Exigencia de degradación de uniformados condenados por actos represivos, fin de los “pactos del silencio”, término de secreto de antecedentes de la Comisión Valech y que FFAA y Carabineros entreguen información, entre las exigencias. Las demandas e iniciativas se gatillaron al conocerse la verdad de lo ocurrido con los jóvenes Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana -quemados vivos por una patrulla del Ejército en 1986- y ante la muerte del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras.
Entre otras cosas, ambos sucesos demostraron que el tema de los derechos humanos no está sepultado en Chile y que la tesis de “no volver al pasado”, planteada por personeros de la derecha y del mundo militar, es inviable frente a los miles de casos de ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones y agresiones ocurridos durante los 17 años de la dictadura cívico-militar.
En el octavo mes de este 2015, desde agrupaciones de derechos humanos, la sociedad civil y el Parlamento se re-posicionaron demandas en materia de derechos humanos que apuntan a cuestiones concretas como avanzar en verdad, en información fidedigna, procesamientos y condenas cuando amerite (hacer justicia), término de granjerías a uniformados hallados culpables de delitos en esta materia y por crímenes de lesa humanidad, avance en la institucionalidad de los DD.HH.
Es así que hoy se está exigiendo “que se terminen los pactos de silencio dentro de las Fuerzas Armadas y Carabineros” y que se las instituciones militares y policiales “de una vez por todas entreguen la información que tengan” respecto a ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y torturados.
En ese camino hay dos demandas específicas: que los altos jefes militares y policiales entreguen toda la información que tengan y que se termine el secreto de 50 años establecido para los antecedentes que figuran en la Comisión Valech, donde están los testimonios de miles de víctimas de la represión dictatorial.
También se planteó desde distintos sectores de la sociedad, que los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros procesados y condenados por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sean degradados. Es decir, que pierdan todas las garantías y beneficios como oficiales en activo y en retiro. Se manifestó de parte de las agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, de parlamentarios y de dirigentes de partidos políticos, que la degradación que incluso debería ocurrir de manera póstuma con los uniformados condenados.
Algo sostenido desde hace años por distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos, es que se cierre el penal de Punta Peuco, destinado solamente a que allí estén detenidos ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Una idea central es que ellos, como criminales, cumplan sus penas carcelarias en prisiones comunes, como todas y todos los ciudadanos condenados.
En el plano institucional hay dos situaciones que se quiere priorizar en el corto plazo. La creación y funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos y que en el Senado se fusionen las Comisiones de Constitución y DD.HH. para posibilitar el mejor trámite de todas las cuestiones que tengan que ver con este último tema.
Otra demanda instalada es que definitivamente se terminen de usar y de otorgar, medallas, condecoraciones, diplomas, insignias y todo tipo de reconocimientos, alusivos al golpe militar de 1973, a la dictadura, y a generales o altos oficiales procesados y/o condenados por crímenes, especialmente en los casos de Manuel Contreras y Augusto Pinochet. En este sentido también hay una exigencia de que ninguna calle del país lleve nombres de represores.
Cuando parecía un asunto fuera de la agenda nacional, una vez más se re-instalan demandas en materia de derechos humanos y en cuanto a cuestiones bien concretas que se deberían definir durante las próximos meses. Sin duda esto trajo y traerá una re-activación de movilizaciones, medidas y pasos destinados a seguir avanzando en la reivindicación de verdad, justicia, condenas y solución de varias situaciones en relación a derechos humanos en el país.
Fuente: El Siglo
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