Los trabajadores del diario La Nación online presentaron este miércoles en tribunales un recurso de protección para impedir que el 69 por ciento que está en manos del Estado se ponga en venta. Este jueves se inicia el proceso de licitación pública del medio de comunicación, lo que es rechazado por sus funcionarios. La presidenta del Sindicato 3 del área periodística, Nancy Arancibia, planteó que «es imposible que un Gobierno venda un medio de comunicación».
«Es un escándalo en cualquier país que por decisión personal eliminar un medio y venderlo y dejar a la población sin un medio de comunicación que al ser propiedad del Estado tiene independencia de los poderes económicos y aspiramos a que tenga independencia de los poderes políticos también», agregó.
El inicio de esta licitación se suma a que el viernes pasado la Universidad Diego Portales compró los archivos históricos del diario, lo que impide a sus periodistas consultar estos documentos.
En tanto, Paulina Acevedo, jefa de comunicaciones de la organización Observatorio Ciudadano, respaldó la medida de los trabajadores y aseguró que existen estudios que muestran que el diario La Nación no tenía problemas económicos.
«Entendemos esto como una medida de carácter político, puesto que existen estudios de consultoras independientes que demuestran que el diario La Nación no tenía problemas económicos, es decir, ese no es el argumento», aseveró.
Añadió que «de allí que nosotros recurramos de protección, puesto que la medida no solo es ilegal al violar el derecho de la libnertad de expresión, sino que también arbitraria porque no hay mérito alguno para que el Estado haya decidido poner fin a un medio como éste».
Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, argumentó que la decisión está en manos del directorio del medio de comunicación y que esperará los cursos judiciales pendientes para emitir una opinión.
«El diario La Nación tiene propiedad del Estado pero también de privados. Esta es una decisión del directorio, hoy hay cursos judiciales pendientes, por lo tanto tenemos que esperar qué sucede con eso para emitir finalmente una opinión», explicó la secretaria de Estado.
