Una periodista que recuperó su vehículo 27 días después de la inundación registrada el 17 de abril pasado en Providencia denunció que la empresa constructora Sacyr incluyó cláusulas abusivas en un contrato que incluían la imposibilidad de denunciar públicamente al hecho.
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El 17 de abril el río Mapocho se desbordó afectando principalmente a los vecinos y locatarios de Providencia. Debido a esta emergencia, se responsabilizó a la concesionaria Costanera Norte y la constructora Sacyr por las pérdidas millonarias.
En una carta publicada este miércoles en El Mercurio, María Teresa Nielsen relató que su vehículo Mazda 2 del año 2011 estaba estacionado en el nivel -5 de un edificio ubicado en la intersección de Santa Magdalena con Costanera Andrés Bello al momento de la inundación.
Cuando se logró sacar el material que quedó en el recinto, el seguro personal de la periodista resolvió que se trataba de un caso de pérdida total, cubriendo una gran parte del valor del mismo.
Sin embargo, «hubo ciertos gastos que el seguró restó, como la segunda cuota del permiso de circulación, que quedaron pendientes. Llegamos a un acuerdo con el liquidador, pero se le puso un costo a mi silencio de 250 mil pesos», relató afectada en declaraciones a La Segunda.
«Quisieron callarme, pero lograron lo contrario»
El punto que no fue aceptado por la afectada señalaba que ésta «no podrá otorgar entrevistas ni hacer declaraciones complementarias a ningún medio de prensa, sea ésta escrita, radial, electrónica o televisiva. Tampoco podrá realizar declaraciones en portales de noticias ni hacer difusión de la misma a través de redes sociales».
«Tampoco podrá realizar declaraciones en contra de Sociedad Concesionaria Norte S.A., ni en contra de Sacyr Chile S.A., ni en contra del Ministerio de Obras Públicas ni del fisco», se lee en el texto, donde se explica que esta disposición se extenderá por un plazo de 10 años desde ocurrido el hecho.
Ante esta disposición, Nielsen planteó que «no iba a firmar y debían bajar los años de silencio y el abanico de instituciones involucradas».
«Me parecía absolutamente abusiva. Soy periodista y si en siete años más escribiera un artículo sobre irregularidades en el MOP, tendría que pagar con intereses la violación del acuerdo», alegó.
«Quisieron callarme, pero lograron lo contrario», escribió en Twitter.
A continuación, la carta de la periodista a El Mercurio
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David versus Goliat
Señor Director:
El 17 de abril perdí mi auto producto del desborde del río Mapocho, debido al nuevo cauce que Costanera Norte y Sacyr Chile construyeron para mitigar el crecimiento del mismo por anuncio de lluvias, y no afectar así los trabajos que realizaban en pleno río.
A tres meses del hecho, y tras largas conversaciones con la liquidadora de seguro representante de Sacyr Chile, se puso un precio a los daños que no fueron cubiertos por mi seguro, llegando a un acuerdo de $250.000 aproximadamente por concepto de prima y deducible.
Para terminar el conflicto, se me envió una propuesta de contrato que, entre otras, contenía una cláusula excluyente en la que se me prohibía dar entrevistas y hacer declaraciones complementarias a cualquier medio de prensa, sea este escrito, radial, electrónico o televisivo. Así también quedaba prohibido realizar declaraciones en portales de noticias y hacer difusión del tema a través de redes sociales.
Como si lo anterior fuera poco, se establecía que tampoco podía realizar declaraciones en contra de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., ni de Sacyr Chile S.A., ni del Ministerio de Obras Públicas, ni del fisco de Chile. No siendo suficiente, las obligaciones de confidencialidad tenían una duración mínima de 10 años.
Por último, se establecía que la infracción de la misma daría derecho a Sacyr Chile S.A. a solicitar la devolución de toda suma pagada, más reajustes e intereses.
No firmé dicho contrato y se me notificó el cierre del caso. Al respecto, me quedan algunas reflexiones: Soy periodista y no firmé por el carácter abusivo del documento, que coarta tanto la libertad de expresión como el ejercicio de mi profesión, la cual tiene un deber cívico y social basado en informar con objetividad y responsabilidad, a lo que no estoy dispuesta ni debo renunciar.
Luego, el excesivo y desmedido tiempo de silencio, al igual que el abanico de instituciones a no referirse, deja en interrogante hasta qué punto las instituciones pertinentes y fiscalizadoras están al tanto o forman parte de este acuerdo.
Resulta evidente que una negociación de esta naturaleza se selle con un acuerdo que deje a las partes conformes. Lo que aún no se logra entender es que ni a Costanera Norte ni a Sacyr Chile le baste con haber dañado a cientos de personas con cifras millonarias, sino que además pretendan ser dueños de mi silencio por más de una década, a un precio de $25.000 anuales.
Finalmente, si el Estado cumple el rol de garantizar el bien común, ¿cómo es posible que esté incluido? No acepto ese ni ningún otro monto, y me quedo con una enorme sensación de desamparo frente a los eternos poderosos, pero con mi verdad y libertad.
María Teresa Nielsen
Periodista
