El estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling realizó el estudio más completo realizado hasta ahora, a solicitud del directorio de la propia empresa, sobre los recursos irregulares entregados por SQM a distintos personajes y partidos políticos. Examinaron pagos ligados a 159 personas políticamente expuestas, las agruparon por partidos y clasificaron por montos. Con un 45% de los montos recibidos, la UDI lidepor lejos la clasificación, seguida de RN y el PDC, con 11% cada uno. Piñera y MEO recibieron jugosos trozos de la torta. Por cierto todos, sin excepción, recibieron los recursos previa emisión de facturas y boletas falsificadas. ¿Pueden pretender entonces, dirigir al país?
El mapa político de los pagos de SQM
Por Víctor Cofré
Son 81 páginas las que resumen el trabajo que por casi nueve meses hizo el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling y que presentó el 15 de diciembre pasado al comité ad hoc de directores de SQM. El reporte fue remitido por la empresa a la SVS y el Ministerio Público, el que decretó su reserva.
El informe describe el proceso de investigación desarrollado y resume en varias láminas los hallazgos en tres materias: controles internos, pagos cuestionados y evaluación de los riesgos de soborno.
Para elaborar el informe, Shearman & Sterling se apoyó en el estudio chileno Grupo Vial/Serrano y en la multinacional de servicios forenses FTI Consulting; recopiló 3,5 millones de documentos, revisó más de 930 mil y entrevistó a 24 personas. El ex gerente general, Patricio Contesse, se negó a testificar.
SQM ha realizado tres recitifaciones tributarias ante el SII, por un total de US$ 14.747.125 ($ 7.129 millones) en seis años. La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los peak se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, año de municipales. Y ha pagado nuevos impuestos por US$ 9,6 millones en total.
El reporte lista los 20 proveedores top rectificados. Entre los 10 primeros aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira. Entre el número 10 y el 20, Shearman & Sterling vincula a otras sociedades o emisores con políticos como Claudio Eguiluz, Marcelo Rozas, Adolfo Zaldívar y Andrés Allamand.
El 96,81% del total de los pagos rectificados fue aprobado por Contesse. La investigación de los estadounidenses no contó con la colaboración del ex gerente ni incluyó entrevistas o documentos de políticos.
Para el análisis forense, FTI analizó los pagos a 16.906 proveedores de SQM desde 2008 y luego limitó su búsqueda a un número de 515. Más tarde, FTI identificó a 236 proveedores para una revisión prioritaria, quienes aparecieron vinculados con 159 Personas Políticamente Expuestas (PEP). Finalmente, la investigación más detallada se concentró en 26 políticos asociados a 67 proveedores con pagos totales por US$ 5,8 millones.
El reporte, como informó SQM el 15 de diciembre, concluye que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos.El bufete norteamericano se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación chilena.
El estudio sí concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o el propio Contesse. Ciertos políticos ligados a los pagos estaban en posición de influir en los negocios de SQM, agrega el bufete.
En su página 53, la presentación de Sherman & Stearling dice que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos políticos en Chile, a lo largo de todo el espectro, el mayor número está ligado a la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye, dice el reporte, a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.
Esa lámina incluye un gráfico construido con fuentes públicas y que atribuye afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos. El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD (ver infografía).
En su tercera parte, el informe se concentra en el detalle de diez emisores. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, quien era subsecretario de minería cuando el gobierno de Piñera licitó nuevos derechos del litio. En agosto de 2012, una ejecutiva de SQM envió un mail a Contesse informándole una conversación con Wagner. Este le habría dicho que la solicitud de Contesse ya estaba resuelta. El reporte no encontró otra conexión con el proceso de licitación.
El segundo caso analizado es el de Fulvio Rossi. El reporte idenfitica a tres proveedores asociados al senador: Mariela Molina (con pagos por $ 43 millones), María Valentina Martínez ($ 20 millones) y René Madariaga ($ 16 millones). Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.
El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes en dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados.
A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo ligan con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $ 730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. Es el monto más alto.
El informe también alude a los DC Roberto León (ver recuadro) y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Cristian Warner.
Sobre Martelli, se enumeran los $ 246 millones recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.
Y sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por $ 420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014. SQM ha rectificado en ese caso, dice el informe, $ 391 millones.
Fuente: La Tercera
Gobierno por informe de SQM
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió al informe estadounidense contratado por SQM, que detallo los pagos que realizó la empresa minera a los distintos partidos políticos, incluida la Nueva Mayoría:
«En todos esos casos tiene que seguir adelante la investigación que lleva la Fiscalía, para que en su momento la justicia se pronuncie si hay en la indagación hechos que revistas el ca5ater de delito y si es así se apliquen las sanciones que corresponden».
Consultado sobre las responsabilidades políticas del caso, Díaz sostuvo:
«Hay una investigación penal, nosotros tenemos que ser respetuosos de esa investigación, y las responsabilidades políticas las tienen que asumir cada uno de los actores políticos».
Agregó:
«Yo creo que a algunos les gusta aumentar el ruido para tapar sus propios problemas y esconder las dificultades que tienen en sus casas. Creo que el juicio ciudadano es categórico a este respecto».
Presidente de la UDI se corre por la tangente
Al ser consultado en conferencia de prensa por todos estos antecedentes, Hernán Larraín apeló a la manida consigna de esperar el fin de los procesos judiciales, y luego silbar para el techo, como con Novoa:
«Yo tengo una sola doctrina en estos hechos: sea que afecten o no afecten a nuestro partido, a nuestro sector, no somos comentaristas de los pasos que se van dando en los distintos procesos, en las distintas investigaciones. Nos referimos solamente una vez que los procesos concluyen, porque antes puede ser todo voladores de luces. En consecuencia, no vamos a prestarnos para inflar o para minimizar o comentar esta situación. No nos corresponde en nuestra calidad de partidos políticos. Ésas son materias del Ministerio Público y de los tribunales».
Ante sucesivas preguntas por parte de los periodistas, Larraín especificó que su postura equivale a un no pronunciamiento:
«No estoy diciendo que me preocupa o que no me preocupa, estoy diciendo que no me pronuncio mientras estas situaciones no estén en una etapa concluida por una instancia autorizada. Se presta para especulaciones, son informes al pasar de muchos que se pueden dar en un proceso. Por lo tanto, no vamos a comentar cada uno de ellos».
A juicio del parlamentario, de la referida información de prensa no se pueden sacar conclusiones:
«Es impropio, es atentar contra el derecho o la honra de una persona (condenarla) simplemente porque alguien la menciona en un documento… Esperemos los fallos, y cuando lleguen la gente va a tener el juicio y cada uno se tendrá que hacer cargo de sus responsabilidades».
Claro, como Novoa.
Hernán Larraín profundizó su molestia al ser consultado de manera insistente por su propia vinculación con SQM:
«Yo solamente puedo decir una sola cosa, y sobre esto es lo único que voy a decir: yo he recibido aportes privados a través del Servel de acuerdo a lo que la legislación permite. No tengo registro ni antecedente de otros aportes. Por lo tanto, no tengo nada que hacer ni me voy a referir a trascendidos que me parecen, francamente, difíciles de entender. No he tenido ningún antecedente, lo primero que he visto es esta información que ha aparecido en el diario, que me ha sorprendido, como los ha sorprendido a todos. En el financiamiento de mis campañas todo ha sido hecho en conformidad a la ley. (…) Nadie me ha contactado».
El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, afirmó que el mapa de platas irregulares de la minera «da cuenta de que eran aportes que se hacían de manera transversal, más allá de que, como naturalmente pueda aparecer, la mayor cantidad de estos dineros iban a la Unión Demócrata Independiente».
«Soquimich es una empresa que se encuentra ligada en su propiedad principalmente a Julio Ponce Lerou, (quien) fue yerno de Augusto Pinochet. Sin embargo, más que eso, lo que nos llama la atención es que el resto se distribuía de manera bastante homogénea».
