El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía contra el ex ministro Laurence Golborne por delitos tributarios, además de otras ocho personas más.
El libelo agrega a Carlos Délano, Carlos Lavín, Manuel Antonio Tocornal, Hugo Bravo, Oscar Buzeta, Marcos Castro, Luis Esteban Calvo y Gabriele Geordia Lothholz, todos, salvo los dos últimos, ya sometidos a proceso en el caso Penta.
La acción judicial ingresada por el director del servicio, Fernando Barraza, es por infracción a la ley de herencias, asignaciones y donaciones por parte del ex ministro (artículo 64 de la ley N° 16.271).
En la querella se indica que el motivo de su presentación radica en «la responsabilidad que les corresponde en sus calidades de autores de delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 Inciiso final del Código Tributario, a fin que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen, formalizando en su oportunidad a los querellados, se los acuse, y en definitiva condene al máximo de las penas asignadas a los ilícitos materia de la presente acción, con sus accesorias legales y costas».
Esto debido a que empresas Penta S.A e Inversiones Penta III limitada «pagaron deudas ajenas» correspondientes a Golborne «aparentando la celebración de contratos onerosos» entre dichas empresas y VOX Comunicación estratégica.
Por otro lado, agrega el texto, se «ocultó» la celebración de contratos en beneficio del ex ministro «al haber visto este extinguido sus deudas y por lo tanto incrementando su patrimonio, sin realizar ninguna contraprestación recíproca en beneficio de quienes realizaron el pago».
Los montos involucrados en los traspasos ascienden a $120 millones, realizados en seis pagos de igual valor.
Otros de los querellados son los ex controladores del Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex gerente Hugo Bravo.
A ellos se suman Manuel Antonio Tocornal, Oscar Buzeta, Marcos Castro, Luis Calvo y Gabriele Lothhlolz. Estos últimos dos en su calidad de representantes legales de la agencia de comunicaciones de Golborne, VOX.
En la acción judicial se señala que durante enero a junio de 2013 los representantes de VOX emitieron y facilitaron seis facturas no afectas o exentas de IVA a Empresas Penta e Inversiones Penta III limitada, «las que dan cuenta de asesorías por servicios profesionales que realmente fueron prestados a Laurence Nelson Golborne Riveros con ocasión de su campaña presidencial».
Se señala que las empresas destinatarias de los documentos «pagaron deudas correspondientes al querellado Golborne Riveros, aparentando haber sido ellos los destinatarios de los respectivos servicios».
Producto de lo anterior -agrega el libelo- se pudo establecer que empresas Penta S.A e Inversiones Penta III limitada, durante el año tributario 2014, «rebajaron artificiosamente la renta líquida imponible del Impuesto de primera categoría, declarada en el formulario N°22» además de evasiones al impuesto único establecido en el artículo 21 de la ley de impuesto a la renta.
El perjuicio fiscal asciende a $45.365.007.
Se trata de la segunda querella del Servicio ingresada por el nuevo director, Fernando Barraza. Al igual que la ingresada el 1 de octubre contra un ex colaborador de Sebastián Piñera y personas vinculadas al senador Iván Moreira, se enfatiza que «la presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose sólo a los hechos que en su texto se detallan».
La vinculación de Golborne con el caso
Golborne declaró el noviembre de 2014 en el marco de la indagatoria por presunto financiamiento irregular de su campaña.
En esa ocasión confesó:
«Conversé con Gabriele (ex socia) sobre la manera de enfrentar la candidatura, hicimos una analogía con el posicionamiento de la marca. Gabriele estudió el tema me hizo un planteamiento y me indicó que no era una asesoría barata, sino que alcanzaba entre 10 a 15 millones de pesos al mes…Ante esta situación decidí asumir personalmente parte del corso, pero el resto, debía buscar la forma de financiar esto. Gabriele partió trabajando y le dije que vería como pagarle.
«Por mi vida profesional tengo contactos con muchos ejecutivos, entre ellos conozco a Carlos Délano con quien había tenido distintas interacciones y especialmente habíamos sido ambos directores en Icare y habíamos desarrollado una buena relación.
Me parecía que era una persona que podía aportar porque tenía patrimonio, liquidez, por la venta reciente de una inversión relevante, y teníamos similitudes en nuestra visión de país (…) Fui a hablar con él en el mes de noviembre y le conté en lo que estaba (…) le pregunté si me podía ayudar y él me dijo que sí me podía ayudar que era importante este tipo de apoyos».
«Le pedí una segunda reunión a Carlos Délano y le dije que ya necesitaba los recursos para pagar esta asesoría. Le hablé específicamente de 20 millones de pesos por 6 meses. Me dijo que hablara con su gerente Hugo Bravo».
