La Presidenta Bachelet ha pronunciado su mensaje del 21 de mayo 2016. Un discurso magnífico en lo formal y comunicacional centrado en lo fundamental, su decisión de continuar las reformas comprometidas a pesar de las dificultades.
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Se la vió en espléndida forma física y política y debería significarle un merecido repunte en la percepción ciudadana. Fue enaltecido por el rechazo de la oposición de derecha y el coro mezquino de la variopinta jauría de opositores menores que no pierden ocasión para intentar morderle las pantorrillas.
El reforzamiento de la figura presidencial es importante para revertir el transitorio retroceso que se advierte por estos días en todos los planos de la acción gubernamental. Ello es normal en el oleaje constante de la política contingente pero es de esperar que pronto el evidente paso atrás sea seguido por los consabidos dos pasos adelante. Lo más importante para todos es que el resguardo y elevación de la autoridad presidencial resulta esencial en medio de la gigantesca erupción social en marcha.
Todavía cursa bastante silenciosa pero en cualquier momento puede dejar de serlo y la autoridad presidencial nunca será demasiada para lograr encauzar en un sentido constructivo la inmensa energía que está fluyendo.
A dos años de un mandato que no ha sido fácil el gobierno aparece por estos días cansado y su ímpetu reformista frenado casi del todo, incluso retrocediendo en frentes principales. Algo parecido ocurría a fines del 2014 por empatanamiento de las ofensivas principales, tributaria y educacional.
Atribuibles en primer lugar a la torpeza de sus conductores que en el primer caso presentaron un flanco muy débil por su equivocado diseño y en el segundo lograron lo que parecía imposible, manifestaciones masivas en defensa del derecho ¡a pagar por la educación! Demás está decir que ambas enfrentaron resistencia feroz pero ésta era dato conocido de antemano.
La fuerza del proceso en curso se impuso de todos modos. En diciembre la erupción de descontento estalló por donde nadie hubiese imaginado ¡la corrupción de los ingleses de América Latina!
Con poca resistencia de una derecha groggy por el caso Penta, logró aprobar en enero del 2015 la que probablemente será la reforma más trascendente de este gobierno, el término del binominal.
Adicionalmente la ley de inclusión en educación, que con todos sus falencias es un paso adelante. De yapa el ministerio de la mujer y el acuerdo de vida en pareja, de significación moral y cultural, entre otras.
Nadie imaginó al salir de vacaciones en febrero del 2015 lo que afectaría a la Presidenta el caso CAVAL, que desnudó las actividades delictivas de su nuera. La erupción social contra la corrupción se hizo general, no quedó títere con cabeza. Fue silenciosa como la del Volcán Calbuco en esos mismos días, pero no para los políticos a quienes la gente insultaba en la calle.
La Presidenta demostró una vez más ser harto buena para el Judo. En marzo, ante toda la institucionalidad del país convocada en La Moneda, nominó una comisión a la que encargó elaborar propuestas para recuperar la confianza de la ciudadanía.
No se hicieron esperar, democratizar el financiamiento de la política y el funcionamiento de los mercados, reforzar el aparato del Estado para exigir su cumplimiento y lo más importante, iniciar de inmediato el debate constitucional. En los meses siguientes, el gobierno logró aprobar dicha agenda casi en su totalidad en lo referente al primer tema y avanzar significativamente en el segundo y tercero, mientras iniciaba oficialmente y con consenso general en lo sustantivo, el debate de una nueva constitución.
Entremedio pasó de todo. Los mismos que hoy denuestan el Mensaje intentaron desbancarla mediante un “golpe blando” pretendiendo que estaba inhabilitada por las razones más deleznables. Se chingaron en medio de un vendaval de deslegitimación de las élites que no ha cesado. Nuevos y grotescos casos de colusión empresarial, cohecho liso y llano de parlamentarios y otras autoridades políticas y continuados latrocinios de militares se suceden semana a semana.
Complicado para el gobierno es el que afecta a uno de sus principales partidos, que aparece financiado por la empresa usurpada por el yerno de Pinochet, lo cual según propia declaración indigestó hasta uno de sus ministros más encumbrados. Todos los partidos que conformaron la Concertación están afectados de una u otra manera, pero a los otros los salva su historia.
Para éste la subordinación de la izquierda y el progresismo al gran dinero que caracterizaron la llamada Transición, constituye toda su historia.
A todo lo anterior se superpone el derrumbe del llamado superciclo de materias primas. Este fenómeno, que extrañamente coincide con la recuperación de las economías desarrolladas de sus crisis seculares, provocó en los años 1980 la década perdida de América Latina y acabó con la dictadura de Pinochet entre otras. Ahora se ha cobrado dos gobiernos en la región y tiene al menos dos más por las cuerdas y otros en barbecho, casi todos progresistas para mala pata.
Por todo ello no es raro que a pesar del estupendo despliegue de la Presidenta el 21 de mayo, su gobierno aparezca hoy empantanado o retrocediendo. El caso más claro es su reforma más emblemática, educación superior (ES). A pesar que el inicio de la gratuidad universitaria mediante Ley de Presupuesto fue el principal logro del gobierno en esta materia el 2015, la nueva ley de ES se ha venido postergando una y otra vez por disensiones internas y los anuncios del 21 de mayo, que podrían haber ampliado los alumnos beneficiados con gratuidad con un gran impacto político, humano y transformador, fueron muy modestos.
Más grave, se ha cambiado casi todo el equipo de asesores que venía impulsando la reforma, los que se caracterizaban por un alto nivel académico y compromiso de siempre con la misma. Particularmente grave es la renuncia de aquellos ligados a un partido en formación que surgió del movimiento estudiantil y goza de amplias simpatías ciudadanas. Cuando el gobierno necesita nuevos aliados aparece perdiendo algunos de significación.
El “nuevo” equipo a cargo de la nueva ley de ES resulta emblemático del paso atrás. Aparte del renunciado Jefe de División que mantiene una posición secundaria de “asesor”, el resto no tiene calificación universitaria de relevancia y mucho menos compromiso con la reforma. Son casi todos operadores del Ministerio de Hacienda o personeros vinculados al anterior esquema privatizador.
La nueva jefa de la División de ES ha dirigido por años la asignación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que ha sido la verdadera política de ES de la Concertación, absorbiendo el grueso del presupuesto respectivo. No es raro que sus mentores, un ex ministro y su ex jefa de la misma División de ES, actual rectora de la mayor y más descaradamente lucrativa universidad privada y principal lobbista del área, hayan aparecido un par de días antes de su nombramiento alabando este nefasto instrumento de privatización y lucro de instituciones privadas de dudosa reputación y bancos, a costa del endeudamiento de estudiantes de escasos recursos.
Al menos son claros, el equipo a cargo de redactar y aprobar la nueva ley de ES es ferviente “partidario del subsidio a la demanda” como se autocalifican orgullosamente.
Ello es inaceptable. Como ha pedido el rector Aldo Valle, Presidente del CRUCH, hay que terminar ahora o reducir a un mínimo las becas y el infame CAE, que no son otra cosa que instrumentos para transferir recursos públicos a instituciones privadas sin rendición de cuentas.
Ello permitiría triplicar de inmediato los beneficiados por la gratuidad. Asimismo hay que revisar la composición del equipo referido. La nueva directora de ES no puede asumir y en su reemplazo hay que nombrar alguien con antecedentes académicos respetados y autoridad en el sistema de universidades públicas.
Lo mismo resulta imperioso en todos los ámbitos gubernamentales, hay que poner término a la paralización y el agotamiento. Aún más importante, la Presidenta estará alerta y sabrá ejercer con virtuosismo sus habilidades para el Judo, transformando en avances los nuevos estallidos que inevitablemente sacudirán el conmocionado ambiente social y político en los meses y años venideros.
Así lo intentó hacer con los “Pingüinos” y lo logró plenamente con las medidas de la Comisión Engel ¡que ni siquiera se consideraban en los respectivos programas de gobierno!
Si estallan protestas populares masivas en las grandes ciudades, como es probable, la forma de encausarlas será avanzar el programa de modo decidido, asumiendo las principales demandas ciudadanas.
Habrá que estar dispuestos a presentar sin vacilación al parlamento reformas que permitan llamar a plebiscito para convocar una asamblea constituyente y renovar el propio Congreso sin binominal ni representantes cohechados.
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Con la misma decisión terminar con las AFP y duplicar las pensiones. Terminar el “subsidio a la demanda” y convertir todo lo actualmente existente en un sistema público gratuito de calidad en todos los niveles educacionales.
Y la madre de todas las reformas, renacionalizar los recursos naturales para acabar con la hegemonía de una ínfima, segregada e ilegítima élite rentista.
Es lo que el país necesita, demanda y pronto exigirá. Es lo que hay que hacer para terminar de reconstruir lo destruido por la dictadura y sus secuelas y proyectar a Chile a la modernidad, con el concurso de todos, especialmente los diez millones que trabajan y también quienes los contratan, los capitalistas de verdad.
