por Patricio Segura.
Un duro golpe al proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dio la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín.
Esto, durante la sesión del 17 de octubre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
La dirigenta ecologista, quien fuera candidata a la Presidencia por el movimiento ambiental chileno, pidió expresamente a los legisladores “suspender la tramitación del proyecto”.
Se sustentó en que como está planteada la iniciativa por el Ejecutivo es “un retroceso en los estándares de la legislación nacional en la materia”.
Son varias las deficiencias a las que Larraín apuntó, en los ámbitos de la participación ciudadana, la pertinencia comunal y regional, y la calidad del Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras.
En materia departicipación ciudadana “se acortan los plazos, dentro de la evaluación ambiental, para que la comunidad formule observaciones a los proyectos, bajando de 60 días a solo 30” explicó la dirigenta.
Además, “se reduce de 30 a 20 días el plazo de participación para realizar observaciones en los casos en que un estudio de impacto ambiental (EIA) requiera aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente a la iniciativa”.
Asimismo se elimina el derecho de la ciudadanía y los directamente afectados a pedir revisión de una resolución de calificación ambiental que aprobó un EIA o declaración de impacto ambiental (DIA) si cambian sustancialmente las condiciones o medidas, en relación a lo presentado originalmente, manteniendo esta atribución solo para el titular y la Superintendencia del Medio Ambiente.
También se suprime la posibilidad de pedir invalidación ante el director del SEA de las resoluciones que deniegan, rechazan o establecen condiciones a EIA o DIA. A esto se agrega que toda la tramitación sería por vía electrónica, lo cual es considerado discriminatorio y excluyente.
Uno de los aspectos más criticados ha sido concentrar el proceso de evaluación en solo 3 direcciones macrozonales:
Antofagasta, Santiago y Valdivia, quedando las unidades regionales restringidas a gestionar la participación ciudadana. Hoy este se realiza en cada una de las regiones del territorio.
“Esta reestructuración es un retroceso para la democracia ambiental, para la descentralización del país y para el control público de la toma de decisiones” señaló al respecto Sara Larraín. Esto porque “aleja y encarece la participación de las comunidades y organizaciones locales, distancia las decisiones sobre el territorio y el desarrollo regional, y dificulta el monitoreo y control ciudadano sobre las decisiones que afectan a la población y los territorios locales y regionales” apuntó.
Una de las figuras que precariza el involucramiento de la comunidad es la de “participación ciudadana anticipada”,donde el Estado apoya al titular y puede citar a otros organismos públicos para realizar recomendaciones, generando términos de referencia ambiental para preparar el EIA, incluyendo aportes económicos y sociales de los proyectos que serían validados por los tribunales ambientales.
Este proceso sería obligatorio previo a las EIA y voluntario antes de las DIA, siendo liderado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.
Sobre esto, la directora de Chile Sustentable señala que representa “un alto riesgo de captura de comunidades locales por las asimetrías de poder, información e incluso económicas”. Y en términos generales involucra “un diseño errático en cuanto al rol del Estado y falta de garantías el hecho que esta participación ciudadana anticipada sea liderada por un ente económico como Corfo, cuyo rol es facilitar la inversión”.
Por lo demás, la ingerencia de los tribunales ambientales está fuera de sus facultades.
El proyecto de reforma al SEIA también modifica los proyectos que deben ser sometidos a evaluación. Eximiendo de esta los de tipo inmobiliario en zonas latentes y saturadas; los de transporte, disposición o reutilización de sustancias tóxicas, explosivos, radiactivas, inflamables, reactivas y corrosivas; y las estaciones de combustible y caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.
A todo esto se agregan, entre otros, aspectos que atentan contra una mayor justicia socioambiental.
Se permite al SEA omitir total o parcialmente los fundamentos u observaciones no “suficientemente fundadas” o que excedan el marco de las competencias otorgadas a dicho órgano; se aumentan los plazos de caducidad de las resoluciones de calificación ambiental; se da carácter de vinculante a las respuestas a las consultas de pertinencia para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental; y los permisos ambientales sectoriales serían tramitados dentro del proceso de evaluación, lo que abre la puerta a una posible discrecionalidad del SEA.
Para Sara Larraín todo esto configura un cuadro en el cual el proyecto “es un retroceso en los estándares de la legislación nacional vigente en términos de participación ciudadana, calidad del SEA y menor articulación con la institucionalidad publica”. Y es “contradictorio con lo que Chile negoció y aprobó durante la tramitación del Acuerdo de Escazú, por lo cual recomendamos suspender la tramitación del proyecto y conformar una mesa técnica entre el Ejecutivo y los parlamentarios (y sus asesores) para revisar y evaluar su viabilidad y coherencia”.
Y si no hay voluntad política para aquello “lo mejor es rechazar la iniciativa” concluyó.
En este contexto, dio cuenta de las propuestasde la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria para la Reforma al SEIA, que nació como alternativa a la instancia presidencial convocada por el gobierno de Michelle Bachelet.
En la CSCP participaron 20 organizaciones, que junto a un grupo de legisladores dieron cuerpo a planteamientos para mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental actual, democratizando su operación y fortaleciendo su independencia y autonomía del sistema político, además de incorporar con mayor fuerza elementos de ordenamiento territorial, entre otras innovaciones.
Por lo pronto, la reforma al SEIA sigue su discusión, en primer trámite constitucional, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, la cual está integrada por Catalina Pérez (RD, quien preside la instancia), Sebastián Álvarez (Evopoli), José Miguel Castro (RN), Cristina Girardi (PPD),Félix González (Ecologista), Diego Ibáñez (ind. Frente Amplio), Amaro Labra (PC), Karin Luck (RN), Celso Morales (UDI), Gastón Saavedra (PS),Sebastián Torrealba (RN), Fernando Meza (PRSD) y María José Hoffmann (UDI).
