Dentro de la bruma que rodea al caso, hay al menos una certeza: SQM oculta algo gordo. Aún al costo de una ruptura al interior del Directorio, Julio Ponce Lerou impuso su posición de bloquear la entrega de la contabilidad a la Fiscalía. Una de las posibilidades mencionadas, es que esté ganando tiempo para la prescripción. No menos extraño es lo que ocurre entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. Este último aduce que la Fiscalía no le ha entregado datos suficientes para entablar una querella criminal, única manera de que la Fiscalía acceda a la información financiera de SQM sin restricciónes de ningún tipo. Sin embargo, la abogada Marisa Navarrete, quién descubrió el fraude al FUT, asegura que Impuestos Internos tiene información de sobra para iniciar una querella. A propósito, hay todavía una segunda certeza: con la denominada «arista» SQM, hay tema para rato. Por ahora, ofrecemos todas las arista de la arista.
Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT: “Hay antecedentes suficientes en caso SQM para una denuncia. Lo que está haciendo el SII es incomprensible”
por Consuelo Olguín
Que el Servicio de Impuestos Internos presente o no una querella contra la empresa Soquimich es lo que tiene, por estos días, parada la investigación de la Fiscalía para indagar en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Y la abogada penalista Marisa Navarrete lo sigue de cerca.
La razón: Marisa Navarrete fue quien destapó el caso fraude al FUT en 2013, cuando trabajaba en Impuestos Internos. Meses después el caso escalaría a niveles que la abogada nunca imaginó, desenredando una madeja que incluye al caso Penta y sus más variadas aristas, entre ellas la de SQM.
Las pocas acciones que han realizado el órgano en esta materia «hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza», dice.
Cuando el director del SII, Michel Jorratt, informó ayer los planes de fiscalización que realizará el organismo, la verdadera atención estuvo centrada en otra área. En su posición frente a la arista SQM, el spin off de la serie llamada Penta, que amenaza con convertirse en todo un drama.
Esa caja de Pandora que se sospecha, podría destapar casos de financiamiento irregular de campañas políticas en todo el espectro: de la Alianza a la Nueva Mayoría.
Es precisamente el SII el único que tiene la llave para abrir esa caja. Es dicho organismo, el que debe querellarse para que la Fiscalía pueda investigar. Eso hizo en el mes de enero, cuando el SII anunció que solicitaría investigar toda la documentación contable de SQM entre 2009 y 2014.
Pero luego el SII decidió retroceder, restringiendo la solicitud de la información contable de SQM solo a un mes: julio de 2009. Aún así aparecieron boletas relacionadas con una ex asesora del senador Fulvio Rossi y del hijo del diputado Roberto León, quienes señalan que las boletas corresponden a servicios que sí se entregaron.
Ante esto, el lunes de esta semana la Fiscalía decidió tomar la iniciativa: los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena -parte del equipo de Sabas Chahuán- visitaron las oficinas de SQM para pedir la entrega voluntaria de la documentación contable entre 2009 y 2014.
La respuesta de la minera llegó el miércoles de mano del abogado Samuel Donoso, quien en representación del gerente general de SQM, Patricio Contesse, interpuso un recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para frenar la entrega de información contable de la empresa al Ministerio Público.
Ese mismo día, la empresa SQM se desmarcó de la acción judicial de su propio gerente, señalando que evaluaría la solicitud de la Fiscalía sobre entregar dicha información contable. El giro se explica por lo que quedó en evidencia ayer jueves: los quiebres al interior del directorio de SQM.
Mientras una parte minoritaria del directorio declaró estar por “entregar voluntariamente y a la brevedad” la información requerida por Fiscalía, el grupo cercano a Ponce Lerou impuso su postura: en votación dividida, el directorio de SQM resolvió “solicitar un informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria, y en conformidad con las leyes vigentes, la información requerida por el fiscal Sabas Chahuán”.
Paralelamente, el director del SII, Michel Jorratt, habló ayer ante la prensa. Y “tiró la pelota” al lado de la Fiscalía, señalando que consideraba “insuficientes” los antecedentes del Ministerio Público para presentar una querella contra SQM. Incluso, el director del SII descartó alguna presunta presión del Ejecutivo, aludiendo a su vínculo con el comando de Michelle Bachelet durante la campaña. Eso sí, reconoció que podía evaluar inhabilitarse si en el caso SQM hay algún personero de Gobierno o de la Nueva Mayoría involucrado.
Una opinión diametralmente distinta tiene Marisa Navarrete, la abogada que destapó el caso fraude al FUT en 2013 cuando trabajaba en Impuestos Internos. Sobre las presiones, en entrevista con El Dínamo señala que cuando trabajó al interior del SII fue testigo que “de forma indirecta uno podía apreciar ciertas situaciones que no se condecían con la actuación regular de un funcionario público“, a lo que añade que “cuando habían situaciones que a uno le podían parecer sospechosas, se decidía de arriba que no se hicieran nomás“. Lo que finalmente se traducía en dejar de investigar.
-En la arista SQM del caso Penta Impuestos Internos determinó, en primera instancia, investigar la documentación contable de la empresa del 2009 al 2014, pero después lo acotó solo a julio de 2009. ¿A qué atribuye ese cambio y al hecho que ahora no presente ninguna querella?
-Eso es absolutamente irregular porque ellos mismos son los que primero señalan algunos años y luego las acotan. Alguna justificación tendrán que tener para hacer aquello, pero evidentemente no puede ser la falta de antecedentes porque lo presentaron al inicio. Desde mi punto de vista no corresponde hacerlo.
Ahora, por qué decidió eso es entrar a especular en los factores que podrían haber influido. Lo que yo simplemente señalo es que el organismo público debe fundamentar sus decisiones y eso a mí parecer no lo está haciendo, al señalar que todavía no pueden (presentar la querella) porque están haciendo una recopilación de antecedentes. Aquí hay antecedentes suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que está haciendo el Servicio es incomprensible. En el caso de La Polar, por ejemplo, nosotros presentamos una querella criminal sin que existiera un informe de recopilación de antecedentes. Esa es la fundamentación de por qué creo que esa respuesta del SII no es válida. En los casos en que yo estuve así se hizo.
-¿Impuestos Internos se está convirtiendo en la piedra de tope para indagar en la arista SQM del caso Penta?
-Es evidente con lo que hemos visto en la prensa. A ello se suma lo de ayer, cuando se supo de esta cautela de garantía que presentó la defensa, basándose precisamente en que la fiscalía no tiene atribuciones para poder incautar porque no se ha presentado ninguna acción de parte de Impuestos Internos. Eso hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza.
Comisión investigadora Caso Penta
-Michel Jorratt dijo que el SII “no obedecía órdenes del Ejecutivo”. A raíz de su experiencia en ese lugar, ¿Impuestos Internos recibe algún tipo de presión política para investigar o dejar de investigar?
-El cargo que yo tenía era de jefa de la oficina de litigación penal y yo entré por concurso público, no era un cargo político, ni siquiera de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, si existiera algún tipo de presión no me llegaban a mí. Las personas que estaban ahí, ya sea por confianza o Alta Dirección Pública, quienes habían sido nombrados por el gobierno de turno, evidentemente ellos tendrán que dar esa respuesta.
Yo personalmente no recibí ningún tipo de presión, pero sí de forma indirecta uno podía apreciar ciertas situaciones que no se condecían con la actuación regular de un funcionario público. Por ejemplo, en el caso que me pasó a mí, que por tratar de denunciar un delito hubo todo un proceso que tuve que vivir y que terminó en una forma indirecta de echarme. O sea, no hay una verbalización de una presión, pero uno puede sacar sus propias conclusiones a través de consecuencias que viven algunos funcionarios que hacen su trabajo y que posteriormente es removido y no dan explicaciones.
-¿De qué manera se percibían esas presiones externas?
-Ese tipo de cosas son parte del secretísimo que hay en ciertas organizaciones y cuando habían situaciones que a uno le podían parecer sospechosas, se decidía de arriba que no se hicieran no más.
-Entonces se manifestaba en el dejar de hacer una investigación.
-Exactamente, dejar de hacer una investigación.
-¿El director del servicio debe dar garantías de independencia de los poderes del Estado?
-Cuando estamos hablando de delitos tributarios esa posibilidad (de presentar acciones) las tiene solo el Servicio de Impuestos Internos y si eso va a estar sujeto a la política, creencias o doctrinas que pueda tener un director del Servicio de Impuestos Internos, nos encontramos en bastante mal pie porque no podemos dejar de acusar el golpe que ha significado el descubrir delitos tributarios gravísimos.
-Respecto a la arista del caso Penta en el que están involucrados parlamentarios, ¿es necesario que el SII presente una querella contra los políticos que emitieron boletas ideológicamente falsas, dado que se trata de un delito tributario?
-Respecto al delito de facilitación, confección o venta de boleta o facturas falsas con el objeto de que otro cometiera el delito, evidentemente hay antecedentes claros e incluso reconocidos, de que facilitaron boletas falsas. Porque no es verdad que se hizo la prestación que se dice. Es decir, están los presupuestos básicos de un delito de esa naturaleza. A mí me parece que evidentemente el SII tendrá que resolver por qué razón no se va a querellar contra los políticos.
Puede hacerlo o no a su discreción, pero todos los órganos públicos están sujetos a una obligación de fundamentar la razón por la cual se ejerce una atribución o no. Pero con los antecedentes que hay, a mí me parece que sí hay indicio de que cumple un delito y para eso se hace una investigación. Además, lo que me parece grave es lo que señala el director es que el tema político es importante, pero no necesariamente en el ámbito tributario. Que lo digan los políticos puede ser, pero que lo diga el director del SII no me parece.
-Ripley, Alsacia y Corpbanca son empresas que también recibieron boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas ¿Por qué cree que no se ha extendido dicha investigación a ellas?
-Ignoro qué está haciendo Impuestos Internos. No sé si efectivamente están haciendo o no una recopilación de antecedentes, así que no puedo responder la pregunta. Pero si en Soquimich se encontraron indicios para establecer que había una boleta falsa, de la misma forma, si hay indicios que permiten sostener que otras empresas también hicieron esto tienen que hacer lo que corresponde, que es poner en antecedente al Ministerio Público la denuncia con el fin de que sea él quien ejecute todas las diligencias necesarias.
Fuente: El Dínamo
Marisa Navarrete, ex abogada del Servicio de Impuestos Internos: “El SII está obstaculizando la investigación de la Fiscalía”
por Alejandra Carmona
Pese a que el Ministerio Público puede investigar con manga ancha, no puede formalizar si no existe una denuncia o querella del SII, un organismo sobre el cual han caído diversas críticas. La mujer que tiró la hebra de fraude al FUT –que hoy tiene a empresarios y políticos de rodilla– cuestiona los tiempos que se ha tomado el servicio para presentar acciones penales.
En noviembre pasado, la Fiscalía envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) una serie de declaraciones que hablaban de la posible utilización de boletas falsas en otras empresas además de Penta. Sin embargo, bajo el argumento de que se encuentra recopilando antecedentes, el SII no ha presentado acciones penales. Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos y quien entregó los antecentes de fraude al FUT que comenzó a desenredar la trama político-empresarial, discrepa de cómo el servicio se ha manejado en este caso.
-El suddirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, dijo que los antecedentes que ha entregado la Fiscalía han sido insuficientes. ¿Considera que sea así?
-Yo discrepo un poco de lo que se dijo porque tuve la oportunidad de ver la querella que se interpuso contra Pablo Wagner y María Carolina de la Cerda y allí lo que hizo el servicio fue precisamente ejercer la acción penal respecto de ellos y contra todos los que resulten responsables. Cuando el servicio pone esa frase entiende que la acción no sólo se dirige a esa persona que se está señalando sino que a cualquier otra que en el curso de la investigación se determine como autora de aquellos delitos.
Los delitos por los que se querella el SII fueron tres: declaraciones maliciosamente falsas, la obtención indebida de impuestos y la facilitacion de boletas. Ese es el marco que ha establecido el Servicio de Impuestos Internos. Y si uno mira los hechos, dicen que María Carolina de la Cerda confeccionó boletas a un número de empresas de las cuales está Penta, por supuesto, pero también estaba la empresa SQM. Dice que ella facilitó boletas entre el año 2009 y 2014 y ahí está el rayado de cancha. ¿Qué hace el servicio después? Presenta una limitación a las diligencias en cuanto a la contabilidad de la empresa Soquimich.
-Pero el SII insiste en que no reingresó la querella, sino que la presentó y luego clarificó en un otrosí el período de investigación.
-Lo que se hace en un otrosí por requisitos de admisibilidad de una querella es proponer, sugerir diligencias al Ministerio Público y eso lo rectificó a través de un escrito posterior.
-¿Y eso le parece irregular?
-No sé si irregular, pero sí es extraño porque nunca, de los dos años que estuve en el SII se hizo una rectificación o una aclaración de diligencias de esa naturaleza. No corresponde porque evidentemente es el Ministerio Público el único órgano habilitado para ejercer la acción penal para investigar los delitos y en ese marco las sugerencias de diligencias que haga un querellante son eso, meras sugerencias y el Ministerio Público podrá aceptarlas o determinar otras, mayores incluso. Por lo tanto, por esa vía intentó limitar el período, por así llamarlo, pero no le obliga al Ministerio Público, por eso el Ministerio Público se siente totalmente facultado de investigar a Soquimich.
Según Navarrete, el marco fáctico se lo da la propia querella “y esa interpretación que se da de limitar es una sugerencia, y el Ministerio también puede investigar a quienes registraron esas boletes y que cometen los mismos delitos. Cuando un sujeto facilita boletas a otros hay dos personas que cometen delitos: la persona que facilita la boleta y aquella que la usa para rebajar el impuesto. Aquí tenemos la primera parte, el facilitador, pero también necesitamos investigar a aquel que la usó; dentro del mismo hecho, no es posible separar”.
“Caso contrario se hizo en la querella del 24 de febrero que fue contra empresas Penta y de otros. Ahí no se utilizó la expresión ‘y contra aquellos que resulten responsables’ y es extraño porque el 99% de las querellas que presenté yo mientras estuve en el SII fueron todas agregándole esta parte, porque el SII esté en conocimiento perfecto a lo que se refiere eso y eso se hace”, señala la abogada.
-El SII ha dicho que necesita recopilar más antecedentes, que no pueden querellarse por la declaración de una persona.
-Las recopilaciones de antecedemtes son solamente informes administrativos que tienen por objeto una accion penal, cuando no tenga otro fundamento.
-¿Y eso demora tanto? Porque si la Fiscalía manda un informe con una serie de empresas y declaraciones en noviembre y estamos a mediados de marzo… ¿Es un tiempo prudente para un servicio de esta envergadura que también tiene otras causas?
-Hoy cuando hay una investigación penal de un caso madre, hoy día si el SII se pone a hacer investigaciones, está haciendo una investigación paralela al Ministerio Público que es absolutamente inconstitucional y estos famosos informes de recopilacion de antecedentes han sido objeto de cuestionamientos tanto en el Tribunal Constitucional y en las Cortes de Apelaciones, porque previenen de una investigación administrativa y también de un ente que esta involucrado, porque es querellante. Por eso, cuando hay un delito penal, ellos se tienen que abstener y dejar al Ministerio Publico que investigue, porque ya ejerció la acción.
Al contrario, en el caso de Penta, allí no se han querellado contra otros delitos… no están incluidos políticos que se han mencionado que habrían facilitado boletas a Penta. No podrían hoy día dirigirse el Ministerio Público contra aquellos porque no estan nominativamente señalados en la querella del servicio, y el servicio ha limitado con la querella del 24 de febrero excluyendo la frase ‘contra aquellos que resulten responsables’.
-¿Es decir que con esta última querella lo que hizo el SII es dejar fuera a los políticos?
-Están fuera. No hay posibilidad de investigarlos con esa querella. Hay una inconsistencia evidente del criterio del SII, porque si vemos la querella de Wagner, allí se le acusa a Wagner no de haber confeccionado las boletas sino de haber facilitado boletas realizadas por doña María Carolina de la Cerda, pero él es el que se la facilita y es quien la recibe de la empresa. Es la misma situación que se produce con el resto de los politicos. Entonces por qué en un caso sí y por qué en otro caso no? Esa respuesta no la puedo dar yo.
-Una de las afirmaciones que hizo el director del SII, Michel Jorrat, es que el SII no recibe presiones políticas. ¿Es así?
-Mi cargo era de concurso público, no de alta confianza ni de alta dirección pública. Pero me imagino que, si existieran presiones, se dirigen a otros, como el director o subdirector, pero no a nivel medio, que era donde estaba yo. No recibí directamente ninguna presión, pero si tú ves cómo suceden las cosas, las presiones también pueden ser indirectas. Si tú recuerdas lo que me pasó a mí en el servicio, yo no recibí presiones para no denunciar, pero no solamente no se denunció sino que se hizo toda una persecución, por así llamarla, laboral, destinada a que finalmente me echaran del SII, entonces es algo que no es expreso, pero es tácito. No se quería denunciar a un funcionario que era el contacto directo o empleado paralelo de Penta. O sea, este sujeto (Iván Álvarez) que era empleado de Penta al interior del servicio, durante tantos años, no se quería denunciar… qué razón había para no denunciar a un sujeto que ahora se expone a 15 años de cárcel y fue nuevamente formalizado.
-¿Cree que el SII está torpedeando la investigación de la Fiscalía?
-El SII está obstaculizando la investigación de la Fiscalía desde el punto de vista que hoy día con esta petición pone en duda las facultades del Ministerio Público. O sea, presenta una querella amplia como corresponde, pero luego, con este escrito, donde limita el periodo, lo pone en duda.
Fuente: El Mostrador
El portazo del SII a la Fiscalía para investigar boletas políticas en SQM y otras empresas
por Alejandra Carmona
El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, dijo que los antecedentes que mandó en noviembre la Fiscalía para investigar a otras empresas y otros períodos de SQM -más allá de julio de 2009- han sido insuficientes para que el servicio inicie acciones penales y con eso dé carta blanca al Ministerio Público para investigar. Es parte de los escollos con los que se han encontrado los persecutores, a pesar de que las conversaciones “de más alto nivel” entre ambos organismos se han intensificado en los últimos días y han tenido más victorias: el 8° Juzgado de Garantía rechazó la petición del gerente general de SQM para “abstenerse de realizar diligencias”.
El miércoles, pasadas las once de la mañana, el grupo de fiscales que investiga el llamado caso Penta, se sentó en una de las oficinas de la Fiscalía Nacional a analizar el escenario. La victoria estaba sobre la mesa, después que el juez Juan Manuel Escobar accediera a las peticiones de prisión preventiva de los controladores de Penta el fin de semana. Sin embargo, en el escenario volvía a aparecer un fantasma: el dispar ritmo que la Fiscalía ha llevado con el Servicio de Impuestos Internos y que puede complicar la investigación para los persecutores.
Ese miércoles en la mañana, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias no solo analizaron la cautela de garantía presentada por el gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, para evitar que el Ministerio Público accediera a información de la empresa más allá del año 2009, que es el período que considera la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) en esta arista del Caso Penta.
Esa mañana también comentaron el escaso margen que les estaba dejando el SII; una queja a puertas cerradas que ya habían hecho en otras reuniones y que también ha transmitido -según fuentes del Ministerio Público-, el propio Fiscal Nacional, Sabas Chahuán al director del SII Michell Jorrat por teléfono; llamadas que se han intensificado en los últimos días.
Los tiempos según el SII
La incomodidad con el SII influyó en una decisión: hace un par de semanas, los investigadores decidieron dejar de esperar y solo apurar el tranco. Actuar sin esperar que el SII les abra las puertas. “Comenzaron a investigar sin contar con ellos”, comenta una fuente cercana al caso.
En una conferencia de prensa del SII, el servicio volvió a darle un portazo a la Fiscalía. Hace cuatro meses, Gajardo hizo llegar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos dos testimonios clave relacionados con la campaña de Pablo Zalaquett que dan cuenta de servicios prestados durante ese tiempo.
En ellos se menciona a Penta, pero también a otras empresas que entregaron entre uno y 15 millones de pesos. Sin embargo, el servicio no ha presentado acciones por esa información y el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, señaló que para “fundar adecuadamente una acción penal (los antecedentes enviados por la Fiscalía) han sido insuficientes”.
Ese informe de Gajardo mencionaba a las empresas Soquimich, Alsacia, Corpbanca y Ripley. Según fuentes del SII, todas ellas terminaron de entregar sus antecedentes contables a fines de enero y en este momento están en proceso las declaraciones juradas de sus representantes legales.
A pesar de la demora del SII en establecer acciones -que ellos no consideran demora sino que parte de sus tiempos normales- no todos están de acuerdo con que no existan méritos. “Basta una denuncia para que la Fiscalía pueda entrar a conocer el delito tributario”, señala una fuente que conoce bien cómo opera el servicio.
Sin embargo, a pesar de este escollo, los hombres de Chahuán respiraron aliviados ayer cuando el Octavo Juzgado de Garantía rechazó la petición del abogado Samuel Donoso. “Más que decir relación con una ventaja en el tribunal, tiene que ver con lo patuda que era la petición de SQM”, comenta un abogado cercano al caso “La Fiscalía tiene la facultad legal de pedir cualquier documentación que requiera para investigar a los políticos por cohecho y a SQM por soborno. Más allá de cómo actúe el SII”.
Fuente: El Mostrador
¿Nueva estrategia SQM?: Fiscalía tiene hasta abril para evitar la prescripción de delitos de 2009
Los hechos han ocurrido así: el lunes los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena llegaron hasta las oficinas de SQM buscando la entrega voluntaria de la documentación contable, correspondiente al periodo 2009-2014, en el marco de la indagatoria por delitos tributarios y el eventual financiamiento irregular de campañas políticas. La empresa se comprometió a entregarla el miércoles, pero ese día el gerente general Patricio Contesse, a través de su abogado Samuel Donoso, presentaron un recurso para que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente no realice más incautaciones en la empresa.
Durante la tarde, desde la misma compañía descartaron haber presentado una acción legal destinada a dilatar la entrega de información solicitada el día lunes. La firma minera agregó que “el directorio se reunirá mañana para evaluar dicha solicitud de entrega”, y así fue, pero sin resultados positivos. En la cita extraordinaria, no hubo consenso en el directorio respecto a la entrega de información de contable a la Fiscalía como parte de la investigación por el caso Penta.
De hecho, resolvieron “solicitar un informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria, y en conformidad con las leyes vigentes, la información requerida por el fiscal Sabas Chahuán en su carta del día 6 de marzo de este y que SQM recibió el día 9 de marzo”. Además, se determinó citar a una nueva Sesión Extraordinaria del Directorio de SQM para el día lunes 16 de marzo con la” finalidad de analizar el informe requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la información solicitada”.
Esto no tiene muy contento al grupo de fiscales a cargo de la investigación, liderados por el fiscal nacional Sabas Chahuán, principalmente con el actuar de poca “voluntariedad” de parte de SQM. Según consignó La Tercera, desde el Ministerio Público calificarían la situación como una “estrategia” de parte de la firma para entorpecer las eventuales diligencias, lo que genera preocupación en cuanto a los plazos de prescripción que establece la legislación del Código Tributario.
Esto ya que los delitos correspondientes al año tributario 2009 estarían próximos a prescribir, en abril -mes que marca el fin del período para presentar las declaraciones de impuestos del año comercial precio-, según lo establecido en el artículo 200 del Código Tributario. “El plazo (…) será de seis años (2009-2015) para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa”, señalan.
Es por eso que desde la Fiscalía no descartan utilizar una orden judicial para incautar la documentación en SQM, lo que debería definirse en los próximos días.
Fuente: El Dínamo
Quiebre en SQM: Eyzaguirre renuncia al comité especial y discuten estatus de Patricio Contesse
Con una profunda ruptura entre los dos bloques que componen el directorio de SQM, terminó la reunión que se extendió por cerca de dos horas en la oficina de la minera.
A su vez, los votos minoritarios que representan la participación que la empresa canadiense Potash tiene en la minera nacional estuvieron por entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el Fiscal Nacional.
También se citará a una nueva sesión extraordinaria del directorio para el lunes 16 de marzo con la finalidad de analizar el informe requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la información.
La empresa, dijo que todo esto se le informará por escrito a Chahuán. Hasta ayer en la tarde, la fiscalía no era notificada del cambio de planes de la empresa y mantenían vigente el compromiso de que a fines de esta semana se entregarían los antecedentes.
Esto había surgido el lunes recién pasado, cuando los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quienes llegaron hasta las oficinas de la compañía con seis funcionarios de la PDI, solicitaron la entrega voluntaria a representantes del equipo jurídico de SQM, en temas de contabilidad, libro de compras y libro de boletas de honorarios, entre 2009 y 2014, período que excede lo considerado por el Servicio de Impuestos Internos en su querella.
Otro de los coletazos que se desprendió de ayer es que José María Eyzaguirre, director de la compañía en representación de la canadiense, quien participó por vía telefónica de la reunión, ya que se encontraba fuera del país, renunció al comité ad hoc que se había creado al interior de la mesa, para investigar las presuntas irregularidades.
Según trascendió, la instancia -que también la componen Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán- no estaba siendo de utilidad, ya que la administración no estaba facilitando la información necesaria para su funcionamiento. En síntesis -resume una fuente- el comité no estaba funcionando.
Este lunes se discutirá, en la reunión extraordinaria que fue citada, el futuro de este comité que fue creado a fines de febrero.
En la industria creen que prontamente Potash podría tomar acciones más concretas para transparentar este caso, que según dijeron públicamente ya están siguiendo con atención.
Los dos miembros representantes de Potash Corporation, la empresa canadiense dueña del 31% de SQM, que estuvieron en esa reunión, votaron por la entrega voluntaria de la información, si más dilaciones.
“Los directores señores José María Eyzaguirre y Alejandro Montero estuvieron a favor de entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el Fiscal Nacional”, consignó un comunicado de la empresa.
La compañía canadiense ya había declarado en febrero al diario La Segunda que toman “muy en serio estas acusaciones” y que “están recopilando información y tratando de entender los hechos”. Incluso, presionaron para formar un comité interno, que integra su representante José María Eyzaguirre, y los directores Wolf Von Appen y Juan Antonio Guzmán, para investigar presuntas irregularidades en la entrega de boletas.
En medio de esta escalada de tensiones al interior de SQM, El Dínamo contactó con las oficinas centrales de la compañía canadiense, que a través de su director de RR.PP y comunicaciones, Randy Burton, señaló que el directorio de PotashCorp se encontraba reunido analizando su postura ante la situación de la minera SQM. Y que debido a ello, declinaban hacer declaraciones por el momento.
La negativa de SQM para colaborar con la investigación es especialmente monitoreada por la Nueva Mayoría. Y es que las primeras indagaciones arrojaron la existencia de boletas emitidas por personas relacionadas a políticos del pacto, como el senador PS Fulvio Rossi y el diputado DC Roberto León, que presuntamente habrían servido para financiar campañas políticas. En los pasillos del Congreso, se rumorea que lo conocido es solo la punta del iceberg. Y que de conocerse la información contable, la bomba SQM acabará por explotar a todos los sectores políticos.
El estatus de Contesse
Asimismo, fuentes informadas comentan que el proceso de entrega de información se ha estado dilatando, en la búsqueda de una salida alternativa.
Otro tema es la tensión que genera dentro de la mesa la figura del gerente general, Patricio Contesse, cuyo estatus se habría discutido ayer. Esto, a raíz de la cautela de garantía que presentó el ejecutivo ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago el miércoles, que fue rechazada.
Esta acción -aunque era a título personal- no tuvo el respaldo de toda la mesa directiva y se leyó como una muestra de fuerza de Ponce.
En la empresa, ayer se comentaban varias teorías respecto a lo que sucedería con el Contesse producto de su salida de libreto. Coloquialmente, funcionarios rumoreaban que tendría unas «vacaciones».
Otras fuentes conocedoras del proceso agregaban que en realidad el ejecutivo se habría «automarginado». De hecho, no participó en la sesión de la mesa y se ha restado de algunas actividades laborales.
Rechazo del recurso legal
a jueza del 8 Juzgado Civil de Santiago, Alicia Rosende, determinó no dar lugar a la petición del fijar Audiencia de Cautela de Garantías, por resultar ser del todo improcedente, haciendo referencia al recurso que el día anterior presentó, a título personal, el gerente general de SQM, Patricio Contesse.
La titular explicó que al Juez de Garantía le está vedado dirigir la investigación, careciendo en consecuencia de facultades para inmiscuirse o intervenir en atribuciones propias y exclusivas del Ministerio Público. Añadió que el Ministerio Público tiene la dirección exclusiva de la investigación y su orgánica considera actuaciones en el caso que denunciaba el ejecutivo.
Ministra de Minería
La ministra de Minería, Aurora Williams, en entrevista con Radio ADN hizo un llamado a la transparencia y sostuvo que la empresa debe entregar los antecedentes requeridos:
“La situación de Soquimich donde una parte del directorio está dispuesto a entregar información y el otro no, creo que lo mejor justamente es entregar toda la información y que se investigue todo lo que el Servicio de Impuestos Internos pueda requerir. Y eso en todas las aristas de un caso donde hay involucrados inversionistas extranjeros”.
Es por eso que precisó que los estándares internacionales de inversión en minería exigen trasparencia y equilibrio con las comunidades
“Uno de los temas fundamentales tiene que ver con la transparencia, la adecuada relación con la comunidad y con una Responsabilidad Social Empresarial de alto estándar“.
