La comunicación fue ingresada a los mecanismos de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de relatorías con competencia en la materia, la que fue extendida por decenas de organizaciones sociales de Chile, quienes consideran que el tratado comercial entre países del Pacífico, conocido como TPP, suscrito recientemente por el gobierno chileno, viola diversos derechos humanos.
La fecha de divulgación de ese documento data del 6 de noviembre del 2015, de acuerdo a la publicación efectuada por el gobierno de Chile a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Para las organizaciones, el proceso de negociación se implementó en secreto y a espaldas de la ciudadanía.
Algunos de sus contenidos se supieron a causa de filtraciones como la de Wikileaks en noviembre del 2013.
“Estos hechos que comenzaron a causar preocupación y alarma con respecto a la protección y garantías de ciertos derechos de las poblaciones, se han confirmado al visualizarse los contenidos completos de estas negociaciones, las que buscan regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente”, indican.
Hoy dichos acuerdos deben ser ratificados por el congreso (Poder Legislativo) de Chile, lo que para las organizaciones avanzaría sin la debida atención y garantías previas en materias de derechos humanos individuales y colectivos que quedan desprotegidos con estos acuerdos, “considerando que los mismos están diseñados principalmente para potenciar el libre comercio entre empresas y transnacionales y diversos actos mercantiles”.
Agrega: “No hubo secreto para las corporaciones transnacionales que participaron activamente en el proceso de negociación”.
En otro punto señalan en parte de la comunicación:
“Resulta especialmente preocupante el rol jugado por la industria química, biotecnológica y del sector alimentario y de los agronegocios, porque este tratado busca imposibilitar que se puedan lograr nuevas leyes sobre protección de los ciudadanos del riesgo presentado por las sustancias químicas y sobre prevención de estos daños. Si estas leyes o normas entran en contradicción con el tratado no serán aceptadas. Un proyecto de moratoria a los transgénicos, o de prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos o un proyecto de etiquetado de alimentos transgénicos sería rechazado por tribunales internacionales”.
Otro punto de preocupación, es la transgresión de las normas especiales sobre derechos de los Pueblos Indígenas, establecidas por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
