Tras más de ocho horas de reunión, los casi 400 dirigentes portuarios de todo el país que llegaron este miércoles hasta la Casa de la Cultura de San Antonio determinaron aceptar como nacionales las demandas de los trabajadores de los puertos de Mejillones y San Antonio. Es decir, seguirán demandando la media hora de colación retroactiva y el derecho a la libertad sindical. Mientras el gremio de los empresarios agrícolas criticó la «pasividad» del Gobierno, éste no descartó aplicar Lay de Seguridad Interior del Estado.
Además, durante la jornada de este miércoles el sindicato El Espigón de Valparaíso se sumó al paro, al igual que otros sindicatos de Arica, Huasco y Caldera. También se plegaron en el sur los sindicatos de Cochrane, Calbuco y Puerto Montt, quienes adhirieron de manera indefinida.
El vocero de los trabajadores de San Antonio, Julio Castillo, detalló los próximos pasos del movimiento: «El paro continúa, más el apoyo de la Confederación de Hortofrutícolas de Chile y de la Federación de Mineros, hasta que no haya un acercamiento por parte del Gobierno a dialogar con los trabajadores».
Por su parte, en el Gobierno persisten las tratativas para intentar destrabar el paro portuario y se condiciona el diálogo a que los trabajadores bajen la movilización.
Se mantendrá fuerza pública en puertos
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que seguirá actuando la fuerza pública en los puertos para garantizar el derecho a trabajar a quienes lo deseen.
«Se está impidiendo trabajar a aquellos que quieren hacerlo y se está poniendo en jaque la posibilidad de que nuestro país pueda mantener esa tradición de confiabilidad en los mercados mundiales», comentó.
Larraín añadió que «lo que estamos haciendo como Gobierno es muy simple, es permitirle a los trabajadores que quieren trabajar que puedan hacer y el que no pueda trabajar también puede no trabajar. Nadie lo está obligando a trabajar, pero lo que no puede hacer el que no está trabajando es que su manifestación le impida a otros trabajar».
Durante este pasado miércoles, los dirigentes portuarios recibieron el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos y la Federación de Trabajadores Forestales, quienes evaluarán este jueves sumarse a la movilización.
Pequeños agricultores criticaron «actitud pasiva» del Gobierno en paro portuario
Tras el anuncio de que se mantiene el paro de los trabajadores portuarios, que reclaman el pago de la media hora de colación de forma retroactiva desde 2005 y el derecho a la libertad sindical, los pequeños productores agrícolas manifestaron su preocupación por la extensión del conflicto.
El vicepresidente de Triunfo Campesino -que reúne a la pequeña agricultura-, Orlando Contreras, criticó la actitud pasiva del Gobierno para solucionar el problema y se evalúa la opción de acudir a Contraloría para que se investigue si las concesionarias portuarias están cumpliendo con las bases de la licitación.
«Aquí hay que poner presión por todos lados, si no este tema se va a seguir alargando y los grandes y medianos empresarios pueden recuperarse, pero nosotros es lo único que teníamos para producir este año, teóricamente un año excelente, y no vamos a recoger esos beneficios mientras este paro siga», dijo el dirigente.
«Nosotros trabajamos un año completo para producir, lo que hoy día vendemos no lo recuperamos, lo perdemos y hay que esperar un año nuevamente», añadió Contreras.
El paro sigue
Luego de unas ocho horas de reunión, unos 400 dirigentes portuarios de todo el país definieron en San Antonio continuar con la movilización y determinaron aceptar como nacionales las demandas de los trabajadores de los puertos de Mejillones y San Antonio, sobre la colación y la libertad sindical.
El vocero de los trabajadores Biobío, José Agurto, señaló que «el paro sigue, ninguna respuesta positiva todavía, simplemente seguimos manteniendo el paro. Esperamos que la empresa Ultraport llame a los compañeros de Mejillones y esperamos sentarnos con el Gobierno en algún momento, por lo tanto seguimos parados».
A su vez, Raúl González, vocero de los portuarios de San Antonio, resaltó que «el tema de la media hora es nacional y el tema de Mejillones representa todo, cada día que pasa la condición se pone más pesada para el mismo movimiento, tenemos más represión, pero también tenemos más fuerza».
El Gobierno a su vez condicionó el diálogo a que se levante la movilización, como lo expresó el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, mientras que su par de Agricultura, Luis Mayol, sostuvo que cualquier gremio o empresa puede invocar la ley de seguridad del Estado para normalizar el funcionamiento de los puertos.
«Cualquier gremio, grupo o empresa puede invocar la ley de seguridad interior del Estado, eso está dentro de las normativas legales, no lo hemos estudiado y si lo invoca alguno tenemos que estudiarlo», aseveró.
Por su parte, el gerente general de la empresa STI, que opera en San Antonio, Alberto Bórquez, aseguró que la compañía está abierta al diálogo y que el terminal está trabajando a su mínima capacidad, solo con 50 operarios de emergencia.
«Hemos estado participando en juntar las voluntades, hemos estado actuando en forma coordinada con el Gobierno para tratar de buscar soluciones, o lo que sea necesario en este acuerdo. Hemos estado muy coordinados con el Gobierno y también con los trabajadores, ellos saben que las puertas han estado siempre abiertas», indicó.
