El Tribunal Supremo español reconoció la jurisdicción de los tribunales de ese país para investigar y juzgar el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 en Chile, al estimar que hay indicios de la «falta de voluntad» del país sudamericano para esclarecer el crimen.
El alto tribunal accedió así a la solicitud del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que lleva el caso en España y tiene imputados en el sumario a varios ex agentes de la DINA, quien comprobó que en Chile no se han investigado de manera «eficaz» estos hechos.
El Supremo señaló «la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia» de Chile en los dos últimos años desde que se reabrió el caso, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.
En su petición al Tribunal Supremo, De la Mata justificó los motivos por los que se le debía aplicar la justicia universal en España, al tratarse de un delito de terrorismo y ser la víctima española.
Además, el magistrado consideraba que en Chile no ha existido «ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido» hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa hasta en cuatro ocasiones.
También recordó en su escrito al Supremo que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal.
La petición de De la Mata se basaba en la reciente decisión del Supremo que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.
La investigación en España del asesinato de Soria la inició el entonces juez Baltasar Garzón -que en 1999 procesó a Pinochet- a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares.
Según el sumario de la Audiencia Nacional, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal), fue secuestrado y torturado por los agentes de la DINA en julio de 1976, en plena dictadura militar.
El Tribunal Supremo español ha reconocido la jurisdicción de los tribunales de este país para investigar y juzgar el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 en Chile, al estimar que hay indicios de la «falta de voluntad» de Chile para esclarecer el crimen.
El Supremo ha señalado «la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia» de Chile en los dos últimos años desde que se reabrió el caso, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.
En su petición al Tribunal Supremo, de la Mata justificó los motivos por los que se le debía aplicar la justicia universal en España, al tratarse de un delito de terrorismo y ser la víctima española.
Además, el magistrado consideraba que en Chile no ha existido «ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido» hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa hasta en cuatro ocasiones.
También recordó en su escrito al Supremo que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal
La petición de de la Mata se basaba en la reciente decisión del Supremo que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.
La investigación en España del asesinato de Soria la inició el entonces juez Baltasar Garzón- que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares.
Según el sumario de la Audiencia Nacional, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal), fue secuestrado y torturado por los agentes de la DINA en Santiago en julio de 1976, en plena dictadura militar (1973-1990).
