La comisión especial del Senado Federal brasileño aprobó hoy por 15 votos contra cinco la admisión del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de incurrir en un presunto crimen de responsabilidad.
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Tal y como ocurrió la víspera, apenas iniciada la sesión de este viernes el titular del colegiado Ricardo Lira se vio obligado a decretar una interrupción de cinco minutos para calmar los ánimos, ante las manifiestas divergencias expresadas por senadores de diferentes signos políticos.
En la jornada hablaron líderes de los partidos y bloques parlamentarios, así como el relator Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien insistió en que el análisis realizado en esta instancia se limita a reconocer «si existen o no indicios suficientes» para proseguir con el proceso de impeachment.
Al intervenir, el senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Lindbergh Farías ratificó que el pretendido enjuiciamiento de la mandataria por crímenes que no cometió constituye un golpe a la democracia, y anticipo que irán a la votación en el plenario con la frente en alto, pese a lo que llamó «festival de traiciones».
Por su parte, el líder del Gobierno en el Senado, Humbero Costa, denunció que se llevó adelante un proceso absolutamente viciado por el desvío de poder ejercido por el extitular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien admitió la denuncia contra Dilma en venganza contra el PT.
Costa consideró que de este modo se está banalizando la figura del impeachment y aseveró que el relator del proceso practicó un verdadero «contorsionismo jurídico» para tratar de justificar lo que no tiene justificación.
Este proceso -dijo- es un intento de subir por la rampa trasera y entrar por la puerta del fondo al Palacio de Planalto (sede de la Presidencia de la República).
Cassio Cunha Lima, del PSDB, apreció que el parecer debatido en la comisión indicó que los actos denunciados se justifican y aseguró que «hoy Brasil todo es Anastasia»; mientras Zezé Perella, del Partido Laborista, llamó la atención sobre el hecho que dos de los cuatro gobernantes electos tras la redemocratización enfrentaron impeachments.
Es hora, estimó, de que pensemos seriamente en adoptar un sistema de parlamentarismo.
En nombre de los legisladores del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Vanessa Graziotini señaló que la denuncia presentada contra Dilma no vino de la ciudadanía, sino de la sede del PSDB, que pagó 45 mil reales (cerca de 13 mil dólares) por ella.
Lo que está siendo juzgado, sostuvo, no es el mandato de la Presidenta, sino el modelo implantado hace 13 años y que fue el primero en la historia de Brasil en privilegiar políticas para favorecer a los trabajadores y a los más desposeídos.
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Aprobado el relatorio, este pasará a la consideración del plenario del Senado Federal, que deberá debatirlo a inicios de la próxima semana para someterlo a votación el día 11, cuando se decidirá -también por mayoría simple- si se inicia o no un juicio político contra Dilma Rousseff.
De recibir el visto bueno del pleno senatorial, la jefa de Estado será apartada de sus funciones hasta por 180 días, en espera del resultado del juzgamiento, que será encabezado entonces por el presidente del Supremo Tribuanl Federal Ricardo Lewandowski.
