Más allá de si los imputados en el caso SQM tendrán pena de cárcel, o no, cuestión que está por verse, la imporftancia de la investigación radica en que está dejando traza judicial de la espesa, y hasta ahora desconocida, urdidumbre de intereses, favores e intercambios entre los poderes fácticos y una clase política corrupta, que en la práctica legislaba para sus patrones.
De ahí que la mera posibilidad de que Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, y probablemente el hombre que más sabe de coimas políticas, suelte el casette y decida colaborar con la investigación a cambio de beneficios procesales o un juicio abreviado, debe tener con estreñimiento y haciendo dormir a saltos a muchos implicados, incluyendo a la pléyade de ellos que todavía no sale del closet.
La decisión de Contesse
por G. Faúndez y F. Siredey
El abogado del ex gerente general de SQM, Samuel Donoso, está en conversaciones con el fiscal regional Pablo Gómez para declarar por primera vez en la causa. Mientras el imputado quiere rebajar sus medidas cautelares, el Ministerio Público espera que el testimonio sea un aporte “sustancial” a la investigación.
El 26 de marzo de 2015 los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias ingresaron junto a la PDI al edificio corporativo de SQM. Entre otras evidencias, se llevaron la contabilidad de la empresa entre los años 2009 y 2014 y los computadores personales de los principales ejecutivos de la empresa. Entre esos aparatos estaba el notebook del gerente general Patricio Contesse González (63), que fue respaldado en un disco duro de tres terabytes, marca Seagate, serie número NA4KJBYT.
Meses después -el 9 de junio de 2015-, el fiscal Arias solicitó a Juan Antonio Guzmán, presidente del comité ad hoc de SQM, entregar copias de los 3,5 millones de correos electrónicos obtenidos del servidor interno de la empresa por la consultora Shearman & Sterling. Al no encontrar una respuesta positiva, la fiscalía acotó su petición y envió un nuevo oficio el 31 de julio, en el cual se pidieron todas las comunicaciones de 20 ejecutivos de la minera no metálica entre 2009 y 2014. El nombre de Contesse estaba en el cuarto lugar de la lista.
Aquellos fueron los primeros intentos del Ministerio Público por hacerse de la totalidad de las comunicaciones al interior de SQM, un objetivo que se cumplió a cabalidad en las últimas semanas, cuando la minera no metálica dio acceso a la fiscalía de los 3,5 millones de correos electrónicos de sus ejecutivos.
El persecutor -en paralelo- ha logrado avances en las últimas semanas. Los polémicos correos entre el ex ejecutivo de SQM y el ex senador y ex ministro UDI Pablo Longueira son muestra de ello y fueron rescatados por la fiscalía desde alguna de estas fuentes.
Tras su publicación, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, puso en tela de juicio la licitud en la obtención de los correos por parte de Qué Pasa y The Clinic, destacando que el Octavo Juzgado de Garantía no ha autorizado el acceso a las comunicaciones electrónicas de su cliente. Esta maniobra busca anular como pruebas sus comunicaciones -entre otros- con el senador PS Fulvio Rossi y con el propio Longueira. La aparición de estos nuevos antecedentes tiene complicada a la defensa de Contesse, no sólo porque las filtraciones puedan afectar su presunción de inocencia, sino porque coincide con un cambio en su estrategia jurídica.
El antiguo gerente general ha sido el imputado que más ha resistido el actuar de la fiscalía en el caso SQM. En un comienzo, su abogado llevó la pelea por la incautación de documentos de las oficinas de la empresa hasta el Tribunal Constitucional; luego, se negó sistemáticamente a declarar ante la fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos (SII) e incluso ante la consultora Shearman & Sterling, que fue contratada por sus ex empleadores.
En las últimas semanas, Contesse ha estado evaluando, por primera vez, entregar su testimonio al Ministerio Público. Según cercanos, el cambio de escenario tras la publicación de los correos con Longueira, la tensa relación con su antigua empresa -a la cual demandó- y una mayor confianza en el nuevo jefe de la investigación, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, son algunos de los factores que tienen al imputado clave negociando para entregar su versión.
La negociación
El miércoles 3, Donoso se reunió en reserva con el fiscal Gómez en Santiago. El defensor le manifestó que su cliente se ha mostrado ansioso con el encierro -lleva nueve meses bajo arresto domiciliario total-, pese a que en enero cambió su lugar de reclusión de Santiago a la localidad de Upeo, cerca de Curicó.
Donoso planteó la posibilidad de que Contesse declare a cambio de que el Ministerio Público no se oponga a una futura petición para rebajar la medida cautelar a una menos gravosa, como el arresto domiciliario nocturno. También mencionó que, de conseguir un acuerdo, su parte no rechazará la ampliación del plazo de investigación que Gómez pedirá el 25 de febrero.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, Donoso se abrió a la negociación por la idea de que el fiscal Gómez es “más prudente” de lo que fueron el ex fiscal nacional Sabas Chahuán y su equipo de investigadores, de los cuales sólo queda Carmen Gloria Segura en la causa, tras la renuncia de Emiliano Arias.
Pese al acercamiento, en el entorno de Contesse afirman que Donoso mantiene ciertas dudas al ver que algunas de las expectativas generadas con el nombramiento de Jorge Abbott como fiscal nacional no se han cumplido. Por ejemplo, las filtraciones de antecedentes de la carpeta investigativa a la prensa no han cesado, y aunque aún son investigadas por el fiscal regional metropolitano centro norte, Andrés Montes, no hay responsabilidades concretas. También le alarmaron las palabras de Gómez en su entrevista del viernes 5 de febrero con CNN Chile, cuando indicó que están en condiciones de formalizar sin querella nominativa.
“Ellos (SII) lo que deben hacer es querellarse o denunciar respecto de una determinada persona, para que nosotros podamos ejercer una acción penal, pero entendemos también que la acción de la formalización no es necesariamente el ejercicio de la acción penal, sino un acto de comunicación, un acto de garantía, en donde a una personas se le comunica que se le está investigando. Si a esa persona decidiésemos acusarla en algún momento, yo estimo que ahí sí necesitaríamos la acción del Servicio”, afirmó Gómez.
Desde el Ministerio Público aseguran que esto no contraviene el criterio de persecución penal propuesto por Abbott en el Senado, cuando fue ratificado para liderar la Fiscalía Nacional, dado que si bien es posible formalizar sin querella, la solicitud de medidas cautelares se hace impracticable sin el soporte de esa acción judicial. El nuevo equipo investigador también está consciente de que en casos de alto perfil público, como éste, la formalización deja de ser sólo un acto de garantía y tiene un costo social importante para los imputados. Siendo así, desde fiscalía aseguran que una eventual formalización sin querella sería excepcional.
Por otra parte, en el Ministerio Público también reconocen que obtener la declaración de Contesse sería un hito importante en la indagatoria, dado que es su firma la que autorizó la mayoría de los pagos a políticos que SQM realizó contra boletas o facturas ideológicamente falsas, pero tampoco están dispuestos a otorgarle beneficios si su declaración no es un “aporte sustancial” a las pesquisas. En esa línea, los fiscales aspiran a que Contesse reconozca su responsabilidad en los delitos tributarios que se le imputan para poder evaluar un juicio abreviado cuando llegue el momento.
“La gente se empieza a dar cuenta de que puede recibir penas efectivas y se asusta. Ya pasó en el primer abreviado del caso Penta. Sólo una colaboración sustancial puede llevar a una rebaja de pena”, comenta una fuente de fiscalía.
Una eventual declaración de la ex “mano derecha” de Julio Ponce deberá responder, primero, hasta qué punto la mesa directiva de la minera no metálica tenía conocimiento del financiamiento irregular a políticos para luego detallar, caso a caso, la relación entre quienes pidieron los fondos y los destinatarios finales del dinero. A pesar de que los correos están en entredicho, también debería hacerse cargo de los correos con Pablo Longueira, que podrían abrir una nueva investigación por otros delitos en la fiscalía competente, que en este caso sería la Metropolitana Oriente.
Fuente: La Tercera
