La demanda presentada por accionistas minoritarios de SQM, y que se reactivó en Estados Unidos, debido a que dichos socios acusan que no conocían los aportes políticos y que la empresa omitió esa información a ellos y a las autoridades competentes, presenta un diagrama que muestra la diversificación de los pago a representantes de casi todo el espectro político chileno.
La demanda contra SQM que reactivaron minoritarios en EE.UU.
“El fraude en el epicentro de esta acción consiste en la corrupción política, el soborno y la evasión fiscal del mayor productor de litio del mundo e implica a muchos de los más poderosos líderes de empresas y del Estado de Chile”. Así parte la demanda de 106 páginas que presentó un grupo de accionistas minoritarios de SQM en Estados Unidos ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Los demandantes advierten sobre los efectos financieros que tuvo en los tenedores de American Depositary Shares (ADS, acciones de SQM en la bolsa neoyorquina) la investigación penal que se mantiene en Chile por entrega de boletas sin respaldo a políticos y supuesto ocultamiento de información desde la empresa a los accionistas.
“Por un período de al menos seis años, SQM, una de las compañías más grandes de Chile, está acusada de haber canalizado millones de dólares en donaciones ilegales de campañas mediante el pago de cientos, y probablemente miles, de facturas falsas a políticos, partidos políticos y conexiones entre políticos y empresas, con el fin de controlar el gobierno y ganar influencia en todo el espectro político de Chile”, dice el escrito presentado el 15 de enero a la corte.
La class action (acción de clases), como se le conoce a estas demandas colectivas, es liderada por el fondo de pensiones inglés Tyne and Wear (que recibe el nombre legal de Lead Plaintiff) y es representado por el estudio de abogados norteamericano Robbins, Geller, Rudman & Dowd LLP y reúne cinco demandas de fondos e inversionistas minoritarios que ya habían demandado durante 2015 de manera independiente.
En cuanto a los perjuicios que tuvo para los accionistas la denuncia conocida el año pasado, el monto llegaría a los US$ 4,4 millones, pero sólo para el caso de este fondo de pensiones que posee 125.736 miembros. Será el juez el que determine qué otros afectados serían beneficiados con una posible indemnización. Sin embargo, mencionan que cuando se conoció la investigación relacionada a SQM, el precio del ADS cayó 15%, y cuando renunciaron tres directores a la mesa, otro 15%.
SQM, en tanto, es representada en EE.UU. por el estudio Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. La minera no estuvo disponible para comentar sobre esta demanda.
El relato
En la demanda, los abogados del estudio, que se especializa en class action -por ejemplo, tiene una demanda contra Volkswagen por el escándalo del software de emisiones manipulados-, dicen que recabaron información pública que la empresa envía a los reguladores de Chile y EE.UU., comunicados de la propia SQM y artículos de prensa. Y a partir de ello elaboran un extenso relato de los hechos.
Citan un artículo del The New York Times de abril del año pasado y concluyen que “la corrupción por parte de SQM es de larga data y generalizada, llegando a las altas esferas del gobierno de Chile, incluidos los miembros de la coalición de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet”.
En la demanda comentan que SQM realizó aportes transversales a la política. “Mientras que los pagos ilícitos de Penta se limitaban a un solo partido, los de SQM se hicieron a los partidos de todo el espectro político de Chile”. Y para ejemplificar esto, lo ilustran. En la página 30 de la demanda, un diagrama (ver infografías) ubica a SQM al centro y ramifica los nombres de los políticos que recibieron aportes. Allí se mencionan, por ejemplo, a Claudio Eguiluz y Cristián Monckeberg de RN, y a René Madariaga y María Valentina Martínez, del PS.
También presentan un mapa con las conexiones de las boletas a políticos y cómo llegan hasta autoridades de gobierno, actuales y pasadas: la Presidenta Michelle Bachelet, Alberto Arenas, Rodrigo Peñailillo, Eduardo Frei, y Pablo Wagner.
En la misma presentación adjuntan un listado de 10 páginas que incluyen 395 rectificaciones ante el SII realizadas por SQM y SQM Salar, donde se repiten los nombres que investiga la Fiscalía: Giorgio Martelli, Clara Bensan, Cristián Warner y Lily Zúñiga.
Entre otras pruebas, mencionan las entregas de resultados de SQM trimestralmente desde 2009 a 2014 (período investigado por el Ministerio Público) y donde la empresa hizo “declaraciones y omisiones falsas y engañosas” por no informar de las boletas sin respaldo. También comentan sobre el correo entre Patricio Contesse, ex CEO de SQM, y el senador del PS, Fulvio Rossi, quien agradece por el apoyo a candidatos de su partido.
En el diagrama, que pone a SQM en el centro, aparecen las empresas y los nombres que ligan a diversos políticos, desde la Presidenta Michelle Bachelet al ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami; pasando por el ex presidente Eduardo Frei; el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; y el subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera y formalizado en el caso Penta, Pablo Wagner.
Dentro del documento de 106 páginas aparecen además las 395 rectificaciones de SQM y SQM Salar donde vuelven a aparecer los nombres de quienes ya son investigados por el Ministerio Público chileno; Giorgio Martelli, Clara Bensan, Cristián Warner y Lily Zúñiga, entre otros.
Fuente: La Tercera
