El secreto que oculta la Caja de Pandora de SQM debe ser lo suficientemente morrocotudo como para que esa empresa acepte costos como la desintegración de su directorio, la ruptura con el socio extranjero y el desplome del valor de sus acciones en la bolsa, sin que se mueva un centímetro de la empecinada defensa del enigma de su información contable. En una reacción en cascada, la Bolsa de Comercio de Santiago anunció la suspensión de las transacciones de la empresa SQM tras el colapso del precio de sus acciones, luego de que el «mercado» conociera la renuncia del Vicepresidente y dos directores de Potash Corp. el socio canadiense que detenta el 32% accionario, debido a su turno, a la obstinada operación de encubrimiento en que aparecen empeñados el socio mayoritario, Julio Ponce Lerou, y sus 40 secuaces. Entretanto, sigue la opereta que por su lado protagonizan el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.
La Bolsa de Santiago informó que suspendió las acciones serie B de la empresa «por haber registrado transacciones a un precio de 12.402 pesos cada una, experimentando una baja de 12,46 por ciento respecto del cierre de ayer martes 17 de marzo, que fue de 14.168 pesos por acción».
Esta situación se genera el mismo día en que se conoció de la renuncia al directorio de la firma del vicepresidente Wayne Brownlee y los directores José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, quienes eran los elegidos con los votos de la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), que tiene 32 por ciento de la propiedad de la firma.
La propia firma atribuyó a la salida de los directores la fuerte baja en sus acciones, luego que la Bolsa de Santiago le pidiera informar las razones de la caída.
por Iván Weissman
Explotó el directorio de SQM. Anoche Wayne Brownlee, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, los tres directores elegidos con los votos de la canadienses Potash Corp (PCS) renunciaron a la mesa que preside Julio Ponce Lerou.
La razón fue la negativa de Ponce y sus aliados a seguir la recomendación de la firma Shearman & Sterling, una de las más prestigiosas de Wall Street, de hacer un estudio independiente sobre su vínculo con el caso Penta y entregárselo a la SEC, el regulador de valores del mercado norteamericano. “Se está protegiendo a alguien muy grande, si no, no se entiende”, dice una fuente que conoce la interna del directorio.
La misma fuente explica que los directores de Potash asumen con mucha gravedad las acusaciones que se hacen en Chile y explica que se suma la negativa de entregar la información contable a la Fiscalía.
Los directores que siguen en la mesa, además de Ponce, son Hernán Büchi, Patricio Contesse Fica, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán. Sin embargo, un abogado local sostiene que la mesa no podría funcionar con efectividad sin los directores de Potash. Destaca también que Brownlee, además de director, es ejecutivo de SQM.
En declaraciones a El Mercurio, Eyzaguirre explicó parte de las razones de su salida:
“Más allá de SQM y de su investigación, no están dadas hoy en Chile las condiciones para que la compañía haga lo que tiene que hacer”.
Estas dimisiones se suman a la solicitud de renuncia hecha el lunes por el directorio al ahora ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse, quien llevaba 25 años en la firma y era un histórico aliado de Ponce.
El peso de Potash
Potash es el segundo mayor accionista de SQM, con 32%. La salida de Montero, Eyzaguirre y Brownlee reflejan las tensiones al interior de SQM desde que el caso Penta los salpicó y la empresa comenzó a ser investigada por boletas destinadas al financiamiento de campañas políticas.
Hasta ahora, la compañía se ha negado a entregar su información contable a la Fiscalía, y sólo ha presentado algunos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Hace semanas que los directores disidentes advertían que el caso podría escalar hasta la SEC ante una presunta irregularidad.
De confirmarse que la minera no metálica emitió boletas ideológicamente falsas, cuyos destinatarios fueron políticos en campaña, la empresa podría infringir la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero establecida por la SEC, entidad que la regula por ser emisor de ADRs.
Esas boletas salpicarían a políticos de la Nueva Mayoría y se especula que llegan hasta La Moneda y es por eso que habría tanto esfuerzo en evitar que el Ministerio Público tenga acceso.
Ayer el Tribunal Constitucional puso pausa a los esfuerzos de la Fiscalía hasta la próxima semana, cuando escuchará los alegatos de las partes.
Fiscalía solicitó a Impuestos Internos la información contable de SQM
Un oficio ante el Servicio de Impuestos Internos envió hoy el fiscal nacional Sabas Chahuán. El objetivo: obtener la información contable enviada en forma voluntaria por la empresa correspondiente al periodo 2009-2014, especifícamente los libros de compra y de retenciones de honorarios.
Chahuán solicitó además las declaraciones juradas realizadas por SQM. Entre ellas están los honorarios y sus retenciones, el resumen del IVA de compras y ventas, sobre compras y otras operaciones afectas a los impuestos a las ventas y servicios, y sobre ventas y/o prestaciones y servicios.
Esta decisión se ampara en el artículo 19° del Código Procesal Penal, el que norma la entrega de información a la fiscalía por parte de otras instituciones. El Servicio de Impuestos Internos cuenta con un plazo de 48 horas para responder. En caso de que se niegue la entrega, será la Corte de Apelaciones la que resolverá si procede o no a la solicitud.
Chahuán agrega en el escrito que este requerimiento no vulnera lo resuelto por el Tribunal Constitucional, porque ese organismo suspendió la realización de diligencias de carácter intrusivo como allanamientos e incautaciones.
La fiscalía indaga actualmente en la Arista SQM presuntos delitos de apropiación indebida, cohecho, contrato simulado y otros. La compañía había decidido no entregar directamente a la Fiscalía la información contable correspondiente a los años comerciales de 2009 a 2014, sino que enviarla al SII, entidad que hace algunos días hizo un llamado a contribuyentes a autodenunciarse y planteó que optaría por la vía judicial sólo en los casos más graves.
Con todo, el Servicio de Impuestos Internos aseveró que se trataba de información «parcial» sobre el periodo investigado.
El riesgo de la prescripción
La decisión del TC que paraliza la arista SQM por una semana se da en medio de numerosos cuestionamientos al rol del SII y su director, Michel Jorratt, quien fue parte de la campaña de Michelle Bachelet en 2013 y hasta ahora ha desistido de ampliar la querella contra SQM, dejando de «manos atadas» a la Fiscalía.
Existe expectación respecto a la posibilidad de que la revisión de la información contable de SQM abra una eventual «caja de pandora» que revele un transversal financiamiento irregular a campañas políticas.
Los posibles delitos económicos cometidos el año 2009 -en que hubo campañas presidenciales y parlamentarias- prescriben el 30 de abril, conforme a los seis años de plazo establecidos por el Código Tributario.
No obstante, la querella o formalización contra una persona en una investigación penal detiene el plazo de prescripción de un delito, destacó hoy el diario El Mercurio.
SII negó ser parte «una maniobra para entorpecer el trabajo de la Fiscalía»
El Servicio de Impuestos Internos (SII) respondió con fuerza esta tarde ante la serie de críticas que ha recibido por su rol en el caso SQM ya que su negativa a ampliar las acciones legales ha sido interpretada como una forma de «atar las manos» a la Fiscalía, dando pie a un conjunto de elucubraciones de índole político.
«Eso es completamente infundado, no tiene ninguna justificación en los hechos y son meras elucubraciones que no tienen ningún fundamento. El Servicio no va a participar -no puede participar, desde luego- en ninguna maniobra que implique entorpecer la investigación de la Fiscalía», dijo a Cooperativa el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas.
«Si la Fiscalía requiere de nuestra colaboración, desde luego que la va a tener», señaló Vargas, asegurando que «aquí no hay ninguna contienda de competencias ni nada que se le parezca», sino sólo «atribuciones que son distintas».
En esa línea, afirmó que «a la brevedad el Servicio va a proporcionar la información que requiera la Fiscalía para la investigación de delitos como cohecho, soborno, apropiación indebida y cualquier otro delito que esté investigando. Es lo que corresponde».
Hoy se conoció que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al SII solicitando la entrega de la información contable de SQM correspondiente al periodo 2009-2014, que la propia firma le entregó al Servicio de manera «voluntaria», tras negársela al Ministerio Público.
«No actuamos para la galería»
Cristián Vargas dijo a radio Cooperativa que una serie de «supuestos falsos» ha hecho que, desde la opinión pública y la prensa, se haya estado presionando al SII durante los últimos días, pero negó que esto haya afectado la labor del organismo.
Negó que el director nacional del organismo, Michel Jorratt, haya descartado la semana pasada de manera definitiva la presentación de una querella contra SQM para optar por una «solución administrativa». Explicó que esta postura obedece sólo al estado actual de la investigación sobre la firma.
«Lo que dijo el director es que cualquier persona que haya incurrido en una irregularidad siempre puede acercarse al Servicio para rectificar sus declaraciones y reparar el perjuicio fiscal causado. Otra cosa –que aclaró muy bien el director de Servicio, pero lamentablemente no se entrega la información completa y muchas personas opinan en base a supuestos falsos- es que el pago de los impuestos (…) no elimina los delitos y no se descarta el ejercicio de la acción penal en los casos graves, de acuerdo a los criterios objetivos que siempre el Servicio ha aplicado», indicó.
«Lo que hemos dicho es que el Servicio siempre debe actuar fundadamente, en forma seria y responsable. Aquí no se pueden presentar querellas ni denuncias por delitos que son graves sin tener todos los fundamentos para ello. Primero porque eso es lo que corresponde: el Servicio tiene que dar garantías a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, de un actuar objetivo, técnico e imparcial. El Servicio no actúa para la galería. Por lo tanto, por muchas presiones que haya desde distintos sectores de la opinión pública, de la prensa, de poderes fácticos, etcétera, el Servicio no actúa en base a esas presiones; actúa en base al papel y a las atribuciones que tiene», remarcó.
«Lo más probable es que haya acciones legales»
El subdirector aclaró que «lo más probable es que haya acciones legales (contra SQM), pero siempre en base al mérito de los antecedentes y no en base a opiniones, presiones. Por muy loables que sean los propósitos de esas presiones, no corresponde que un Servicio como el nuestro actúe en base a esas consideraciones», indicó.
«El Servicio de Impuestos no tiene consideraciones políticas ni de ninguna otra índole que no sean el mérito de los antecedentes (…) Así hemos actuado siempre: en el marco del caso Penta y en todos los otros casos que tenemos», agregó a mayor abundamiento.
En tal sentido, «lo que corresponde respecto tanto de SQM como de cualquier otro contribuyente es que el Servicio haga una recopilación de antecedentes para fundar adecuadamente las eventuales acciones legales que presente. En eso hemos estado».
El combate a los delitos tributarios «no empieza ni termina con Penta»
«Como en el marco de la investigación del caso Penta la Fiscalía nos envió algunos antecedentes relacionados con este contribuyente (SQM) y otros, que para nosotros eran insuficientes como para presentar una querella, lo que hicimos fue reunir más antecedentes. (…) Hemos requerido antecedentes tanto a SQM como a otras empresas que aparecen mencionadas, hemos tomado declaraciones juradas a representantes legales de esas empresas y luego de ello estamos prontos, en condiciones, de decidir la presentación de las acciones que correspondan, y eso lo vamos a hacer, indudablemente», señaló Vargas.
El funcionario destacó que durante el último año el SII ha «presentado más de 200 querellas por delito tributario, y varias de ellas se refieren a delitos importantes, graves, que involucran delitos complejos, a grandes evasores».
«La acción del Servicio en el combate a los ilícitos tributarios no empieza ni termina con el caso Penta. Hemos presentado muchas acciones tanto o más importantes que las relacionadas con el caso Penta o las que puedan presentarse respecto de Soquimich», concluyó.
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