El legado de los Juegos Olímpicos de Río 2016, con al menos ocho personas muertas en operaciones policiales realizadas en la ciudad durante los Juegos y una represión feroz de las manifestaciones pacíficas, ha quedado hecho trizas, según Amnistía Internacional.
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“Brasil ha perdido la medalla más importante que se disputaba en Río 2016: la oportunidad de convertirse en abanderado de los derechos humanos”, ha afirmado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
“Las autoridades brasileñas han desaprovechado una oportunidad de oro para hacer realidad sus promesas de aplicar en Río unas políticas de seguridad pública que harían de la ciudad un lugar seguro para todas las personas. La única manera de rectificar algunos de los numerosos errores cometidos durante los Juegos es garantizar la investigación eficaz de todos los homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, y la rendición de cuentas de los responsables ante la justicia.”
Aumentan los homicidios cometidos por la policía
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En 2016, mientras Río se preparaba para saludar al mundo, los homicidios policiales fueron aumentando mes a mes en la ciudad.
Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la policía desplegada en la ciudad mató a 35 personas en abril, 40 en mayo y 49 en junio: un promedio de más de una persona al día.
Durante la celebración de los Juegos (del 5 al 21 de agosto), la policía llevó a cabo constantes y violentas operaciones en varias zonas de Río de Janeiro, entre ellas, Acari, Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, Maré, Del Castilho y Cantagalo.
En esas operaciones resultaron muertas al menos ocho personas (tres en Del Castilho, cuatro en Maré y una en Cantagalo). El índice de muertes podría aumentar, ya que aún no se han confirmado los datos sobre víctimas mortales en otras dos favelas: Acari y Manguinhos.
Los habitantes de estas zonas han informado asimismo de otras violaciones de derechos humanos, como invasiones de domicilios, amenazas directas e insultos y agresiones por parte de la policía.
La “guerra a las drogas” que libra Brasil, así como el enfoque de las operaciones de seguridad con agentes fuertemente armados, también ponen en peligro a la policía. Al menos dos agentes resultaron muertos en los 10 primeros días de los Juegos.
En la primera semana de los Juegos Olímpicos (5-12 de agosto) se registraron 59 tiroteos en el área metropolitana de Río de Janeiro, con un escalofriante promedio de 8,4 al día (casi el doble que la semana anterior, que había habido 32 tiroteos, una media de 4,5 tiroteos al día). En el mismo periodo, al menos 14 personas perdieron la vida y otras 32 resultaron heridas debido a la violencia armada, según los datos recopilados mediante Cross-Fire, una aplicación informática lanzada en julio por Amnistía Internacional para rastrear la violencia armada en las favelas.
Represión de las manifestaciones
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La policía ha reprimido ferozmente a los manifestantes, tanto dentro como fuera de los espacios deportivos. Las manifestaciones públicas y pacíficas celebradas en Río de Janeiro los días 5 y 12 de agosto fueron contestadas con violencia policial, incluido el uso de armas menos letales, como el gas lacrimógeno o las granadas paralizantes; varias personas fueron detenidas. Varias más fueron expulsadas de las zonas de competición por exhibir pancartas o llevar camisetas con mensajes de protesta, lo que vulneró su derecho a la libertad de expresión.
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En São Paulo, la policía reprimió con dureza una manifestación el 5 de agosto y practicó más de un centenar de detenciones, incluidas las de al menos 15 menores de edad.
“Terminamos los Juegos Olímpicos con unas políticas de seguridad pública todavía más militarizadas, centradas en una represión muy selectiva, en el uso excesivo de la fuerza y en actuaciones policiales equiparables a operaciones de combate en las favelas. El resultado no deja lugar a dudas: Un índice de muertes en aumento y otras violaciones de los derechos humanos de los residentes, sobre todo los varones jóvenes negros”, ha afirmado Atila Roque.
“De nuevo, el legado de un gran evento deportivo en Brasil se ha visto empañado por los homicidios y abusos cometidos por la policía contra manifestantes pacíficos. El Comité Olímpico Internacional y otros organismos encargados de organizar actos deportivos no deben permitir que estos eventos se celebren a costa de los derechos humanos de la población.”
