El “Trans Pacific Partnership” es un tratado de libre comercio que lidera Estados Unidos y en el que también está negociando Chile y que entre sus postulados promueve la regulación del comercio de lácteos, medicamentos, empleos, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medioambientales.
Lo más grave es que limita los derechos humanos en internet.
Con los hechos consumados no se puede hacer nada. Ocurre en el mundo privado (colusión de los pollos y de las farmacias, las repactaciones irregulares de La Polar y muchos otros temas más) y también en la administración pública y los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso Nacional que varias veces terminan perjudicando a los gobernados.
Sin rodeos, es antes donde el ojo ciudadano y de la opinión pública debe poner el acento.
Por tal motivo, un grupo de parlamentarios y de organizaciones sociales comenzó una campaña que busca impedir que nuestro país ponga su firma en el «Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica», «TPP» en inglés.
En rigor, el Trans Pacific Partnership es un tratado de libre comercio multilateral que se está negociando en secreto por su principal promotor, Estados Unidos, junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú… y adivine quién más: Chile.
Dentro de los contenidos del pacto se enumeran cuatro aspectos esenciales que han generado pavor en todos los rincones el planeta.
Tome nota: limitación a derechos humanos en internet, obstáculos al acceso de medicamentos genéricos, filtros en el conocimiento y la cultura e impedimentos a los derechos de los consumidores.
Traducido al español, se quiere regular el comercio de lácteos, empleos, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medioambientales.
Lo peor de todo es que las silenciosas tratativas del TPP (30 capítulos) vienen avanzando desde marzo de 2010 y que solo gracias a las revelaciones de los documentos oficiales que fueron realizadas por «Wikileaks» -en noviembre de 2013- el mundo pudo conocer al menos tres capítulos de esta cruenta trama.
Violación de derechos
Para evitar que nuestra República sea socia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se constituyó la «Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP», donde las caras visibles son el senador del MAS Alejandro Navarro y los diputados Camila Vallejo (PC), Giorgio Jackson, Gaspar Rivas y Gabriel Boric (independientes) y donde suscriben su apoyo el Observatorio Ciudadano, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Terram, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), entre otras agrupaciones ligadas al mundo económico, educacional, mapuche, editorial y de la salud y la ecología.
Nótese que 34 diputados y 15 senadores, además de premios nacionales, profesionales de las ciencias sociales y artistas de diversas disciplinas -en diciembre de 2013- solicitaron transparentar los contenidos del TPP, lo que generó que en el programa de gobierno de la entonces candidata presidencial, Michelle Bachelet, se incluyera el reestudio del texto a causa de las amenazas que podría acarrear este pacto para Chile.
Sin embargo, como de este polémico asunto nunca más se habló, el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló en el lanzamiento de la plataforma que este tratado «es una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos, la democracia y la soberanía».
«Hasta ahora, no han sido consultados los pueblos indígenas, como obliga el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile, en circunstancia de que se trata de una medida legislativa que evidentemente va a tener grandes implicancias para los pueblos indígenas», alegó.
Por su parte, Rodrigo Irarrázaval, representante de «Médicos Sin Marca», precisó que el TPP «impedirá la entrada de medicamentos genéricos al mercado, lo que trae como consecuencia el aumento de precios insostenibles o muy difíciles de mantener de los productos farmacéuticos».
«Por eso es importante recordar que en mayo de este año el actual ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se comprometió ante la Cámara de Diputados que se iba a defender la condición actual al derecho a patente en nuestro país y que el tratado no iba a influenciar en este punto», agregó.
Javiera Espinoza, vocera de la Fundación Terram, en tanto, manifestó que «es preocupante que el ítem del Medio Ambiente esté supeditado al capítulo de inversiones, puesto que finalmente son las reglas de este nuevo acuerdo las que estarían limitando la política pública ambiental de los próximos años».
«Es contradictorio al Principio 10 de la Declaración de Río que está liderando Chile y que promueve el acceso a la información, participación y justicia ambiental», resaltó.
Siesta legislativa
A nivel político, al senador Navarro fustigó que el proyecto de reforma constitucional (Boletín 9209-07), que incorpora los principios de participación y transparencia en la negociación de tratados internacionales de naturaleza económica, aún duerme en el Congreso desde su presentación en 2013.
«El TPP extiende los derechos privados de los medicamentos y mantiene el monopolio, debido a que las licencias que hoy duran 20 años se extenderían por otros 15», alegó.
«Además de la criminalización, sin derecho a defensa de usuarios comunes, este tratado esconde tras sus garras la privatización de internet, ya que genera las condiciones apropiadas para que en el futuro las empresas cobren por ver un video musical de un artista, abriendo un amplio campo de negocios con internet. No seré cómplice de un tratado que busca criminalizar internet», sentenció el parlamentario.
Fuente: Cambio 21
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150930/pags/20150930115201.html
