En Chile hay 718 depósitos de relaves mineros. De ellos, 124 están abandonados, a diciembre de 2015, desde los 94 que había a julio del mismo año. Otros 119 están activos, 443 no activos y 32 no se tiene la información adecuada para clasificarlos.
Varias repercusiones viene generando la fuga de mineral de un ducto de Mina Los Bronces, que ocurrió el pasado domingo. De hecho, se creó un Comité de Emergencia para evaluar los efectos del derrame de mineral en la co:muna de Colina, donde ocurrió el incidente de la operación de Anglo American. Y, en paralelo, las autoridades están analizando los antecedentes del hecho y evaluarán llevar a cabo sumarios administrativos en caso de que corresponda.
Anglo American explicó que el material filtrado no corresponde a relave del proceso minero, sino que se trata de “pulpa”, formada por material rocoso molido mezclado con agua.
Sin embargo, el derrame puso sobre la mesa nuevamente el tratamiento que dan las mineras a sus procesos medioambientales, en un contexto en el que los depósitos de relaves abandonados, por ejemplo, ha subido fuertemente.
“La mayoría de los depósitos abandonados son muy antiguos y sin propietarios reconocidos, lo que implica un desafío mayor al definir qué hacer con ellos”, afirma el director nacional de la entidad, Rodrigo Alvarez Seguel.
Remarca que “la comprensión de este tema amerita una perspectiva histórica de la evolución de la minería en Chile. Se trata de depósitos correspondientes a los tiempos en que igualmente había menos cultura del cuidado ambiental y muchos depósitos se construían sin control ni autorización del Estado. Por esto, hoy es complejo encontrar a los propietarios de éstos”.
Rodrigo Alvarez anticipa que una aspiración del servicio es contar con los recursos suficientes para completar su catastro de depósitos de relaves mineros y, en base a ello, dice, “se podrá concluir cuántos son económicamente explotables, cuántos son portadores de minerales nocivos para las personas y el ambiente, cuántos son estériles químicamente y, por lo tanto, están en condiciones para utilizarlos en la construcción de caminos, fábrica de ladrillos y otros”.
También asevera que este problema implica al Estado y se debe buscar una solución integral. Por ello, sostiene que el Congreso “no ha definido institucionalidad nueva para instalaciones cerradas con anterioridad a la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994, cuyo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) comenzó a funcionar en 1997”.
Ejemplifica que la ley más moderna es la de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, de 2011, la que, según él, sólo se refiere a medidas de estabilización física y química.
Asimismo, precisa, implica exclusivamente a los proyectos que actualmente están en operación.
Con todo, el gobierno trabaja, aunque a paso lento, dice una fuente del ministerio de Minería, en una Ley de Relaves y Pasivos Mineros, que dote de un marco robusto al sector y permita regular este tipo de material.
