En su declaración ante el equipo de fiscales que investiga el financiamiento ilegal de la política de SQM, el Vicepresidentes de Finanzas del holding empresarial, Ricardo Ramos, desconoció servicios prestados por Administradora Bancorp S.A., sociedad de inversión perteneciente a Sebastián Piñera, que según la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, emitió 15 facturas a SQM, por $ 318 millones entre 2009 y 2010. “La única explicación plausible es que esa asesoría nunca existió”, dijo Ramos, en su declaración ante los fiscales, el 10 de abril. Lo mismo dijo el Gerente General, Patricio de Solminihac, en su declaración prestada el jueves pasado.
Las facturas, junto a otras de diversas sociedades enumeradas por el SII, carecían de “documentación de respaldo que justifique los pagos” en SQM.
Los fiscales que interrogaron a Ramos preguntaron por supuestos servicios prestados por varias compañías. La primera de la lista era Bancorp, cuyas facturas tenían descrito servicios de “asesoría administración activo circulante”.
Ramos dijo desconocer si se prestó el servicio que Bancorp asegura haber provisto, el que habría sido contratado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse González. También dijo no conocer reportes de esa compañía ni a sus ejecutivos, entre ellos José Cox, por quien fue preguntado en específico por los fiscales.
Desde su puesto como vicepresidente de Finanzas, cargo que ocupa desde 1994, Ramos sí afirmó a los fiscales que el servicio de gestión del activo circulante -que corresponde a la caja de la compañía y que Bancorp cifraba en US$ 500 millones al año- era un trabajo que correspondía a su área.
La fiscalía indaga si los pagos a Bancorp correspondieron a servicios efectivamente prestados o fueron aportes de campaña. También investiga un forward de diciembre de 2009, con vencimiento en enero de 2010, por US$ 5 millones, pactado entre Bancorp y CB, el que arrojó una ganancia cercana a los $ 50 millones para la empresa de Piñera.
Un ejecutivo de CB declaró que ese contrato estaba “calzado” con otro entre la firma del grupo Cruzat y Penta, de las mismas fechas, en los que el grupo de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín perdían un monto similar.
Por estas razones, la semana pasada concurrieron a declarar José Cox, quien entró en 2010 al directorio de Administradora Bancard e Inversiones Santa Cecilia, pero que ha sido asesor desde hace años de Piñera; y Santiago Valdés, ejecutivo de Bancard que en 2009 firmó el forward con CB.
La respuesta de Bancorp
Bancorp respondió el 1 de abril que “las facturas referidas a SQM corresponden a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones prestados por Administradora Bancorp”.
Y agregó: “Los servicios de asesorías descritos fueron realizados, se facturaron, pagaron y registraron como ingresos en la contabilidad de Administradora Bancorp, de acuerdo a las normas tributarias y a la legislación vigente. Los ingresos obtenidos por Administradora Bancorp se han destinado íntegramente al giro propio de la empresa”, negando implícitamente con ello que los recursos fueron destinados a financiamiento político.
Los fiscales también le consultaron por cinco facturas por $ 26 millones de Vox Populi, también ligada al ex mandatario. La glosa incorporada en esos servicios corresponde a un “estudio del mercado agroquímico”.
En este punto, Ramos respondió: “no hay ninguna constancia de que se hubiera efectuado esa asesoría”.
Además, los fiscales han consultado por los supuestos servicios prestados, entre otros, por Inversiones Lima, ligada a Cristina Bitar; Inversiones La Música, de Jaime de Aguirre; Ventus Consulting, de los hijos del senador DC Jorge Pizarro; Inversiones Enjoy, del contador Luis Saldías, asesor de Julio Ponce (ver recuadros). En la mayoría de los casos, Ramos dijo que no las conocía y que eran contratos firmados por Contesse.
En declaraciones judiciales, los ejecutivos de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) aportaron valiosos datos sobre la arista política que tiene el Ministerio Público en esta investigación por fraude tributario.
El Presidente de la minera, Julio Ponce Lerou, declaró ante la Fiscalía que la empresa entrega a través del mecanismo legal de aportes reservados aproximadamente $6.000 millones.
“El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El directorio decide, la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de 10 millones de dólares”, aseguró. Esto significa que el ex yerno de Augusto Pinochet puede, según los límites establecidos por el Servel, financiar completamente hasta 70 diputados.
Ponce declaró que las decisiones en relación a los aportes específicos a cada candidato eran tomabas por el ex gerente general y hombre de confianza, Patricio Contesse.
En esta línea Patricio de Solminihac, que ocupa actualmente el puesto de gerente general, dijo que la relación entre Ponce y Contesse era muy cercana y confirmó que luego de una revisión en el marco de la indagatoria, el primero había autorizado los pagos a las firmas Reactor SpA y Cristina Zuñiga E.I.R.L ambas ligadas a la campaña de Zalaquett.
En el marco de esta misma revisión, de Solminihac admitió que decidió cortar los pagos a otros políticos que estaban incluidos en el centro de costos de la compañía, como el hijo del diputado DC Roberto León y el ex embajador Marcelo Rozas, su mujer y uno de sus hijos, muy cercanos a Gutenberg Martínez.
Además, el ejecutivo decidió suspender las asesorías del ex ministro Enrique Correa y del abogado Darío Calderón. De Solminihac aseguró que “a mí no me consta que haya los respaldos por servicios a la compañía. Las asesorías de los institutos no las he revisado. Terminé la Fundación Jaime Guzmán”, afirmó en su testimonio fechado el 10 de abril.
Paralelamente el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos, que se desempeña en la compañía desde 1994 y que trabajó en las revisiones contables para precisar los pagos y asesorías, se detuvo en el caso de los trabajos realizados por la firma Bancorp, ligada al ex Presidente Sebastián Piñera.
En el sector financiero Bancorp no es una empresa conocida por sus asesorías. La firma opera en la práctica como parte de Bancard, el family office de Piñera que maneja Nicolás Noguera.
Según la denuncia más reciente del SII, Bancorp emitió 15 facturas a SQM,entre 2009 y 2010, por un total de $318 millones. Estos trabajos están respaldados con el rótulo de “asesoría administración activo circulante”, y según aclaró Bancorp en un comunicado del 1 de abril “los servicios de asesorías descritos fueron realizados, se facturaron, pagaron y registraron como ingresos en la contabilidad de Administradora Bancorp, de acuerdo a las normas tributarias y a la legislación vigente”.
Pero Ramos, el Vicepresidente de Finanzas, afirmó que esa gestión de activos le correspondía a su área de trabajo. “La única explicación plausible es que esa asesoría nunca existió”, aseguró, versión que coincidió con el testimonio de Patricio de Solminihac:
“Nunca tuve noticias de una asesoría de Bancorp por estos hechos. Entiendo que los pagos fueron por $340 millones”, dijo el actual gerente general de SQM a los fiscales.
Ponce reveló aportes anuales a campañas de hasta US$ 10 millones
Entre un millón y 10 millones de dólares es el monto que Julio Ponce, presidente de SQM, estimó que su empresa entregaba en periodos electorales como aporte reservado a campañas políticas en su declaración a la fiscalía.
“El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El directorio decide, la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de 10 millones de dólares”, señala parte de la declaración de Ponce, publicada ayer en Reportajes de La Tercera.
Sin embargo, Ponce que si bien el directorio decide el monto, era el ex gerente general Patricio Contesse, quien decidía a qué candidatos se entregaba dinero.
Según el Servel, los topes de financiamiento electoral para personas naturales o jurídicas por periodos electorales son de 2 mil UF en el caso de los candidatos presidenciales y de 10 mil UF por cada elección (senatorial, diputados, cores), además de otras 10 mil UF para partidos políticos.
En dinero de 2013, año de la última elección, un donante sólo podía aportar un máximo legal de $ 966 millones, es decir poco menos de US$ 2 millones del 2013. Pero existe la posibilidad de que este límite sea vulnerado haciendo aportes mediante diversas personalidades jurídicas de un mismo holding.
Aún así la cifra entregada por Ponce causó extrañeza. El gasto promedio de una campaña a diputados electos en 2013 fue de $ 72 millones (incluyendo aportes privados y estatales). Según los márgenes entregados por Ponce, los aportes de SQM equivalen, en términos hipotéticos, a financiar en forma íntegra entre 7 a 70 campañas de diputados.
El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Germán Verdugo, dijo que es algo que analizarán “en la próxima reunión de la comisión”. El diputado RN, Nicolás Monckeberg comentó que esto demuestra las falencias de la actual ley, mientras el PC, Hugo Gutiérrez dice que las declaraciones de Ponce dan otro motivo para terminar con los aportes reservados y agregó que esas cifras debiesen ser investigadas por fiscalía.
Querellante del caso: En SQM no se mueve una sola hoja sin que lo ordene y lo conozca el señor Julio Ponce Lerou
Ponce Lerou niega haber estado al tanto de las operaciones de financiamiento de campañas políticas y asegura que quien conocía de esos movimientos era el exgerente general de SQM, Patricio Contesse González.
El abogado Mauricio Daza, querellante del caso Penta-SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, restó validez al contenido de la declaración que rindió el pasado 23 de marzo Julio Ponce Lerou ante la Fiscalía.
En su comparecencia el empresario aseguró que «nunca un candidato o alguien de su entorno» le pidió aportes para campañas políticas.
Ponce declaró también que si bien en las reuniones del directorio de la minera se discutieron y aprobaron aportes genéricos a campañas («el directorio decide el monto, pero no decide a quién»), la ejecución de éstos quedó bajo exclusiva responsabilidad del ex gerente general Patricio Contesse González.
«A mí no me cabe duda que desde el primer minuto todo lo que ha ocurrido en la arista SQM forma parte de una estrategia liderada por Julio Ponce Lerou. Lo que se está tratando de hacer es simplemente limitar la responsabilidad en la persona del gerente con la finalidad de salvar a los directores, partiendo por su presidente, que es señor Ponce Lerou», comentó Daza, para quien «todo esto es absolutamente inverosímil.
«Todo el mundo que conoce el funcionamiento de SQM sabe perfectamente que no se mueve una sola hoja al interior de esa empresa sin que lo ordene y lo conozca el señor Julio Ponce Lerou», agregó el querellante parafraseando la frase atribuida al dictador, a propósito de quien fuera su yerno.
El escándalo SQM ha salpicado también en los últimos días al entorno del líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, luego de que T13.cl revelara parte de la declaración que dio el 30 de marzo pasado en la Fiscalía el extesorero del Partido Socialista (PS) Milton Lee Guerrero.
Lee reconoció ante el Ministerio Público pagos por 150 millones de pesos a su empresa Alerces Talleres Gráficos por parte de Soquimich, correspondientes a trabajos realizados para la campaña senatorial independiente de Carlos Ominami en 2009.
«Yo le dije que iba a necesitar mucho dinero para que la campaña fuera competitiva, le hablé de alrededor de 200 millones de pesos. A la semana me dijo que el tema de la imprenta lo había resuelto, me dijo que todo lo de la imprenta lo iba a pagar Soquimich (…) Me dijo que me iba a llamar una persona de Soquimich para hablarlo. Efectivamente me llamó esa persona, cuyo nombre no recuerdo, y me dijo que me podía pagar 150 millones de pesos, cuyo pago se realizaría en ocho cuotas de 20 millones mensuales, y me dijo que la glosa debía ser acorde a Soquimich», declaró Lee aludiendo al ex senador socialista.
«La campaña era para Carlos Ominami, si bien en las palomas también aparecía junto a él Marco Enríquez-Ominami y su familia, y los candidatos a diputados que iban en la lista de Carlos Ominami. Esto es Marcelo Trivelli, Esteban Maturana y Leonardo Veliz. La única vez que recibí facturas de Soquimich para pagar campañas políticas fue en esta ocasión para Carlos Ominami, y por los lazos de amistad que teníamos. Yo me daba cuenta que esto no se ajustaba a derecho, (…) pero lo hice por ayudarlo», agregó -según T13- el extesorero socialista, quien reconoció haber emitido ocho facturas a SQM.
Carlos Ominami participó en una actividad pública junto al diputado de Evópoli Felipe Kast y la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, donde presentaron un proyecto de ley que busca devolver el sistema de selección por mérito a los liceos emblemáticos, informó Cooperativa.
Al ser consultado por los antecedentes de su vínculo con la minera, el exministro respondió:
«Me parece totalmente irregular que una declaración que se supone que es secreta esté en manos de la prensa. Creo que ahí hay un delito, porque es la violación de una carpeta que ha sido caratulada como secreta y, desde ese punto de vista, yo lo único que puedo hacer -porque no creo en la Justicia por la prensa- es remitirme a esa declaración cuando se me presente formalmente».
Consultado por si está dispuesto a concurrir ante la Justicia, respondió «obviamente», y ante preguntas insistentes de una reportera de TVN, espetó: «Mire señorita, usted es periodista, usted no es fiscal».
«Yo voy a responder, tengo mi conciencia totalmente tranquila y voy a responder en los lugares que corresponda en la forma como corresponda, no sobre la base del acoso periodístico, que me parece a mí que no es una manera de impartir justicia», sentenció.
Gerente de SQM: «Evidentemente, Patricio Contesse era una persona de confianza de Julio Ponce»
Por primera vez, el 10 de abril pasado a las 9.25 empezó a declarar el gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile, Patricio de Solminihac. Acompañado por sus abogados Hugo Rivera y Sergio Bunger, fue interrogado en calidad de imputado por los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias, además de un inspector de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y una abogada del Ministerio Público, durante tres horas y cuarenta minutos.
El resultado fue una testimonio de 11 carillas de carácter reservado -al que tuvo acceso La Tercera- donde el alto ejecutivo de la minera investigado por delitos tributarios, declaró sobre el vínculo del presidente de SQM, Julio Ponce y con el ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse. A este último apuntó Ponce cuando los fiscales lo interrogaron el 23 de marzo pasado, diciendo que quien decidía a qué candidato se aportaba era el entonces gerente general, Patricio Contesse.
Sin embargo, según dDe Solminihac, Contesse era la persona de confianza de Ponce:
“La relación entre el presidente y el gerente general era bien seguida, nuestras oficinas están las tres juntas en el piso seis de Los Militares o el Trovador 4285 y ellos se juntaban de manera períodica. Por supuesto, lo que pasaba al interior de las oficinas yo lo desconozco. Pero evidentemente Patricio Contesse era una persona de confianza de Julio Ponce Lerou y estaban desde que yo llegué a la empresa en el año 1988”.
En cambio, de Solminihac calificó su relación con Ponce como poco común:
“Algunas veces almorzábamos juntos y me preguntaba por temas operativos (…). Pero la relación del presidente era fundamentalmente con el gerente general”.
El factor Contesse
“La primera noticia de problemas por esta investigación ocurre en diciembre de 2014”, declaró de Solminihac, recordando el día en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) notificó a la empresa para que informara sobre los pagos que se realizaron a Reactor SPA, Cristina Zúñiga EIRL y Pecado Kapital, empresas vinculadas al financimiento de campaña irregular de Pablo Zalaquett.
Luego de una revisión realizada por el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos, se concluyó que no había pagos a Pecado Kapital. Sin embargo, declaró que “había cinco pagos a Cristina Zúñiga y tres a Reactor, o al revés, no recuerdo bien. Se levantaron los pagos del período y estaban cargados y aprobados por Patricio Contesse en la gerencia general. Le preguntamos a Contesse y él confirmó que eran servicios que él había solicitado y que él tenía los respaldos de ellos”.
Luego, señaló que en enero hubo una reunión de directorio a la que Contesse no fue porque estaba de vacaciones. En esa instancia, “yo le informé al directorio que Contesse me había indicado que los servicios habían sido solicitados por él y eran efectivos y que de la señora (Carolina) de la Cerda no se acordaba (cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner)”, aseguró.
Sin embargo, después surgió más información:
“Leí en La Tercera que salió un listado de nombres de personas que habrían emitido boletas a SQM y que tendrían relación política. Creo que eran 19 nombres (…) Resultó que todos eran gastos de la gerencia general de Contesse y que había pagos en otros meses. El directorio decide nombrar un comité ad hoc para investigar esto de manera independiente”.
Así las cosas, el ejecutivo declaró haber pedido un levantamiento de los contratos vigentes. Luego de revisarlos, decidió terminar con ellos:
“Quise hacer un corte y partir de nuevo. Si hay temas interesantes para la compañía, podía partir de nuevo y así se lo hice ver a los proveedores que estaban en el centro de costos de la gerencia general”, manifestó.
Entre los contratos que terminó, estaban los suscritos con el abogado Darío Calderón, el ex ministro Enrique Correa y el ex embajador de Chile en República Checa y militante DC, Marcelo Rozas.
“Esto se lo comuniqué a Darío Calderón a quien veía muchas veces en la oficina y le indiqué que se terminaba esa asesoría. También terminé las asesorías con Enrique Correa y para ello me reuní con él. Llamé a Marcelo Rozas pues a él lo habíamos visto con Contesse y rectificamos las boletas prestadas por su cónyuge Michelle Reymond y las de su hijo Daniel a quienes nunca vimos en las oficinas. A otros les mandamos cartas. A Roberto León hijo no le seguimos pagando, entiendo le mandamos una carta. A mí no me consta que haya los respaldos por servicios a la compañía. Las asesorías de los institutos no las he revisado. Terminé la Fundación Jaime Guzmán”.
De Solminhac declaró que en las oficinas de SQM veía a Pablo Zalaquett, porque Contesse le había dicho que lo había contratado para hacer una asesoría en septiembre u octubre de 2014. También dijo que creyó haber visto al ex senador UDI Jovino Novoa.
Además indicó que él personamente se reunió con el diputado UDI Felipe Ward a hablar sobre temas de trabajadores, con el senador Carlos Cantero para conversar sobre el litio y con el senador UDI Jaime Orpis sobre energía no convencional. “Nunca (conversamos) sobre temas de financiamiento de campaña”, dijo.
Pese a que negó tener conocimiento de estos pagos, de Solminihac declaró:
“Yo sabía que había financiamimiento legal a la política a través del Servel. Esto era por montos aproximados de un millón de dólares por campaña y en las últimas campañas llegó a ser de 1.800.000 dólares. Este tema estaba a cargo de Contesse y el directorio autorizaba un monto total. Nunca escuche que se planteara por Contesse que se iban a hacer otros aportes distintos a estos vía Servel o de otra manera”.
SVS no descarta ampliar formulación de cargos contra SQM ante nuevos antecedentes
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, no descartó ampliar la formulación de cargos que presentó en contra del directorio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), luego de las declaraciones de Julio Ponce Lerou ante la Fiscalía que lleva el caso sobre financiamiento irregular a campañas políticas y presunto fraude tributario.
En su comparecencia, el controlador de la firma descartó que algún candidato le hubiera pedido aportes para sus campañas y responsabilizó al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, de entregar los dineros.
«Si hay otros antecedentes que nos permitan concluir que podría ser necesario generar otra formulación de cargos o complementarla, lo vamos a hacer», indicó Pavez tras finalizar la Cuenta Pública 2014 de la SVS.
«Hay deberes de cuidado y hay funciones que están asignadas por la ley de sociedades anónimas tanto al gerente general como a los directores y, por lo tanto, bajo un adecuado funcionamiento de los gobiernos corporativos de las compañías, ambos deben estar al tanto en este tipo de actividades de operaciones, y por lo tanto, el directorio también debería haber implementado mecanismos de control suficientes en cada una de las compañías que están bajo nuestra supervisión para garantizar que el directorio esté en conocimiento de este tipo de decisiones y ellos puedan controlar», señaló.
En marzo pasado, la SVS presentó cargos en contra del directorio de SQM por eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión en el mercado.
«Más allá de las declaraciones del señor Julio Ponce, nosotros seguimos analizando los antecedentes que hemos estado recabando y en la medida que podamos encontrar otros que den cuenta de eventuales infracciones, siempre tenemos la disposición de hacer una nueva formulación de cargos o complementar las que tenemos», enfatizó.
Por otra parte, Pavez recalcó que las sanciones para personas que han sido multadas más de una vez en un periodo de 2 años, podrían ser hasta 5 veces el monto máximo establecido en la ley.
«Para quienes han sido sancionados en un periodo de dos años, desde el momento que se está dictando una nueva sanción, hay un agravante que está establecida en la ley, de manera tal que las sanciones que se puedan imponer sean más altas para quien ha recibido sanciones anteriormente», indicó Pavez. «Pueden ser hasta 5 veces el monto máximo que está establecido en la ley, es decir, hasta UF 75.000 (US$ 3,02 millones)», precisó.
Pavez: Caso Cascadas es el proceso más grande que ha enfrentado la SVS «en su historia»
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, destacó que los criterios utilizados en el proceso administrativo instruido por el regulador y las posteriores resoluciones en el marco del caso Cascadas fueron ratificados en distintas sedes judiciales.
Asimismo, calificó el caso como el proceso sancionatorio más amplio que ha llevado a cabo la entidad fiscalizadora en toda su historia:
«Probablemente ha sido el proceso más grande que ha enfrentado la Superintendencia en toda su historia», dijo durante la presentación de la Cuenta Pública 2014.
«Nos vimos enfrentados en este proceso sancionatorio de investigación a una serie de impugnaciones, que corresponde a la legítima defensa que pueden y deben ejercer todas las personas que están involucradas en un proceso con la Superintendencia», relató, enfatizando que «en cada una de esas instancias judiciales o administrativas en las cuales se discutieron todas y cada una de las decisiones que adoptó la Superintendencia, al final de día se demostró que actuamos correctamente en base a fundamentos».
«Eso ha constituido un elemento muy importante, que ha incrementado la reputación de la Superintendencia y que nos deja muy satisfechos de la labor realizada», concluyó.
En ese contexto, Pavez recordó las resoluciones de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Constitucional que ratificaron la forma de ofrecer y rendir pruebas que tuvo el regulador en el `caso Cascadas`.
También resaltó que con las resoluciones, la SVS dio nuevamente una señal al mercado sobre su fortaleza institucional, calidad técnica e independencia al actuar. En septiembre y octubre de 2014, la SVS aplicó multas por más de US$ 164 millones, las más altas de la historia, por una serie de infracciones a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas. El regulador señaló que en 2014 en el Mercado de Valores se fiscalizaron 1.779 entidades. En tanto, en el Mercado de Seguros se fiscalizaron 4.832 entidades.
