerdo que logró Puerto con el Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Muelle Sud Americana, Sipsa.
Según el acuerdo, certificado en la notaría de Marcos Díaz el 23 de agosto pasado, “por concepto de la asesoría prestada y por desarrollar, en todas las materias derivadas de la relocalización de los socios de la organización sindical que comparece y también, por concepto de iguales servicios en favor de la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Lanchas de Valparaíso, en las caletas anfitrionas que corresponda” (ver documento al final de la nota).
Además, en la misma escritura aparece el pago de 60 millones de pesos a Ingrid Bade “por concepto de la asesoría prestada en la redacción del presente instrumento que refleja la aceptación de la oferta pública presentada por EPV a SIPSA, la revisión de los contratos de transacción individuales derivados del presente acuerdo y de todo otro contrato o convenio necesario al proceso de relocalización en las caletas anfitrionas”.
Puerto: resolverá tribunales
Para los pescadores, irregularidades y parte de la maquinación que ha llevado adelante Puerto para convencer y sacar luego a los pescadores. Sin embargo, Puerto se defiende y rechaza las acusaciones diciendo que el pago específico de la asesoría a Frez fue mandatado por el propio sindicato.
“Puerto Valparaíso se limitó a pagar como simple mandatario de la organización sindical y gremial aludidas, a los asesores (auditor y abogado) de esas mismas organizaciones, por concepto de los servicios prestados por esas personas a las organizaciones y no a Puerto Valparaíso”, dice Cristian Calvetti, jefe de Comunicaciones Corporativas de Puerto Valparaíso.
Además, la empresa señala que los 180 millones de pesos constituye menos del 5% del costo total del acuerdo entre EPV, Sipsa y Sipelanch (organizaciones sindicales históricas de la Caleta Sudamericana) y que “corresponden a un trabajo de asesoría de siete años en el caso del auditor y que aún continúa en las tareas de relocalización en Caleta el Manzano de Quintero, y en el caso de la abogada a la negociación final, la redacción y revisión de dos acuerdos marco, 224 contratos de transacciones individuales, un convenio con caleta el Manzano y otras transacciones de esas organizaciones con sus antiguos asesores”.
Sin embargo, los pescadores no reconocen a Frez como intermediario de la empresa durante estos siete años y señalan que éste sólo se ha dedicado a convencer a los pescadores a desconocer los acuerdos sindicales. Además, reclaman por el intento de la empresa de dar por hecho el acuerdo con todos los involucrados, algo que está lejos de cumplirse con ellos, alrededor del 20% de los trabajadores de Sud Americana.
Asimismo, la empresa que controla el puerto -que la semana pasada firmó un acuerdo con la supuesta “última organización sindical que faltaba- dice que los trabajadores que reclaman son un grupo “minoritario de personas” y las acusaciones son parte de la estrategia de negociación diseñada por sus abogados, porque ellos “se han negado a aceptar que su organización se constituyó en 2011, y como tal no es histórica de CSA, por lo que no procede que reclame las mismas condiciones de las organizaciones históricas”.
Según EPV este grupo de pescadores no tiene voluntad de llegar a un acuerdo y ha rechazado todas las ofertas. “Según nuestras estimaciones, al concluir la próxima semana no quedaran más de 45 personas con algún vínculo comprobable con la actividad pesquera, las que luego de múltiples ofertas, han manifestado que no aceptarán un acuerdo con Puerto Valparaíso, por lo cual, serán los tribunales de justicia los que deberán resolver sus peticiones”, anuncia la empresa.
Una información negada por los trabajadores, quienes señalan ser casi 110 personas las que aún no llegan a acuerdo. Por eso interpusieron una demanda indemnizatoria por 7.400 millones de pesos en el Primer Juzgado Civil de Valparaíso (ROL 3233-2013), más un recurso de protección por el cierre del frente de atraque.
Además, los pescadores presentaron un reclamo a la subsecretaría de marina que intentar detener la intención de borrar a la Caleta Sudamericana de la Nómina de Caletas que establece el Decreto Supremo N° 240 de 1998. La legislación obliga al Puerto a impulsar todo tipo de actividades pesqueras, lo que incluye la pesca artesanal, lo que podría darle más armas para conseguir la validación de Puerto, quienes se refieren públicamente a ellos como ex caleta Sud Americana.
Esto, aunque la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero ya decidió mediante votación la eliminación de la caleta del registro. Este es el segundo revés de los pescadores, quienes presentaron hace unos meses un reclamo a Contraloría por la negociación paralela de EPV con sus trabajadores, fuera de los acuerdos con los sindicatos, aunque esta denuncia fue desestimada por el ente contralor.
Con todo, tras casi tres meses de no poder ingresar al sector histórico de Caleta Sud Americana, los pescadores confían en un triunfo legal y una justa compensación por el traslado a otra caleta. “No estamos pidiendo que se detenga el proyecto, lo que queremos es una indemnización justa. Y no queremos reinserción laboral, queremos continuidad. Queremos irnos a Laguna Verde, no a Quintero porque es mucho más lejos y varios compañeros ya se han devuelto porque el mar es mucho más malo”, dice Rodríguez.
Y ante la amenaza de Puerto de iniciar operaciones con la nueva concesionaria desde la próxima semana, los pescadores no descartan volver a las protestas y cortes de camino que protagonizaron luego del cierre de la caleta. “Tendremos que volver a eso porque vamos a llegar hasta las últimas por recibir lo que nos corresponde, nada menos que eso”, dicen.
