Las masivas movilizaciones sociales contra el modelo de AFPs y la discusión pública reciente en todo Chile, demuestran un profundo malestar con el actual modelo de pensiones que se arrastra ya desde hace bastante tiempo.
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El diagnóstico es lapidario. En primer lugar, los resultados objetivos del sistema son insuficientes. Las pensiones son bajas comparadas con los salarios, lo que implica una brusca caída de los ingresos en la vejez. Las pensiones no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de subsistencia: 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y 44% están bajo la línea de pobreza.
Las pensiones son riesgosas y dependen de los vaivenes del mercado financiero, que siempre pueden caer en crisis.
Todo esto se junta a las grandes utilidades de las AFP que, por supuesto, lucran. Es más, los dueños de las AFP y de las Compañías de Seguros que administran los fondos de pensiones se apropian de grandes excedentes que alimentan el sistema financiero, lo que se traduce en los sueldos millonarios de sus directores (algunos ni siquiera afiliados).
En segundo lugar, el Fondo de Pensiones, que se alimenta de las cotizaciones anuales de los afiliados (ahorro forzoso), representa más del 70% del PIB y se va a capitalización a los grandes grupos económicos, reproduciendo e incrementando las desigualdades sociales en el ámbito político.
Administrar estos recursos les da un poder de chantaje enorme a estos grupos económicos. Bajo esta perspectiva, especial preocupación genera la vinculación de las AFP con el mundo político de los partidos tradicionales a nivel transversal. La legitimidad del sistema está en crisis y la confianza de que sea el mercado su mejor administrador está quebrada.
Finalmente, las pensiones dependen directamente de lo contribuido en el mercado laboral, no permitiendo a aquellos que les fue mejor en la vida laboral que deban contribuir solidariamente con quienes están en una posición de desventaja, para que tengan mejores condiciones de vida en la vejez. Las mujeres son perversamente afectadas en este sentido.
Mientras la sociedad chilena les entrega una responsabilidad reproductiva, limitando sus posibilidades de desarrollo en el mundo del trabajo, les exige que sus condiciones de vida en la vejez dependan de su aporte a lo productivo.
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Al mantener vigente el uso de tablas de mortalidad diferenciadas según sexo para el cálculo de las pensiones, el sistema no puede sino llevar a resultados profundamente dispares en los montos recibidos. Mientras 59% de las mujeres obtienen primeras pensiones que se encuentran bajo la línea de la pobreza, el 26% de hombres se encuentra en la misma situación.
Quienes defienden el actual modelo afirman que el problema de las bajas pensiones no es del sistema de capitalización individual sino del funcionamiento del mercado laboral y de los parámetros del modelo: bajas tasas de cotización, lagunas previsionales, falta de educación previsional de la gente, edad de jubilación, aumento en la esperanza de vida de la población (cambio demográfico), bajos salarios, entre otros. Sin embargo, el modelo de pensiones vía AFPs, diseñado en dictadura, se implementó complementariamente a otra gran reforma: el Plan Laboral (del mismo autor, José Piñera).
El sistema de capitalización y el plan laboral destruyen la organización colectiva de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Privatiza la responsabilidad por las condiciones de vida, tanto en el trabajo como en la vejez, atomizando el mundo laboral.
Por eso, mientras más se basa el sistema de previsión social en el “esfuerzo individual”, más problemas distributivos tendremos en el mundo laboral: más empoderamiento de los grandes grupos empresariales y menos poder de los trabajadores para distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento.
En este contexto, reformas paramétricas, que no aborden sustantivamente las falencias del modelo, no serán capaces de reconstruir un sistema de Seguridad Social en el país. Una reforma estructural al modelo debe reconocer que un sistema de Seguridad Social tiene los siguientes principios según la OIT: 1) Diálogo social; 2) Cobertura universal; 3) Trato uniforme; 4) Solidaridad social; 5) Equidad de género; 6) Suficiencia de las prestaciones; 7) Eficiencia y costo administrativo razonable; 8) Participación social en la gestión; 9) Rol del Estado y supervisión; y 10) Sostenibilidad financiera.
Este planteamiento asume que, desde la lógica de la Seguridad Social como derecho, los riesgos no pueden ni deben ser individualizados ni resueltos por la vía del mercado. En atención a ello, es fundamental incorporar un pilar significativo de Seguro Social en el sistema de pensiones, de administración pública, fundado en la solidaridad intergeneracional y entre hombres y mujeres, que otorgue protección universal a las personas durante su vejez. Su diseño debe buscar incrementar las pensiones respecto de su nivel actual y definir un estándar básico consensuado a nivel nacional.
Además, si hay alguna permanencia del ahorro previsional e inversión de reservas técnicas, estas deben considerar instrumentos de inversión adecuados, que se conformen de acuerdo a criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, y consideren la participación de trabajadoras y trabajadores en sus decisiones.
Creemos que el sistema de Seguridad Social debe tener tres características fundamentales.
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Primero, debe ser financiado mediante un mecanismo de reparto o solidaridad intergeneracional. Esto es entender la pensión como derecho social, es decir, de cada uno según sus posibilidades (activos) a cada uno según sus necesidades (inactivos). Esto permite además crear una comunidad de intereses y empoderar a los trabajadores.
Segundo, el sistema debe ser de administración pública, autónoma del Estado, como el Instituto de Previsión Social (IPS).
Tercero, el financiamiento del sistema de pensiones debe ser tripartito, tanto de los actuales ocupados como de los actuales empleadores y de impuestos generales (aporte estatal).
Este sistema de Seguridad Social puede ser perfectamente mixto en una etapa de transición. En un principio un 50% de la actual cotización a las AFP puede contribuir a financiar el seguro social, y permitir a los ocupados voluntariamente elegir si el otro 50% desean ponerlo en el seguro social o en las AFP (incluyendo la posibilidad de elegir una AFP estatal).
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Esto permitiría sacar del mercado financiero el 50% de los actuales recursos y ponerlos en manos de una institución pública (como el IPS) para ser repartidos entre los actuales pensionados, de manera de aumentar sustantivamente sus pensiones, incorporando un seguro social que no tenemos.
Gradualmente, podemos ir incrementando la contribución al seguro social hasta que dejemos el ahorro en instituciones financieras a modo de complemento voluntario.
Estas son propuestas para una “ley corta” que inicie un camino de reconstrucción de un auténtico y moderno sistema mixto de Seguridad Social en Chile.
La dignidad de un país se mide, entre otras cosas, por la manera en que se retribuye a quienes lo levantaron con el sudor de su frente. Hay un camino, falta la voluntad política. No hay derecho a olvidarnos de nuestros pensionados y pensionadas. Más temprano que tarde a todos nos tocará estar en su situación.
Fuente: El Mostrador
