Mientras Julio Ponce hace fintas y maniobras para mantener el control de SQM, al punto que ha desembolsado diez millones de dólares para adquirir acciones en medio de la debacle, las presiones en su contra van en aumento, en tanto la minera es investigada por presuntos delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y financiamiento trucho de campañas políticas. SailingStone Capital Partners, uno de los inversionistas extranjeros con importante presencia accionaria, exige la salida del ex yerno de Pinochet. En paralelo, removido el molesto obstáculo colocado por el Tribunal Constitucional, el Octavo Juzgado de Garantía autorizó al equipo investigador de la Fiscalía para allanar las oficinas de la compañía. En respaldo de una denuncia que hicimos la pasada semana, el Fiscal Nacional ordenó investigar el retiro de computadores desde la sede corporativa.
Hace rato que la crisis de SQM traspasó las fronteras de Chile. La coyuntura que afecta a la minera es motivo de una preocupación creciente en Wall Street. De hecho, esta mañana SailingStone Capital Partners envió una carta a SQM, con copia a la SEC y al Nasdaq, pidiendo la salida de su presidente, Julio Ponce, del director Patricio Contesse Fica y una total renovación del directorio.
“Es inapropiado para cualquier director que ha sido encontrado culpable de uso de información privilegiada el sentarse en la mesa de una compañía que se transa en bolsa”, afirmó SailingStone Capital Partners, fondo de inversión que también pide la salida de Patricio Contesse Fica, el hijo del ex gerente general Patricio Contesse G.
El Diario Financiero detalla que el fondo posee un 14,98% de acciones de la serie, y de ahí la importancia de la arremetida.
SailingStone Capital Partners criticó a Ponce por su actuar en el directorio de la empresa, así como por el “fracaso como presidente para crear y reforzar prácticas de gobierno corporativo razonables”.
La administradora de fondos, con foco en inversionistas institucionales, señaló que desde octubre del año pasado que vienen sosteniendo conversaciones con el directorio de SQM, expresando sus preocupaciones respecto de la falta de independencia del directorio y los conflictos de interés que existen entre sus miembros, los mismos que hoy impiden a la sociedad abordar adecuadamente las recientes acusaciones por donaciones ilegales a campañas políticas.
Según sostuvo, nunca han tenido respuesta a sus inquietudes y desde entonces sólo han visto partir a tres directores representantes de PCS, debido a que comparten las mismas preocupaciones: “La renuncia de los directores de Potash Corp sólo ha aumentado nuestra preocupación de que el directorio está actuando más en los intereses del Presidente que los otros accionistas en un momento crucial para la compañía”.
El inversionista dijo sobre el hijo del ex gerente, quien había frenado la investigación luego de interponer un recurso en el TC -el que ayer fue declarado inadmisible-, que “no es conveniente que Patricio Contesse Fica vote sobre cualquier cuestión en este momento debido a los evidentes conflictos que existen entre él, la empresa, y el directorio. Sin su participación, creemos que el directorio ya no tendría un quórum con el que tomar decisiones hasta que los nuevos nominados fueran elegidos por los accionistas en la próxima junta de accionistas en abril”.
“Creemos que la inacción de la Junta está teniendo un impacto muy negativo en la reputación de la empresa, su precio de la acción, y el valor de nuestra inversión. En pocas palabras, los directivos de la empresa no están cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias para con los accionistas de SQM”, manifestó el fondo.
Por ello es que “con el fin de restaurar la credibilidad en SQM, instamos a los directores para trabajar con todos los accionistas para crear una propuesta de reestructuración del directorio y resolver las cuestiones de gobierno corporativo. Creemos que estos cambios se deben realizar con el fin de reparar la reputación de la empresa, que la dirección pueda centrarse en las operaciones, y proteger los intereses de los propietarios minoritarios”.
Así es como en la carta se pide la salida de Julio Ponce y que sea reemplazado por otro ejecutivo hasta las elecciones de abril, “debido a sus propios conflictos de interés personales con otros accionistas, así como su fracaso como presidente para crear y hacer cumplir las prácticas razonables de gobierno corporativo. No es apropiado para cualquier director que ha sido declarado culpable de abuso de información privilegiada sentarse en un consejo de una empresa que cotiza en bolsa”, aseveró el fondo en relación a la reciente sanción que cursó la SVS en el marco del Caso Cascada.
“Por otra parte, la relación personal entre Julio Ponce y el ex gerente general, Patricio Contesse, parece haber impedido al directorio participar en una evaluación verdaderamente independiente de las acusaciones de las donaciones ilegales de campaña presentados contra la empresa, lo que dio lugar a la renuncia de los directores de Potash Corp. El directo rol del Presidente en estas fallas de gobierno corporativo ha repercutido negativamente en la empresa y sus accionistas. La mejor manera de abordar las preocupaciones con respecto a la independencia de la Junta, la percepción de la empresa y sus prácticas de gobierno corporativo en el futuro es evitar a cualquier y todos los directores que han participado de estos escándalos, incluyendo el actual Presidente”, expresó.
SailingStone también pidió la inmediata renuncia de Patricio Contesse Fica –hijo del ex gerente general, Patricio Contesse González–, “debido a los conflictos de interés asociados a la salida de su padre. No es apropiado que Patricio Contesse F. vote sobre cualquier materia dados las evidentes conflictos que existen entre él, la empresa, y el Consejo de Administración. Sin su participación, creemos que el directorio ya no tendría un quórum con el que tomar decisiones hasta que los nuevos nominados sean elegidos por los accionistas en la próxima junta de abril”.
Reformas al directorio
El fondo también pidió reestructurar todo el directorio, exigiendo como mínimo la representación de todos los accionistas, incluyendo a PCS Potash Corp y los accionistas de la Serie B, quienes sólo pueden elegir a uno de los 8 miembros de la mesa.
“Otra alternativa sería la de nombrar a una pizarra completamente independiente de directores”, agrega el mánager. También pide nominar a un presidente independiente, sin afiliación a ningún accionista. “Teniendo en cuenta los conflictos que existen en la actualidad, creemos que esta es la única manera de garantizar que se cumplan las normas mínimas de gobierno corporativo”, prosiguió.
Y, de paso, criticó la composición del Comité Ad Hoc que creó SQM para enfrentar la investigación del Ministerio Público. Al respecto, pidió crear una comisión verdaderamente independiente, sin representantes del accionista controlador, y permitir contratar un abogado independiente en Chile y en EE.UU. para revisar y resolver las supuestas donaciones ilegales de campaña.
“El directorio tiene la obligación legal de tomar decisiones que sean en interés de todas las partes interesadas, y esperamos que los consejeros puedan defender sus deberes fiduciarios en consecuencia”, finalizó el fondo con la firma de sus socios Martin Engel y Ken Settles.
Según Sailing Stone, la presencia de Ponce Lerou en el directorio impediría que la compañía siga una estrategia adecuada mientras está siendo investigada por el Ministerio Público, que esta jornada se preparaba para volver a allanar las oficinas de la empresa, ubicadas en la comuna de Las Condes.
“La inactividad de la mesa está teniendo un impacto negativo en la reputación de la compañía, el precio de su acción y el valor de nuestra inversión. En nuestra opinión, en palabras simples, los directores de la compañía no están cumpliendo con su deber fiduciario con los otros accionistas de SQM”, dice la carta enviada a la SEC y firmada por los socios de la administradora Martin Engel y Ken Settles.
Ante esta situación, ellos piden que en la próxima junta de accionistas -a realizarse en abril- se rearme el directorio y se garantice la presencia de todos los propietarios, entre ellos la canadiense Potash Corp.
“El directorio actual no debería tomar decisiones fundamentales, incluyendo aquella en relación a los dividendos, hasta que la mesa actual sea reestructurada”, sostienen.
Escala el frente internacional en la crisis
La arremetida del fondo de inversión con sede en San Francisco es otro episodio más del frente externo que enfrenta Julio Ponce producto del caso SQM. La semana pasada se produjo un quiebre al interior del directorio, luego de que abandonaran la empresa los tres representantes de PCS. Esto se produjo una vez que habían “exigido una investigación exhaustiva, transparente e independiente de la empresa”.
Como el directorio se negó, Wayne Brownlee, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero dieron un paso al costado.
Ante esta situación, la canadiense analiza si mantendrá su presencia o no en la minera.
A la par de eso es que se empezaron a gestar demandas colectivas desde Estados Unidos por accionistas que compraron ADRs de SQM en la Bolsa de Nueva York, quienes se quejan por haber perdido plata por la baja en el precio de las acciones.
Este jueves, la empresa, a través de su gerente general, Patricio de Solminihac, volvió a admitir que hubo pagos truchos por 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 a cambio de boletas o facturas falsas. A través de éstas es que habrían desviado platas negras a campañas políticas.
En ese escenario es que la Fiscalía se dejará caer para realizar un nuevo allanamiento en la empresa.
Fiscalía allana oficinas de SQM tras caer el escollo del TC
Luego de que ayer el TC declarara inadmisible el recurso presentado por el ex gerente Patricio Contesse G., el Octavo Juzgado de Garantía autorizó al Ministerio Público a proceder con medidas intrusivas -allanamientos e incautaciones. Los persecutores ya llegaron hasta las oficinas de la empresa del zar del litio. Fiscales buscan sacar el velo a presuntos delitos tributarios, de cohecho, apropiación indebida y financiamiento de campañas políticas con platas negras.
Esta tarde el Octavo Juzgado de Garantía le dio el pase a la Fiscalía para que se meta de lleno a las entrañas de SQM y pueda incautar información contable entre los años 2009 y 2014, que le permita develar si detrás de esta trama existen delitos tributarios, de cohecho, apropiación indebida y financiamiento de campañas políticas con platas negras.
La luz verde que esperaba el Ministerio Público llega luego de que ayer por la tarde el Tribunal Constitucional (TC) declarara inadmisible el recurso presentado por el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, que tuvo detenidas las medidas intrusivas en las oficinas de la minera.
“Se hace lugar a la petición del Ministerio Público y en consecuencia se dispone la autorización conforme al artículo 205 del Código Procesal Penal, de entrada y registro a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A., RUT N° 93.007.000-9, domiciliada en Los Militares 4290, comuna de Las Condes, y a la incautación de los libros de contabilidad y sus respaldos de la citada empresa y en particular de los libros de compra y venta, el libro diario, el libro mayor, el libro de retenciones de honorarios y los balances, en formato físico o electrónico, además del plan de cuentas de la sociedad, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012?, informó el tribunal.
Estas diligencias apuntan a develar si hubo egresos de dinero a terceros sin el respaldo correspondiente.
La propia empresa, a través del gerente general, Patricio de Solminihac, reconoció que hubo pagos por 11 millones de dólares que pueden ser cuestionados por el SII.
En ese sentido, De Solminihac apuntó a la figura de el ex gerente Patricio Contesse como el gran responsable. De hecho lo acusó de ser algo así como el Hugo Bravo de SQM; es decir, el jefe de la billetera de las platas políticas.
El escrito del tribunal recogió además que “cabe consignar que el Ministerio Público investiga diversos hechos delictivos, a saber, delito tributario del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado, cohecho y fraude de subvenciones; hechos ilícitos respecto de los cuales los antecedentes de investigación expuestos en la solicitud dan plausibilidad a la existencia de los mismos, esto es, antecedentes sobre: diversos egresos de la empresa Soquimich en favor de distintas personas naturales y jurídicas” sin que exista constancia de servicios reales efectuados.
El Tribunal también se refirió a la querella que presentó este lunes el SII y que posteriormente fue ampliada. El Servicio tiene una lista de 12 y de 13 sospechosos, a los que tiene bajo la lupa.
PDI investiga retiro de computadores desde SQM
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que investigue un retiro de computadores efectuado el pasado 11 de marzo desde las oficinas de SQM, días antes de que la minera entregara en forma «voluntaria» su información contable al Servicio de Impuestos Internos.
El diario El Mercurio publicó el domingo 15 de marzo una fotografía en la que se observaba a dos personas sacando CPUs desde SQM y subiéndolas a un auto, justo en momentos en que el Ministerio Público le había solicitado la entrega de su contabilidad entre los años 2009 y 2014.
El retiro fue supuestamente efectuado por «personal de soporte», pero desató una serie de sospechas y sembró «incertidumbre» en la opinión pública, los medios de comunicación y actores políticos.
Ante esto, la Fundación Ciudadano Inteligente, en su calidad de querellante, le pidió Sabas Chahuán que se investigara el incidente.
«Se pide determinar la marca del vehículo e identificar las personas que realizaron el retiro de los computadores de las oficinas de SQM, tomarles declaración en calidad de imputados, determinar a qué empresa pertenecen, el motivo del retiro de las CPU y el actual paradero de las especies señaladas», que se exige sean devueltas, indica el documento, según consigna hoy La Tercera.
Tras la petición de Ciudadano Inteligente, el fiscal Chahuán emitió un oficio a la Bridec de la PDI el 19 de marzo, pidiendo a esa unidad «realizar las diligencias necesarias para averiguar el origen y destino de los equipos computacionales que se observan en la fotografía publicada (…) en especial tomar declaración a testigos de los hechos».
