Las denuncias del Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros de los manejos de Soquimich, la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, constituyen un nuevo esclarecedor capítulo de las profundas relaciones construidas entre poderosos intereses económicos y la política, sin duda con el propósito de defender y ampliar su presencia en las estructuras de poder. Penta capturó en los hechos a un partido político, la UDI. Soquimich, al igual como se comprueba en el actuar de los Luksic, desarrolla relaciones más transversales. Ponce Lerou las intensificó luego del caso Cascadas.
Desde luego, estos vínculos entre grupos empresariales y políticos exigen adoptar medidas que los reduzcan y transparenten. De allí la importancia que pueden alcanzar las recomendaciones de la comisión formada por la presidenta de la República encabezada por Eduardo Engel. Pero, al mismo tiempo se requiere actuar sobre procesos que se fueron desarrollando desde el momento que no se esclarecieron los oscuros procesos privatizadores ocurridos durante la dictadura.
De allí la necesidad de mirar lo acontecido desde una perspectiva más general. Soquimich es por ello un caso muy importante para dimensionar la magnitud de los procesos que se decida poner en marcha, teniendo incluso presente propuestas efectuadas por otras comisiones creadas por Michelle Bachelet, como la del litio que entregó un conjunto de recomendaciones de gran importancia.
Soquimich dejó de ser una arista del caso Penta y adquirió una dimensión propia cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó a la Fiscalía Nacional una denuncia de 237 facturas falsas, por la suma de $2.202 millones, 609 boletas de honorarios presumiblemente falsas ascendentes a $2.145 millones, y 31 boletas de honorarios falsas por $134 millones, en operaciones realizadas entre los años 2009-2014.
Ella se sumó a otra realizada el 24 de marzo de 73 boletas de honorarios falsas por $1.360 millones, completando operaciones por $5.700 millones, lo cual se aproxima a los US$11 millones dados a conocer por Patricio de Solminihac, el nuevo gerente general de SQM, como pagos irregulares que “podrían no cumplir los requisitos para ser considerados gastos bajo el Código Tributario”, de lo cual responsabilizó a su removido antecesor Patricio Contesse.
Desde el momento de su remoción se comenzó a responsabilizar al exgerente general explícitamente de las irregularidades. Así lo hizo Patricio de Solminihac en una conferencia a distancia con los inversionistas.
“El 20 de marzo de 2015 -les señaló- informamos al SII de pagos por unos US$11 millones que se originaron desde la oficina de nuestro ex Ceo durante seis años, desde 2009 y hasta 2014, que podrían no cumplir con los requisitos para ser considerados gastos bajo el código tributario chileno (…)”.
Luego, fue aún más explícito informando a la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS:
“La falta de explicación por parte de señor Patricio Contesse G. para justificar dicho servicios y pagos –manifestó-, y la ausencia de los respectivos documentos de respaldo incidieron en el término del contrato de trabajo que existía entre él y la sociedad. El señor P. Contesse G. –añadió- justificó lo anterior amparándose en su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse” (29/03/15).
¿Estas declaraciones fueron expresión de un rompimiento de la nueva administración de Soquimich con el ex gerente? o ¿una táctica para limitar las responsabilidades y, en particular, dejar al margen a Julio Ponce?
La relación entre Ponce y Contesse existe desde 1978, en los años de la dictadura cuando el en ese entonces yerno de Pinochet fue nominado en la dirección de la Corfo. Posteriormente, Ponce designó a Contesse en tres oportunidades a cargo de Soquimich.
La tercera vez en 1990 hasta el 18 de marzo pasado cuando fue removido en su función, aunque continuó tratando de impedir que se entregaran los antecedentes demandados por el Ministerio Público, llegando incluso a efectuar, a través del abogado Samuel Donoso que presentó posteriormente su renuncia al PPD, una presentación al Tribunal Constitucional.
Patricio de Solminihac ingresó a SQM hace 27 años, ocupando el cargo de subgerente general, al lado de Contesse, durante quince. Como mucho de los imputados del caso Penta es ingeniero comercial de la Universidad Católica, efectuando un magister de administración pública en Chicago.
¿Es creíble su falta de conocimiento de lo efectuado por Contesse? ¿O busca demostrar que las responsabilidades son personales y la nueva administración que encabeza es diferente?
Desde luego aparece entregando antecedentes a la Fiscalía. De otra parte, se cortaron los contratos de asesorías vigentes a más de una cincuentena de empresas, entre ellas Imaginacción, del lobbista Enrique Correa, Libertad y Desarrollo vinculada a la UDI y Chile 21, presidida por el exsenador Carlos Ominami.
De otra parte, la gerencia de Riesgo y Control de Cumplimiento instruyó que en el caso de pagos de boletas la glosa debe coincidir y ser coherente con el giro de quien emite el documento, normativa que no se cumplía en un alto número de los documentos falsos constatados por el SII.
La continuidad de la nueva administración está vinculada al desenlace que tenga la junta de accionistas del 24 de abril.
“Los fundamentos de esta nueva denuncia –manifestó el SII- surgieron a partir del análisis de antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresas SQM el 20 de marzo último, y de los obtenidos en diversas diligencias por funcionarios fiscalizadores de la subdirección jurídica” (03/04/15).
El caso Penta mostró actos fraudulentos de la empresa con militantes de la UDI, salvo casos muy excepcionales que comprometieron a personeros de otras organizaciones.
En el listado de Soquimich hay también un número apreciable de militantes de la UDI, pero los hay de otros partidos incluidas fuerzas que apoyan al gobierno de Michelle Bachelet. Ponce Lerou actuó para llegar a un abanico más amplio de fuerzas políticas, para así intentar incrementar su red de relaciones o apoyar causas con las cuales se identifica.
En el listado aparecen nombres de diferentes estudiantes de la Universidad Católica.
“Ellos tienen –comentó El Mostrador- tres elementos en común: fueron miembros de la PUC, entregaron, a ojos del SII, boletas de honorarios falsas a SQM y fueron activos miembros de los movimientos políticos de derecha o centro derecha, Solidaridad UC y Movimiento Gremial. Solidaridad UC –añade- es reconocida por su definición conservadora (…).
Por otro lado, está el Movimiento Gremial, los hijos de Jaime Guzmán, directamente ligados a la UDI y que el año pasado (…) lograron recuperar la FEUC por la derecha” (06/05/15). Estos antecedentes revelan que si bien los recursos de SQM se dirigieron a un espectro variado privilegiaron en especial a sectores ideológicamente más cercanos a Julio Ponce.
Un ejemplo de la temática de fondo en la relación gran empresa y partidos políticos lo proporciona la empresa Asesorías Técnicas S.A. (Asetec), creada en 1990 por dirigentes de RN para financiar al partido. En 1994, suscribió un acuerdo con SQM que le proporciona desde entonces financiamiento.
Ante el conocimiento público del hecho, la directiva de RN efectuó una declaración en que afirma: “Asetec ha realizado informes reales, respaldados siempre por documentos escritos (…). Asimismo –añadió-, Asetec ha pagado año a año, íntegramente, los impuestos que le correspondían por ley.
El vínculo comercial de Asetec con distintas empresas –concluyó-, no compromete la independencia de nuestro partido ni de sus militantes” (06/04/15). Sin entrar a analizar su cumplimiento o no de las normas tributarias, ¿RN participará o no en el parlamento en votaciones que afecten a SQM?
Esta es la relación perversa entre el dinero y la política. “Todos los secretarios generales de RN, con todas las mesas directivas –enfatizó la senadora Lily Pérez de Amplitud, exmiembro de RN-, son miembros de Asetec. Yo no tenía la menor idea –agregó- que se recibían aportes de SQM. Obviamente que esto se ve muy mal frente a la opinión pública, pésimo” (06/04/15).
Desde luego que existen casos absolutamente claros de financiamientos a políticos sin que existan trabajos efectuados a SQM. Por ejemplo, Trinidad Subercaseaux, nuera de Cristián Leay, ex diputado de la UDI, declaró al SII:
“No presté ninguna contraprestación a Soquimich. El dinero –detalló- sí lo recibí mediante un vale vista de $5 millones y luego se lo entregué a mi suegro”. Ahora bien, Cristián Leay forma parte, según el abogado Mauricio Daza, de la red de protección que tiene Julio Ponce.
Un reconocimiento de recibir recursos irregulares de SQM fue efectuado igualmente por Pablo Zalaquett, excandidato a senador de la UDI, al programa televisivo 24 horas:
“Yo reconozco –declaró- que el apoyo a Reactor y el pago a Cristina Zúñiga fue una colaboración a mi campaña, y esta claro que la ley no lo permitía. (…) aparece –añadió- como un pago a terceros que no fue, sino que fue a mi campaña”. Zalaquett también recibió financiamiento de Penta “y en eso –explicó- se entendieron directamente el grupo Penta con la empresa que me dio servicios” (07/04/15).
El ex alcalde figura en la lista de políticos que Katherine Bischof, asistente de la presidencia y gerencia general de SQM, relató tuvieron entrevistas con Patricio Contesse. En ella está también el excandidato presidencial Pablo Longueira, el cual su hijo José Tomás y otros familiares figuran en el listado de SII entregando boletas presuntamente falsas, al igual que Chile Justo una fundación de su creación.
El requerimiento se dirige contra Patricio de Solminihac, Patricio Contesse González y Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, quienes tenían ya dos acciones penales en su contra anteriores.
Se pretende con la denuncia que la Fiscalía Nacional investigue la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, el uso de otros mecanismos para desfigurar el verdadero monto de las operaciones o reducir el pago de impuestos.
Con seguridad van a existir boletas que corresponden a servicios prestados, pero ellos en no pocos casos pueden formar parte de la conformación por Ponce Lerou de redes que le pueden ser útiles o apoyo a actividades que le interesó fomentar.
Varias de las explicaciones dadas a conocer no niegan las operaciones, las explican como trabajos efectivamente efectuadas. De ser así no modifica un hecho esencial de la conducta seguida por Julio Ponce que es establecer relaciones hacia un amplio abanico de personas con claros vínculos políticos.
Con la particularidad que el financiamiento es otorgado desde una empresa dirigida por un exyerno de Pinochet que busca con estos contactos que se olvide su pasado, de cómo se gestó su fortuna y que, por tanto, siempre tiene el temor de que se revise como adquirió el control de SQM.
Si son o no trabajos efectivamente efectuados deberá ser demostrado por la investigación de la fiscalía, pero el SII acompañó antecedentes de personas interrogadas que reconocen abiertamente no haber realizado ninguna actividad.
El presidente interino de la UDI, Javier Macaya –cuya esposa figura en el listado dado a conocer- aprovechó esta publicación para atacar a la Fiscalía Nacional en la línea inaugurada por Jovino Novoa.
“(…) Hoy hemos visto –declaró- cómo el trabajo del Ministerio Público tiene a Chile haciendo metástasis política (…). Me pregunto –agregó- por qué si lo que se está investigando es financiamiento irregular a la política, respecto de cual existe una norma de prescripción de un año en la ley, que ya pasó con creces, igual se hace esta investigación en forma tan pública (…)” (04/04/15).
Sin duda, el financiamiento irregular a la política es un tema importante a enfrentar, pero el gran asunto es de los mecanismos utilizados por poderosos grupos empresariales para crear redes políticas e influir en las estructuras de poder y ello no se acota a los períodos electorales, constituye un proceder permanente.
De otra parte, el listado se corresponde con un reconocimiento de la propia Soquimich que existen pagos no justificados que llevaron a la remoción de su gerente general, en un contexto en que los tres directores nominados por la canadiense Potash Corp. renunciaron, desligándose de la conducta seguida por Julio Ponce y la mayoría del directorio, que paralelamente al requerimiento del SII enfrenta cargos de la SVS debido a “la relevancia de la información que detentaban de la compañía sobre los cuestionamientos tributarios, frente a lo cual este órgano societario no calificó ni informó con la oportunidad ni en la forma debida al mercado dicha información que podría ser entendida como esencial” (01/04/15).
Por razones similares se están querellando en EEUU diferentes estudios de abogados, debido a las pérdidas experimentadas por los titulares de ADRs. Dos de los directores de SQM, Hernán Büchi y Juan Antonio Guzmán, que recibieron cargos de la SVS tienen altas responsabilidades en bancos: Büchi es asesor del directorio en el Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic y el norteamericano Citigroup y Guzmán es director del canadiense Scotiabank. El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, ha sido consultado sobre la pertinencia de que ambos permanezcan en sus cargos. Büchi es el director nominado en más sociedades anónimas.
Frente a estas nuevas formulaciones de cargos surgen dos interrogantes que conducen a hechos de fondo. ¿Cómo es posible que Julio Ponce continúe dirigiendo Soquimich después del escándalo de los manejos especulativos en las sociedades Cascadas y la SVS le aplicase una multa de $70 millones?
Monto eso sí muy reducido si se compara con lo percibido como presidente de SQM en 2014, $994 millones, a los cuales se les debe sumar otros $86,4 millones en su calidad de directivo de SQM Comercial. El 2013 había recibido, respectivamente por estos mismos conceptos, $1.137 millones y $82,7 millones.
Los hechos dados a conocer revelan nuevamente la subsistencia de estructuras económicas poderosas cuyo origen se encuentra en los años de dictadura. Lo grave es que los procedimientos cuestionados así como la estructura de control creada por Julio Ponce –que en otros países no se permite- subsisten por años, sin que se enfrente como ponerle fin. SQM explota recursos naturales no metálicos pertenecientes al país, yodo, potasio, litio, entre ellos, en condiciones extraordinariamente ventajosas. Es la mayor empresa existente en el sector de la minería no metálica, apoderándose de una renta que pertenece al país y sus ciudadanos.
El escándalo no constituye un hecho aislado. El Mercurio, antes de las elecciones presidenciales, editorialmente en un artículo en que se propuso extraer lecciones de las constataciones de la SVS , afirmó que “el modelo de riqueza que opera en Chile (…) ha sido dañado en los últimos años por varios casos –colusión de farmacias, negociación unilateral de La Polar, cambios en los contratos de crédito que afectaron a Cencosud y a más de cincuenta otras empresas, y el actuar de “cascadas” – que habían minado su prestigio y lo han puesto en tela de juicio ante la opinión pública, provocando parte del ambiente de cambios al modelo que ha caracterizado al (…) proceso eleccionario”.
Su conclusión esperable fue que proceder a cambios “sería un error histórico” (12/11/13). En verdad constituyen un subproducto del modelo, que a nivel global ha sido acompañado de profusión de este tipo de hechos, los cuales se han intensificado en el último tiempo creando una situación de crisis.
Un segundo cuestionamiento es como se permite la existencia de holdings cuya estructura nace, y en consecuencia su mecanismo de control desde paraísos fiscales. En lo analizado de la estructura de control creada por Julio Ponce falta por profundizar en que existe aguas arriba de las Cascadas. El jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, solicitó en octubre de 2014 que se le proporcionase esa información.
“La fiscalía no cuestiona, no es materia de nuestra investigación –señaló- el esquema de control de la sociedad aguas abajo que es SQM. Lo que a nosotros nos interesa establecer –enfatizó- es la existencia de traspasos de dinero o, en definitiva, cuál era el motivo de estas conductas (…) y por eso es importante conocer el balance de las sociedades aguas arriba. Donde se consolidaban en definitiva las ganancias de estas operaciones” (08/02/15).
El control más directo de las Cascadas proviene de Inversiones SQYA, sociedad anónima existente desde 2002, transformándose en sociedad limitada en octubre de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de las Cascadas. La memoria de SQM establece que el control absoluto de esta empresa de inversiones reside en Julio Ponce y personas relacionadas con él. Inversiones SQYA tenía a la fecha del último informe entregado al fiscal, un directorio de tres miembros: Julio Ponce, su hijo Julio Ponce Pinochet y un contador, Luis Saldías, que en la década de los ochenta comenzó a trabajar en Pampa Calichera.
A su vez, los accionistas de esta empresa son Inversiones SQ, que posee el 99,99% del capital, e Inversiones SQ controlada por SQ Grand Corp., empresa constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, donde se encuentran muchos intereses procedentes de Chile, que reclaman un estudio particular.
¿Cuáles son? ¿Cuántos recursos de los Fondos de Utilidades Tributables se encuentran en paraísos fiscales? En la reforma tributaria el fondo histórico acumulado no se tocó cuando es una suma enorme: se calcula en unos US$300.000 millones. ¿Por qué no se tocan? ¿No influye el peso del dinero en las estructuras que definen las políticas?
A nuestro juicio es un tema a esclarecer. Y en particular es inadmisible que el principal holding de minería no metálica del país sea controlado en último término desde un paraíso fiscal y allí se apoderen de parte de la renta producida.
La presidenta de la República ha manifestado que la investigación debe llevarse adelante “caiga quien caiga”. Ello es una decisión acertada, sin duda. Pero, se requiere una política de parte del Ejecutivo que considere los temas de fondo que en el caso de Soquimich emergen de su estructura y funcionamiento.
El caso Cascadas[1] se tradujo hasta ahora en multas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a un conjunto de responsables de las acciones especulativas efectuadas, empezando por su controlador, Julio Ponce Lerou, sin que se propicien medidas para desmontar el mecanismo de cascadas que lo posibilita.
La Comisión Nacional del Litio creada por la presidenta de la República le entregó al finalizar 2014 un informe, que junto a medidas de fondo, entre las cuales destaca la opinión casi unánime de crear “una empresa controlada por el Estado que se dedique al aprovechamiento de los salares, en especial del litio”[2], recomienda medidas de corto plazo.
Una de ellas es que Corfo proceda a “la revisión de los contratos vigentes al día de hoy en el Salar de Atacama, con SQM, y Rockwood, entregándole al Estado un rol más activo (…)” y conformar un consejo directivo, bajo la modalidad de un Comité Corfo, liderado por el ministerio de Minería, para el manejo de los salares (…)”[3].
La crisis de SQM hace necesario que se proceda rápidamente en esta dirección con mayor razón si “el Estado, a través de Corfo, firmó dos contratos de explotación en el Salar de Atacama (uno es con SQM) en condiciones económicas y de largo plazo muy favorables para las compañías inversionistas”.
La Corfo tiene un contrato de arrendamiento con SQM Salar, subsidiaria de SQM, que le otorga derechos para explotar recursos minerales en 81.920 hectáreas del Salar de Atacama, extrayendo salmueras que contienen litio, potasio, sulfato, boro y magnesio que caduca en diciembre de 2030.
Hasta 2013, SQM comercializó 84.416 toneladas de su cuota autorizada de 180.100 toneladas de litio equivalente. Su producción principal es de sales potásicas, teniendo una capacidad instalada para producir hasta 2,6 millones de toneladas de cloruro de potasio y sulfato de potasio.
En mayo de 2014, Corfo inició una demanda en contra de SQM por la no cancelación de manera íntegra y oportuna de las ventas trimestrales desde 2009, es decir ya hace seis años, sosteniendo que de no cumplir procedería a quitarle una parte de las pertenencias entregadas o poner término anticipado al contrato. SQM en su memoria del año 2014 advierte de la posibilidad que el arbitraje que mantiene por esta causal con Corfo se resuelva en su contra.
“No podemos asegurar –señaló en la memoria- que Corfo no usará este procedimiento arbitral, para intentar renegociar las condiciones del contrato de arrendamiento (…)”.
Mientras tanto en EEUU numerosas oficinas jurídicas presentaron o promueven demandas contra SQM por las pérdidas sufridas debido a la caída en las cotizaciones de ADRs, títulos representativos de acciones de la minera no metálica, sin que ésta haya proporcionado la información de los acontecimientos que lo explican
Los procesos se amparan en la Ley de Valores norteamericana y en la ley federal que castigan actos de corrupción en los mercados internacionales, aplicable a SQM por su emisión de ADRs. Las acciones legales cuestionan directamente la gestión del directorio encabezado por Julio Ponce Lerou.
Las leyes estadounidenses establecen elevadas sanciones económicas de existir actos corruptos.
El fondo Sailing Stone Capital Partners, que posee un 14,9% de las acciones de Soquimich serie B, y RS Global Natural Resources Fund, con el 7,3% se unieron para demandar abiertamente la salida de Julio Ponce como presidente afirmando que su relación con el exgerente general Patricio Contesse “parece haber evitado que el directorio iniciara una evaluación de verdad, independiente de las acusaciones de financiamiento ilegal de la compañía” (29/03/15).
Igualmente exigen la salida del directorio de Patricio Contesse Fica, por “los evidentes conflictos que existen entre él, la empresa y el directorio” (30/03/15). Sailing Stone es un fondo exclusivamente orientado al sector de recursos naturales, con inversiones en 34 empresas y que maneja recursos ascendentes a US$5.300 millones.
Global Natural, es el mayor administrador de fondos mutuos con acciones serie B. En oportunidades anteriores los ADRs, que tienen como custodio al banco New York Mellon, entregaban a la presidencia de SQM, es decir a Julio Ponce, su representación, en la próxima reunión no será igual.
El tema estará planteado en la junta ordinaria de accionistas de SQM a desarrollarse el 24 de abril cuando deberá elegirse directorio. Julio Ponce controla la sociedad gracias a un pacto con la nipona Kowa, que posee un 2,09% de las acciones, lo cual le ha permitido nominar a cuatro de los siete directores de la serie A, los otros tres los han sido por la canadiense Potash, la mayor empresa mundial de fertilizantes, con cerca de un 20% de la capacidad existente de producción, presencia en siete países, que en 2014 registró ingresos por US$7.115 millones de utilidades ascendentes a US$1.590 millones. Julio Ponce posee el 29,94% de los títulos por intermedio de Pampa Calichera y Global Mining. Los ADRs tienen el 23,52% de la serie B y las AFPs 4,7%. La serie B, donde hay accionistas minoritarios, designa uno, Ponce ha estado adquiriendo títulos de esta serie. En caso de empate en una votación decide el presidente, hasta ahora Ponce.
En los primeros días de abril, en los mismos momentos que el SII ampliaba su denuncia a SQM, la empresa Banmédica, la principal sociedad no financiera del grupo Penta, en un hecho esencial enviado a la SVS le comunicaba que su gerente general, Carlos Kubick, renunció ese mismo día a su cargo al reconocer que en el pago de sus compensaciones anuales por desempeño, en conjunto con otros dos ejecutivos de filiales del mayor conglomerado del país de salud privada, a través de facturas con filiales redujo su carga tributaria personal.
Estos manejos los efectuó durante cinco años y beneficiaron también al gerente general de las isapres Banmédica y Vida Tres, Fernando Matthews, y al gerente general de la Clínica Santa María, Pedro Navarrete. En su comunicado de prensa, Banmédica puso énfasis, buscando evitar investigaciones posteriores, que Kubick “asumió plena y exclusiva responsabilidad por estos hechos (…) sin conocimiento de ninguno de los directores y aprobación del directorio” (03/04/15)
Empresas Banmédica, es controlada conjuntamente por los grupos Penta y Fernández León, con el 28,7% de la propiedad cada uno. Posee la isapre del mismo nombre y de Vida Tres, las clínicas Santa María y Dávila y cinco clínicas regionales, teniendo inversiones además en Perú y Colombia.
Las operaciones fueron efectuadas con las filiales Saden S.A. y Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. Kubick fue su gerente general durante un cuarto de siglo y aprovechó el clima existente en el grupo para hacer operaciones fraudulentas en su beneficio.
Fue un subproducto del cuadro generalizado de corrupción en el holding. El nuevo gerente general, Mario Rivas, informó que los gastos rechazados están afectos a un impuesto de unos $810 millones, “más los intereses, reajustes y multas” (08/04/15). Mientras los tributos de segunda categoría, informó Banmédica, fueron “declarados y pagados por los ejecutivos afectados”.
Fuente: El Ciudadano
