Contra lo que aconseja la prudencia, y las más de las veces, metiendo goles de «lauchero», la heteróclita alianza entre la derecha, los sectores neoliberales de la concertación, y el oportunismo, en el Congreso, le está dando la pasada tanto a la agenda de seguridad de Piñera, como a su descarada estrategia de cargar el costo de la crisis a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la población.
1.- Agenda legislativa del Gobierno
Aunque en un primer momento el Gobierno insistió en darle tramitación a la agenda de seguridad, decidió por ahora priorizar propuestas en el ámbito económico y laboral, disfrazando las demandas del gran empresariado como medidas sociales urgentes para la crisis.
En particular, la agenda laboral regresiva presenta condiciones para su aprobación gracias al apoyo de parte importante de la oposición, que no se limita a la DC y al PR. Llama la atención, en este sentido, que el proyecto de Teletrabajo fuera aprobado en el Senado con sólo un voto en contra y dos abstenciones.
Voto telemático en el Congreso
Ante una cada vez más probable suspensión forzada de la actividad parlamentaria por la emergencia, la derecha presentó un proyecto para permitir el funcionamiento a distancia del Congreso para votar proyectos de ley.
El contenido de esa propuesta dejaba abierta la puerta para aprobar administrativamente, sin discusión, toda la agenda legislativa del Gobierno.
El rechazo en la Cámara de Diputados de esta moción dio paso a una reforma constitucional que si bien permite el voto a distancia de los congresistas, queda sujeto a una declaración de cuarentena o estado de catástrofe y al acuerdo de dos tercios de los comités, lo que en este caso constituye un resguardo para evitar el uso del Congreso como un buzón de la administración Piñera.
Ingreso mínimo garantizado
Se trata de un subsidio dirigido a los trabajadores que perciben un salario inferior a $384.363 con un aporte máximo de $59.200 para los que tienen ingresos por $301.000.
Este subsidio, que se extenderá hasta fines de 2023 no impone ni tributa, y va disminuyendo conforme crece la remuneración bruta.
El gran problema de esta ley es que, además de liberar al empresario de su deber de pagar una parte de salario, beneficia también a grandes empresas.
La Cámara de Diputados lo había limitado a empresas con ventas hasta por 75.000 UF, pero finalmente se aprobó sin tope como el Gobierno había propuesto.
Teletrabajo
Este proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar en una agenda laboral que radicaliza la precarización laboral, no a través de una gran reforma, sino que diseminada en múltiples proyectos. Así, el Estatuto Joven ya es ley y recientemente logró aprobar en general en la Comisión de Trabajo el proyecto que modifica la Dirección del Trabajo.
La ley de Teletrabajo, ya promulgada por Piñera, implica una merma en derechos individuales y colectivos: superpone la vida laboral con la personal y aisla al trabajador, debilitando la organización sindical.
Por lo pronto excluye de la jornada ordinaria a quienes ocupan medios tecnológicos, los que deberán laborar 12 horas diarias sin pago de horas extras. Este cambio ahorrará costos a las empresas y permitirá cambiar contratos vigentes.
Bono COVID 19
Las medidas económicas del Gobierno, analizadas en la declaración pública del Partido, se plasman en un proyecto de ley cuyo aspecto más polémico fue el monto y duración del bono para las familias más pobres.
La propuesta del Gobierno de un bono de 50.000 pesos fue rechazada en la Cámara de Diputados, pues la oposición exige que el monto ascienda a lo menos a 100.000 pesos por carga y que no se limite a una única entrega como plantea la propuesta original.
(N de la R: al final del día, el bono se aprobó tal como pretendía el gobierno: $50 mil por carga, una sola vez).
Proyecto de protección de ingresos
El Gobierno ingresó un proyecto que permitirá que los trabajadores que no puedan laborar a distancia ni asistir a la empresa, a causa de la emergencia, sigan percibiendo remuneración con cargo al Seguro de Cesantía.
Con esa diabólica capacidad de trasmutar el lenguaje, propia del peor gobierno de la historia de Chile, se desvincula la remuneración del trabajador de la empresa que lo emplea; se lo transfiere a un precario e inmaduro sistema de seguro laboral, con pendiente negativa, mientras sube la curva de contagiados; en nombre de la «protección de ingresos».
Pero, a esta altura, cada vez son menos los que le creen a Piñera.
Proyecto de protección al empleo
Este proyecto, al que se le dará discusión inmediata, se encuentra en el Senado desde enero. Facultará a celebrar un pacto de reducción de la jornada laboral a las empresas que hayan disminuido sus ingresos en un 10% respecto del año anterior; que tenga pérdidas tributarias o que se encuentre en proceso de reorganización.
La jornada podrá reducirse hasta en un 50%, por un máximo de cinco meses, cuando hay contrato indefinido o tres con contrato fijo o por obra, y la consiguiente rebaja en la remuneración será compensada parcialmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Si la jornada se rebaja en un 50%, el complemento sólo será de un 25% de la remuneración.
Se trata de legislaciones negociadas en circunstancias extremas, sin consultar a los afectados, y que por tanto, tienen escasas posuibilidades de sobrevivir al gobierno de Piñera.
2.- Proyectos de la Bancada del Partido Comunista
En función de las orientaciones comunicadas por la Dirección del Partido, la Bancada ha presentado diversos proyectos de ley que tienen por objeto la protección de los trabajadores y el fortalecimiento del rol del Estado para enfrentar la crisis.
Prohibición de despidos por necesidades de la empresa
La propuesta de la diputada Camila Vallejo impide que los empleadores despidan trabajadores, por el plazo de cuatro meses, por la causal de necesidades de la empresa o por fuerza mayor.
Cambios al estado de catástrofe
Reforma constitucional propuesta por el diputado Boris Barrera para radicar en la autoridad civil de Salud las facultades extraordinarias propias del estado de excepción de catástrofe.
Declara de utilidad pública el sistema privado de salud
Proyecto de ley de los diputados Daniel Núñez y Karol Cariola que declara, de forma permanente, a las clínicas, hospitales y centros de salud privados como de utilidad pública.
Esta declaración permite al Estado tomar el control del sistema privado y disponer de sus bienes y recursos, sin necesidad que se declara estado de excepción constitucional.
Suspende el cobro de servicios básicos
Proyecto de ley de la Bancada que suspende por cuatro meses el cobro de la electricidad y del agua potable al 60% de los hogares más vulnerables según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.
El costo de esta suspensión se imputará a las utilidades de las empresas que distribuyen estos servicios básicos.
