El Fiscal Manuel Guerra, integrante junto a sus correlijas, Pablo Gómez y Jorge Abbott, del «team» Los Tres Chiflados de la Impunidad, al igual que el segundo en el caso SQM, está dilapidando los cuantiosos recursos de que dispone el Ministerio Público, con el fin de garantizar la penalidad más leve posible a Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, en el caso Penta.
Es así como Délano y Lavín fueron reformalizados este martes, sobre la base de la versión entregada por el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, operación que apunta al juicio abreviado pactado entre fiscalía y defensas, a esta altura, la línea de menor costo para los empingorotados inculpados.
Entre los hechos relatados en la formalización efectuada en 2015 contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el marco del caso Penta y los señalados este martes en su reformalización, hay tres que, simplemente, desaparecieron:
– La mención a los correos electrónicos intercambiados con uno de los controladores del grupo;
– la alusión al rol de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y
– los delitos de cohecho y soborno.
Asimismo, en la nueva imputación de hechos aparecen dos hechos no presentes en 2015:
– El ex gerente de Penta Hugo Bravo -y no sus dueños- habría sido quién decidió hacer pagos bimensuales de $3 millones a Wagner mientras este se desempeñó como funcionario público entre junio de 2010 y septiembre de 2012, y
– estos montos formarían parte de un aumento indebido de su patrimonio y no de cohecho.
Dicho relato se transformó en el punto clave de la controversia suscitada en la audiencia del martes, puesto que libera a los acusados de las imputaciones por soborno respecto a Délano y Lavín, y cohecho a Wagner, y permite el procedimiento abreviado pactado con la fiscalía.
Las sinrazones de Guerra
De esta manera, Guerra reformalizó a los imputados sobre la base del testimonio que Wagner entregó en 2015, que, ni cortos ni perezosos, hicieron suyo Délano y Lavín.
Son esos puntos que reformulan el relato de los hechos, los que el Consejo de Defensa del Estado -y los otros querellantes en la causa-, rechazaron ante el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, señalando que al eliminarlos el Ministerio Público incurre en un acto “arbitrario” e “ilegal”.
El nuevo relato del Fiscal Guerra da por cierto el testimonio de Wagner, en el sentido de que cuando estaba por entrar al Ministerio de Minería en 2010, solicitó a los controladores de Penta, donde había trabajado por nueve años, que se le pagara un dinero adeudado puesto que necesitaba esos recursos, dado que sus ingresos se reducirían al servir en el sector público. Agregó que fue Hugo Bravo quien decidió la forma de pago.
Este argumento fue el que expuso el Ministerio Público durante la reformalización, pese a que en 2015 había advertido la existencia de los delitos de soborno y cohecho en los tres imputados, en virtud de correos intercambiados entre Lavín y Wagner.
“Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. Demás está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites”, señalaba Wagner en uno de ellos.
Pero hoy, a juicio de la fiscalía, los argumentos sostenidos en esa formalización de 2015 fueron débiles y ahora son difíciles de probar. Y que por ello se optó por la recalificación de los delitos. El fiscal Manuel Guerra explicó sus razones para recalificar:
“Hemos dejado sin efecto una formalización anterior que, efectivamente involucraba hechos que podrían entenderse como constitutivos de delitos de soborno y cohecho. Lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar seriamente una acusación en esos términos y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar, son aquellos que dan cuenta de enriquecimiento ilícito”.
La abogada María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado, calificó de “ilegal” la omisión de hechos incorporados en la formalización original, constitutivos de delitos:
«Lo que aquí se ha visto es que se han eliminado hechos que fueron parte de una formalización previa (marzo de 2015). Vamos a sostener que esta es una práctica ilegal y que debe ser rechazada por completo».
Para la abogada, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al alcanzar un acuerdo con los dueños de Penta desechó el delito de soborno, «de forma arbitraria» y «sin ningún fundamento».
“Si los antecedentes de una investigación dan cuenta de una entrada por escalamiento a un inmueble para la posterior sustracción de las especies que están allí, eso sería un robo con fuerza en reposo. Pero si el ministerio Público, en forma arbitraria, para favorecer el procedimiento abreviado, retira el escalamiento (…), paralelo a meter un hurto, eso es un comportamiento que en nuestro sistema es claramente ilegal”, agregó
La defensa de los dueños de Penta solicitó al tribunal excluir al CDE, porque, a su juicio, este no tenía legitimidad para alegar contra Délano y Lavín, dado que no existiría perjuicio al Fisco de parte de los involucrados, en virtud de que ya habían sido reformalizados solo por delitos tributarios.
Es una leguleyada de tercer orden, y un argumento es tan peregrino, que lo destruyó inadvertidamente uno de sus propios representados.
En efecto, consultado Lavín por los periodistas acerca de si consideraba que lo pagado hasta ahora, en impuestos, intereses y multas, y la eventual sanción pecuniaria, en caso de arribar a un procedimiento abreviado, reparaban el mal provocado por el comportamiento tributario de sus empresas, cuyo perjuicio fiscal asciende a poco más de $1.714 millones, de acuerdo a los cálculos del Servicios de Impuestos Internos, respondió lacónico:
«Si Usted gasta 100 y tiene que pagar 500, ¿qué le parece?».
De esa manera, Délano y Lavín Lavín enfrentaron una reformalización y acusación del Ministerio Público por delitos tributarios, incluido el pago de bonos a empleados mediante boletas o facturas ideológicamente falsas y los aportes irregulares a campañas políticas, cuyo respaldo también fue documentación tributarias fraudulenta, entre otras conductas.
En el caso de ser hallados culpables en un un juicio abreviado, ambos arriesgan una pena de 4 años de libertad vigilada y una multa del 100% del perjuicio fiscal.
En cambio, en un juicio oral, incluido el delito de soborno, la pena era superior a 5 años y un día, y por tanto, inexcarcelable.
Al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, se le recalificó delito: enriquecimiento ilícito en vez de cohecho.
Queda por dirimir qué razones pudo tener el Fiscal Guerra para actuar de esa manera, porque el argumento de la debilidad de las pruebas es, además de insostenible, nauseabundo y escandaloso.
Volveremos sobre esto.
Injusticia legal
Desgraciadamente para el principio de aplicación de justicia, el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dio el pase al juicio abreviado contra los imputados, acogió en todos sus puntos la petición de la defensa y quitó legitimidad al Consejo de Defensa del Estado y a Ciudadano Inteligente como querellantes del caso Penta.
“Se condena a los acusados como autores de delitos tributarios”, sostuvo el magistrado durante la audiencia.
Tras la reformalización donde se eliminó el delito de cohecho, sólo podrán acusar el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, instituciones que apoyan el juicio abreviado.
Esto causó molestia en Ciudadano Inteligente que estuvo presente en la reformalización. La organización dijo que la Fiscalía “renunció a juzgar”.
La consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, se refirió a la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago:
“Es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta -bastante inescrupulosa por decirlo de alguna manera diplomática- se han jugado por completo excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito de corrupción por autonomasia”.
Al ser consultada por la razón del cambio de conducta de la Fiscalía, que al inicio de la investigación pidió penas de diez años contra los imputados, refiriéndose al fiscal Manuel Guerra, quien ha sido duramente cuestionado a lo largo de la investigación, la querellante sostuvo:
«Hay que ver qué hay detrás. La decisión se tomó luego del cambio de fiscal. Yo la verdad no lo veo. Ninguna razón que esté sustentada en los antecedentes de la investigación que hayan llevado a una revalorización de los hechos. Y desde luego tampoco hubo un pronunciamiento por parte del tribunal por qué esta reformalizacion dejaba sin efecto una formalización previa que fue debidamente comunicada a las defensas”.
La doctrina Abbott
Una de las razones estriba, probablemente, en la denominada «doctrina Abbott», atribuida al Fiscal Nacional Jorge Abbott, quién colocó a los Fiscales Manuel Guerra, en el caso Penta, y Pablo Gómez, en el caso SQM, en reemplazo de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes presentaron su renuncia al Ministerio Público para dejar de manifiesto su desacuerdo “con las decisiones que se han tomado en las causas que investigamos en la Fiscalía de Alta Complejidad”.
En esencia, la «doctrina Abbott» consiste en cerrar los casos de connotación política lo antes posible, de preferencia sin culpables presos, y con un mal acuerdo en vez de un buen juicio, amparados en argumentos rebuscados como ausencia de pruebas, o recuperación de recursos fiscales que podrían perderse, en caso de absolución de los inculpados.
Los fundamentos de esa doctrina son de una pobreza asombrosa, y atentan contra la misión que la reforma al sistema judicial le entregó a la Fiscalía, que es, precisamente, investigar para acusar. La supuesta ausencia o debilidad de la prueba prueba sólo puede atribuirse a la deficiencia de la investigación, mientras que la recuperación de dineros para el Estado no es una decisión que le competa al Ministerio Público, sino al tribunal correspondiente.
La «doctrina Abbott» fue anunciada a fines de abril y luego públicamente defendida en la cuenta pública rendida por el Fiscal Nacional:
“Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.
En su momento, diversos actores políticos consideraron esos dichos implicaban un reconocimiento a la existencia de dos justicias para los chilenos: una para quienes tienen recursos o fueros, y otra para los pobres y los chilenos de a pié.
El Frente Amplio anunció que presentaría una solicitud ante la Corte Suprema pidiendo la destitución del jefe nacional del Ministerio Público. Las razones que dieron en el momento se basaron en los dichos de Abbott respecto de las indagaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, cohecho y soborno, entre otros delitos.
La presidenta del partido Poder Ciudadano, Karina Oliva, señaló a Radio Universidad de Chile que el Frente Amplio no ha desistido de la idea sino que buscan un momento más propicio para avanzar con el proceso que podría llevar a la destitución del fiscal Abbott.
«No damos las batallas solo para ganarlas, sino que enfrentamos las cosas también porque hay convicción política. Lo de la Fiscalía Nacional no es problema judicial, sino político, ya que es un órgano que actúa sin un contralor externo ni para el ámbito financiero ni para revisar las atribuciones del Fiscal Nacional”, dijo.
En opinión de la diputada, la “doctrina Abbott” se ha plasmado claramente en las causas relacionadas al financiamiento ilegal de la política en las que se ha optado por juicios abreviados o en reunir todas las causas en un solo juicio oral contra todos los acusados, como sucedió con en el caso SQM, cuya investigación se dio por cerrada por el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago el viernes recién pasado.
La presidenta del partido Poder Ciudadano insiste en que las actuaciones del Fiscal Abbott han sido, al menos, reprochables públicamente e insiste en la necesidad del Ministerio Público de contar con una ente fiscalizador externo.
Agregó que el requerimiento de destitución a la Corte Suprema apunta a cuidar la institucionalidad del Ministerio Público y su prestigio, ya que, por ley, es el organismo persecutor de delitos y ha perdido la confianza de la ciudadanía debido a las causas emblemáticas relacionadas con financiamiento irregular de la política y que eso ha sido, en gran parte, responsabilidad de Jorge Abbott como líder de esta institución del Estado:
“Estamos terminando de revisar los antecedentes y son muchos. Creo que tenemos fundamentos de peso para llevar adelante esta solicitud de remoción y no por nada Jorge Abbott decidió contratar los servicios de un reconocido abogado para que ejerza su defensa ante la Corte; él sabe que el Ministerio Público no funciona bien y necesita un defensor de gran envergadura”, concluyó.
El abogado al que hace referencia la vocera del Frente Amplio es el ex Ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Luis Bates, quién habría inició el estudio de antecedentes, para llevar a cabo la defensa de Abbott.
Entretanto, impertérrito, Abbott le puso fianza a la actuación de Manuel Guerra en el caso Penta, como a su turno hizo con las decisiones del Fiscal Pablo Gómez, encargado de desactivar el caso SQM.
Consultado por las críticas que suscitó el actuar del fiscal Guerra, Abbott explicó:
“El Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas como Corpescas y SQM que van a ir a juicio donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.
Luego, defendió a Guerra a rajatabla:
“Conociendo y estudiando los antecedentes de la investigación llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizar la y él dentro de sus atribuciones legales tomó una decisión a partir de la convicción a la que él arribó”.
Abbott concluyó:
«Sólo me corresponde respetar las resoluciones de los fiscales regionales respecto a sus atribuciones exclusivas”.
Y entonces ¿para qué está el Jefe?
Abrochada la Impunidad en caso SQM
Antes de irse al extranjero por una destinación laboral de su señora, la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien debe hacer su pasantía en un doctorado en la Universidad de Cambridge, el Fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, dejo atada y bien atada la impunidad en el caso SQM
La Fiscalía cerró la investigación del caso SQM el pasado 29 de junio, con una importante cantidad de diligencias no realizadas, con la reunificación de los inculpados en una sola causa, y con un acuerdo con SQM, para un una salida alternativa, en rigor una multa, respecto del delito de cohecho.
El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien conducía esta indagatoria, comunicó el término de las diligencias ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El cierre era el resultado esperado por los intervinientes y, a partir de éste, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de 18 imputados.
Entre éstos se encuentran el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, el ex senador UDI y ex ministro de Economía Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el senador DC Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas (DC).
«Desde el punto de vista estratégico, juntamos las investigaciones por los hechos imputados a todas las personas que aparecen involucradas en este caso, por lo tanto, todos los formalizados están en una misma causa y en esa virtud, cerramos la investigación. Para proceder a lo que corresponde, el acto siguiente es formular la acusación.», dijo la fiscal Carmen Gloria Segura.
Respecto a la solicitud de la fiscalía para desaforar al senador Jorge Pizarro (DC), también imputado en el caso, la fiscal señaló:
«La ley dice que tiene que presentarse junto con la acusación, por lo tanto, tenemos plazo para presentarlo, igual que la acusación. El mismo día, seguramente, lo presentaremos».
A la petición de sobreseimiento definitivo de su caso que ya presentaron Patricio Contesse y Marco Enríquez Ominami, se sumó el ex senador Fulvio Rossi aunque la Corte de Santiago ya había revocado esa decisión.
La audiencia de sobreseimiento de Fulvio Rossi se verá el próximo 10 de julio. En el caso de Marco Enríquez Ominami, se revisará el próximo martes 3 de julio, y el 24 de julio en el caso de Patricio Contesse.
Previamente, el 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones confirmó la legalidad -ya que no la legitimidad- del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y SQM, aprobado a fines de enero por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y al que se opuso el Consejo de Defensa del Estado.
Tal salida alternativa implica que SQM evite ser condenada por los presuntos sobornos a personas del entorno del ex candidato presidencial UDI Pablo Longueira, a cambio del desembolso de 2.550 millones: 900 millones a beneficio fiscal y otros 1.650 millones para fundaciones.
«Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso», dijo Gómez al conocer la sentencia.
En su opinión:
«Todo juicio es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Podríamos llevar la causa a juicio, pero existe la posibilidad de absolución. Nosotros tenemos la convicción de poder sostener el cohecho, pero es un juicio, y serán tres personas, tres jueces de la República los llamados a resolverlo. Si no logramos convencerlos, van a absolver y vamos a haber perdido la posibilidad de recuperar para el Estado aquellas ganancias que la empresa obtuvo a través de los contratos de invariabilidad».
¿Y desde cuándo la Fiscalía asumió la responsabilidad de cautelar los intereses del Estado? ¿Es que Gómez ignora, o simula ignorar que para eso está el Consejo de Defensa del Estado?, y ¿qué pasa con la imagen de la fiscalía con esta suspensión?
La siguiente justificación de Gómez es, más que insostenible, ridícula:
«Como fiscal debo sujetarme a lo que me manda la ley. Y dentro del juego normativo tengo que desempeñarme, entonces, bajo ciertos criterios que la ley misma me ordena y me dice: objetividad. Lo que estamos haciendo es actuar bajo ese marco. Y la ley nos ha dicho: fiscal, si usted tiene antecedentes para ir a un juicio, vaya. Si usted cree que carece de antecedentes y puede encontrar una mejor solución a través de la suspensión condicional, hágalo. Nosotros creemos que la empresa SQM no está pagando y zafando, ellos están pagando mucho más que yendo a un juicio».
La connotación económica de la conducta de Gómez se advierte nítidamente en las declaraciones del abogado de SQM, Hugo Rivera:
«Muchas veces no es por reconocimiento de culpabilidad, hay razones de empresa, de economía, que se busca una solución no solamente jurídica, siempre también hay que ponderar que es lo que es más conveniente cuando uno esté insertado dentro de una economía y con todos los contratos e implicancias económicas correspondientes».
A la inversa, Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en las otras aristas de SQM, fue al fondo del asunto:
«Básicamente vamos a observar, probablemente, durante las próximas semanas unos ofertones para suspensiones condicionales, una verdadera justicia de clase».
Como fuere, los dos mayores casos de financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, que han marcado el debate público durante los últimos años, quedarán sin justicia gracias a los tres chiflados de la Impunidad.
Implacable persecusión a los mapuche
El guante blanco de los fiscales Abbott, Guerra y Gómez con los delincuentes de cuello y corbata, vinculados a partidos de derecha, contrasta brutal y dolorosamente con la implacable persecusión de la Fiscalía Regional de Temuco, contra comuneros mapuches, muchas veces con pruebas amañadas, como mostraron la Operación Huracán, o con declaraciones de testigos sin rostro, en los casos del incendio contra un templo evangélico de la comuna de Padre Las Casas, ocurrido en junio de 2016, y del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
En el primero de los casos nombrados, hoy los hermanos Pablo y Benito Trangol, condenó a 10 años y un día de cárcel, se declararon en huelga de hambre hasta lograr la anulación del juicio.
“Hemos tomado la difícil decisión de iniciar una nueva huelga líquida, a pesar de las secuelas que nos dejó la extensa huelga anterior, en la cual estuvimos al borde de un final fatal”, dijeron por medio de un comunicado subido a una página de Facebook a favor de su libertad.
Los comuneros mapuche definieron dos objetivos para la medida de protesta. El primero es apoyar al machi Celestino Córdova, primer condenado por el caso Luchsinger-Mackay, quien permanece sin alimentación hace más de un mes, a la espera de un permiso que lo autorice a salir de la cárcel por 48 horas para renovar su rewe.
El segundo propósito de los hermanos Trangol es la anulación del juicio, “en el cual fuimos condenados bajo una declaración de testigos sin rostros y sin haber un fundamento o prueba concreta que demuestre nuestra culpa, y donde la detención fue declarada como ilegal”, expusieron en la declaración.
Robinson Trangol, hermano de los huelguistas, informó:
“Los presos políticos mapuche del caso Iglesia han decidido tomar una difícil decisión de iniciar una huelga de hambre líquida indefinida, ya que están condenados injustamente solo por presiones políticas y por ser mapuche”.
En el caso Luchsinge-Mackay, tras dos juicios, fueron absueltos ocho de los once acusados, y condenados tres, dos de ellos a la pena de presidio perpetuo, con las mismas pruebas, lo cual, para la abogada de la defensa, Manuela Royo, es un despropósito.
La abogada cuestionó el hecho de que algunos hayan sido absueltos y otros no, sobre la base de la misma prueba, y afirmó que el fallo está basado más en presiones políticas que en coherencia jurídica.
“La verdad es que es una situación bastante inexplicable, toda vez que la fuente probatoria es una, y lo cierto es que no puede ser que una declaración sea mitad verdad y mitad mentira, eso vulnera todos los preceptos de la lógica y no tiene ninguna coherencia jurídica. Por lo tanto, consideramos que obedece más que nada a presiones políticas”.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional también criticó el fallo:
“Este juicio, está marcado por diversas denuncias de irregularidades, que demuestran la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”.
Para estar a la altura de sus antecedentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, declaró que evalúa positivamente el resultado del juicio, aunque lamentó que ocho de los once acusados hayan sido absueltos.
Absueltos los ricos, pagan los pobres
Pero faltaba la guinda de la torta.
Hoy la Corte de Apelaciones revocó la condena de costas impuesta contra el gobierno y la Fiscalía; lo cual significa que los diez comuneros que estuvieron presos por 28 días, acusados de asociación ilícita, deberán hacerse cargo de los costos que demandó su defensa.
La abogada Karina Riquelme calificó esta resolución de racista:
«Lo que en definitiva resuelve es que todos los gastos judiciales que tuvieran las personas a las que Carabineros implantó pruebas, con negligencia incluida de la Fiscalía -dos instituciones estatales-, deben ser pagadas por las mismas víctimas. Es decir, los mismos mapuche deben costearse todo lo que significó el hecho de que les hayan montado pruebas».
-¿Qué interpretación que le da a esta resolución?
«Yo creo que es súper grave. La Corte de Apelaciones siempre falla en contra de los mapuche, en cualquier tipo de situación. En este caso, lo que está haciendo es que a las personas de bajos recursos -porque es un hecho que no estamos hablando de personas con recursos- les cueste más realizar su defensa jurídica, afectando así a esas personas que son dirigentes del territorio, defensores de su territorio a la hora de llevar a cabo una defensa digna a través de defensores privados que le otorguen la seguridad de que no sea el Estado el que te defienda, porque sabemos que todas las instituciones del Estado los persiguen a través de la criminalización».
-¿Qué factores cree que incidieron?
«Creo que desgraciadamente la Corte de Apelaciones de Temuco perdió su rumbo. Hace años que vemos cómo falla en contra de mapuche en distintas ocasiones. Por ejemplo, en el Caso Luchsinger fue muy dura con la Machi Francisca Linconao. Todo el tiempo fue la Corte de Apelaciones la que devolvió a la machi a prisión preventiva. Los tribunales de primera instancia sí otorgaban la libertad. En este caso el tribunal de primera instancia sí otorgó costas para que el gobierno pagara los gastos judiciales que habían surgido de esta persecución. Creemos que desgraciadamente tienen intereses acá en La Araucanía y que los jueces de la Corte se encuentran ligados con las personas que se ven afectadas por la recuperación territorial del pueblo mapuche. Son amigos de los gremios, de los camioneros, de latifundistas… Entonces, como existe esta relación, porque asisten a los mismos lugares -van al club de golf, al club de leones-, esto genera una decisión que tiene que ver con la clase. Para ellos hoy los mapuche son un problema».
– Se entiende de lo que dice, que la Corte de Apelaciones de Temuco ha actuado siguiendo una suerte de hilo conductor que responde a asuntos de clase…
«Absolutamente. La Corte de Apelaciones de Temuco desgraciadamente -y esto es porque los jueces son seres humanos- tiene algún tipo de interés. Los jueces de La Araucanía no están más cercanos a las comunidades mapuche, están más cercanos -por el tema de clase- a quienes se encuentran en contra de la recuperación territorial del pueblo mapuche, y esa es una parte de la gente que vive en La Araucanía. Son los que son parte de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, los que son parte de los gremios, sus hijos van a los mismos colegios. Con ellos se contactan. No van a las comunidades mapuche, no conocen a la gente más pobre, ni aquellos que han perdido su territorio. Son amigos del otro lado».
La abogada dió en el clavo. Es exactamente lo que ocurre con los tres payasos de la impunidad. Abandonan su deber cuando los imputados tienen una elevada condición socio-económica, y por lo mismo, influencia social y poder político.
Siempre y cuando, naturalmente, no se trate del viejo plato de lentejas.
