El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras, dictó autos de procesamiento en contra de tres miembros del Ejército, en el marco de la investigación por fraude en la institución con recursos de la Ley Reservada del Cobre. Se trata del cabo Juan Carlos Cruz Valverde, al coronel en retiro Clovis Alejandro Montero Barra y la sargento Liliana Francisca Villagrán Vásquez como autores de delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad documental.
En el caso de Villagrán, la única nueva imputada, se ordenó la prisión preventiva. Cabe recordar que Cruz y Montero fueron los dos primeros detenidos del llamado caso «Milicogate», y están desde entonces en prisión preventiva.
Según comunicó el Poder Judicial, los procesamientos se realizaron el pasado 5 de febrero, acusando a Clovis Montero por los pagos a la empresa proveedora Frasim, mientras que Cruz y Villagrán fueron involucrados además por los pagos al proveedor Tecnometal.
De acuerdo a la investigación, la empresa Tecnometal -de Pedro Salinas Reyes- presentó un total de 233 facturas por un monto superior a los 1.300 millones de pesos, para lo cual se falsearon firmas de las jefaturas para la emisión de éstas.
Posteriormente, la Tesorería del Ejército transfería los fondos a la cuenta del mencionado proveedor, el cual retiraba el monto de inmediato.
«Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada ‘Ley Reservada del Cobre’, el Ejército de Chile pagara un total de $1.389.608.049 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo», reza la investigación.
Asimismo, en lo que respecta al proveedor Frasim, la investigación señala que el coronel (r) Montero solicitó y obtuvo la entrega de 161 facturas por parte de Francisco Huincahue Necuñir, dueño de la citada empresa, entre octubre de 2011 y diciembre de 2013.
Esto, pese a que «conforme lo acredita el informe evacuado por la Comandancia General de la Guarnición del Ejército, Región Metropolitana, esa repartición o unidad del Ejército de Chile nunca efectuó compras o adquisiciones al proveedor ‘Francisco Huincahue Necuñir-FRASIM’, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014».
De este modo, funcionaba igual que el caso de la empresa anterior, aunque esta vez, Huincahue reservaba para sí el valor del IVA de lo facturado más un 15% del valor neto de la factura, mientras que el resto de los dineros eran entregados a Clovis Montero.
«Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada ‘Ley Reservada del Cobre’, el Ejército de Chile pagara un total de $981.955.590 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de toda realidad y respaldo», finaliza la investigación.
El diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja, aseguró que la resolución del ministro demuestra que «aquí hubo una maquinación fraudulenta durante muchos años» que permitió, por falta de control, defraudar al fisco en «importantes recursos» destinados a la defensa nacional.
«Así que me parecen positivos los avances que ha realizado el ministro Astudillo», sostuvo.
