Jorge Lavandero fue siempre una carta disidente dentro de su partido. Temprano simpatizante de las candidaturas presidenciales de Allende, su adhesión la encontró en la calle, en las poblaciones y en los campamentos mineros. En las dos últimas elecciones senatoriales en las cuales participó obtuvo las primeras mayorías nacionales.
Junto con Radomiro Tomic recorrió Chile en la época de la dictadura alertando sobre la riqueza del cobre que la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de José Piñera [1982], promulgada por Pinochet, dejaba en manos de las transnacionales.
Eran años en que muchos de los dirigentes de su partido, hoy encumbrados en altas responsabilidades de estado, estaban dedicados a negocios mineros e inmobiliarios, entendiendo que “esto va para largo”. Por eso fueron los primeros en condenarlo cuando organizó la masiva concentración de General Velásquez [1984] que marcó un hito imposible de ignorar en la lucha contra la dictadura.
Una anécdota señala los vientos que corrían en aquella época. Patricio Aylwin presidente del partido Demócrata Cristiano llamó a Lavandero para ordenarle parar el acto, so pena de pasarlo al tribunal de disciplina, pues el partido organizaba otra concentración en Alameda con Brasil.
Lo que no previó la directiva demócrata cristiana es que los convocados por el partido, pasando por el sitio previsto camino a General Velásquez, llenaron multitudinariamente la avenida en una de las mayores manifestaciones de que se tiene memoria en los años de la dictadura. Exponerse en aquella época no era asunto baladí.
Basta señalar que el Ministro Carroza investiga en estos días un atentado perpetrado por sicarios de la dictadura en la persona de Lavandero. Los sindicados de este crimen, que dejó en estado agónico al dirigente político, son parte de una diligencia de careo que el Ministro Carroza lleva en estos días a cabo en el curso del proceso.
Por razones obvias, como en muchos otros casos nunca hubo voluntad durante la dictadura para esclarecer los hechos.
Han pasado más de 25 años desde la vuelta a la democracia para que nuevamente un ministro de la Corte de Apelaciones se haga cargo del proceso.
Lo que hoy se ventila en fiscalías y tribunales no es un hecho fortuito. Tiene antecedentes que la mayoría de la ciudadanía desconoce. Recordemos que la Concesión del litio a perpetuidad fue otorgada a Ponce Lerou [yerno de Pinochet] en 1993, bajo la presidencia de Patricio Aylwin.
Este personaje nunca ha sido convocado a los tribunales por la responsabilidad que le cabe en las contribuciones de Soquimich [SQM] a políticos de todos los colores.
A partir de las dádivas empresariales conocemos a algunos de los actores.
En la arista Contesse del caso SQM, Pablo Longueira, militante UDI, hoy renunciado, ha sido formalizado por cohecho con un monto involucrado de $730 millones.
El inefable Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, aparece como lobista del Royalty del gobierno Piñera ideado para los efectos de financiar la reconstrucción. Piñera defendió su proyecto y se desmarcó de su ministro Longueira quien fue portador e hizo aprobar el texto de Contesse en el Senado.
Extrañamente es el mismo escenario que montó Longueira cuando en 2002 solicitó al Senador Lavandero, presidente de la Comisión de Minería del Senado que explicara a la UDI el proyecto de Royalty minero que en repetidas ocasiones Lagos Escobar había rechazado.
Lavandero fue con un grupo de sus asesores al local de la UDI para dar una charla sobre el tema, la cual suscitó un aparente interés pues Longueira solicitó que se organizaran comisiones conjuntas para analizar el tema. Al término de la primera ya habíamos llegado a la última pues nunca hubo mayor interés en continuar. Esto no era extraño. Los donantes de la UDI tenían otras inquietudes.
Hoy sabemos que las apuestas y movidas en estos derechos a la minería están todas cargadas, como en los dados. El royalty no es una materia bienvenida por nuestros políticos pues los coloca en entredicho con sus eventuales donantes de campaña. Situación que hoy es de dominio público.
Siendo candidato a la presidencia Lagos Escobar, le manifestó a Lavandero que el Royalty minero no estaba en su agenda pues el cobre como tal tampoco hacía parte de esta. Sin embargo, el senador no volvió atrás. Durante la presidencia de Lagos, no solo le envió un Oficio sino que además en reunión en La Moneda con todos los presidentes de la Concertación, le entregó oficialmente el verdadero proyecto de ley sobre el Royalty.
Lagos eludió astutamente el bulto –después de todo las mineras estaban entre sus principales donantes– envió al Senado no el proyecto firmado por Lavandero y otros 3 senadores de la Comisión de Minería sino un impuesto específico disfrazado de Royalty. Para esto, sin necesidad de hacerlo, envió un proyecto modificando la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones para lo cual se requería los dos tercios de ambas cámaras. Con esto se perdió la propuesta inicial.
Luego Lagos envió un falso royalty [en realidad era un impuesto específico adicional] mediante el cual se reemplazaba el 42% de invariabilidad tributaria [que no se pagaba] por un 35%. A ello agregó un impuesto adicional de royalty de un 4%. De esta manera bajó la tributación a las mineras a un 39%, entregándoles una invariabilidad tributaria frente a la cual los gobiernos quedaron amarrados.
Presumo que los donantes del candidato Lagos habrán quedado satisfechos con este fraude.
Agreguemos que al auditarse este Royalty a objeto de calcular su rendimiento se estableció, que al descontar las compañías de las ganancias, costos y comisiones, éste rendía un paupérrimo 1,7%.
Este verdadero fraude perpetrado desde La Moneda, con la complicidad de la clase política, habría sido ignorado por la opinión pública a no mediar la acción del Senador Lavandero y el Comité por la Defensa del Cobre que movilizados por todo Chile aclararon el verdadero significado del Royalty el cual en la acepción universal reconocida por las legislaciones del mundo es un derecho sobre el mineral extraído independiente aún de su venta.
Al liquidar del parlamento a Lavandero quedó libre el camino para celebrar acuerdos y convenir transacciones…
Que los políticos locales acudan a sus mentores o donantes no debiera causar sorpresa. A fines de los ‘90 del siglo pasado cuando se discutía el Tratado Libre Minero entre las repúblicas de Argentina y Chile asistí a una reunión de la Comisión de Minería del Partido Socialista.
Uno de los argumentos que se daban para aprobarlo por los miembros de la comisión era que el tratado había sido redactado por la Barrick Gold de manera que esto era una garantía de excelencia y buena letra y la seguridad que convenía al espíritu soberano de los pactantes [sic].
Años más tarde durante la presidencia de ambas, las señoras Bachelet y Fernández fueron condecoradas en Nueva York por la Barrick Gold.
Tampoco, en el momento de su elección, resultó chocante que Piñera haya sido encausado ante tribunales en alguna ocasión por sus negocios. Después de todo, se dijo, su conducta concierne sus intereses y no los intereses de la Nación. Lo sorprendente es que sus estándar éticos lo hayan calificado para devenir presidente de la república.
Cito esto porque hasta ahora nunca hubo mayor interés en Chile por entrar a la práctica política esgrimiendo juicios éticos. Sabedores todos que quien pone el dinero exige cuentas. Nada es gratis como lo vemos a continuación en algunos de los casos que hoy investiga la justicia.
Previamente advirtamos que Longueira es apenas un pequeño peón en la agitada navegación de personajes de mayor tonelaje y no menor impudicia.
Entrevistado en TV el senador Andrés Zaldívar declaró que el texto fue tratado en su mérito y aprobado sin que los senadores supieran la participación de Contesse en el texto que presentó Longueira al Senado.
¡Venerables padres conscriptos cuya inocencia se parangona con su ignorancia de los hechos!
Carlos Ominami fue formalizado por facturas ideológicamente falsas, alegando en su defensa que las facturas provienen de una firma por la cual no responde. La Fiscalía presentó pruebas al tribunal sobre su conexión. Se decretó arraigo, negándose la firma mensual solicitada por la Fiscalía.
Marcos Enríquez-Ominami surgió en correos de Contesse y de Carlos Ominami donde se prueban conexiones con sus sucesivas candidaturas con el repartidor de dineros de SQM.
Habiéndose establecido que ME-O utilizó un jet privado de la empresa brasileña TAP para su campaña del 2013, los dineros no fueron declarados en la rendición de gastos al Servel, en la que declaró sólo $ 6 millones en el ítem desplazamientos. Cifra muy por debajo de los más de $ 123 millones rendidos por la presidenta Bachelet.
La defensa de ME-O alega que los gastos del uso de avión fueron incluidos en otra factura, por más de $ 171 millones de la sociedad Cono Sur Research SPA.
Aparentemente la dicha factura corresponde a otras partidas de gasto por concepto de “asesorías, consultoría, análisis y diseño de marketing”.
Fulvio Rossi, senador PS, según la empresa auditora norteamericana, contratada por SQM, entre 2008 y 2009, habría recibido cerca de $ 84 millones por parte de SQM en la Región de Tarapacá de la cual es representante Rossi. Informe al cual se agrega un correo electrónico donde Rossi detalla a Contesse una lista de 31 candidatos virtuales receptores de dineros.
Jaime Orpis, senador UDI, es acusado de cuatro delitos: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco. En relación al cohecho Orpis visitó en dos ocasiones al gerente general de Corpesca y le solicitó apoyo económico para el financiamiento de su campaña. Para ello emitió 76 boletas ideológicamente falsas.
Con esos dineros el senador pagó asuntos personales: su membrecía del club de yates, contribuciones y lavandería. Según estableció la fiscal de la Corte de Apelaciones, el senador Orpis tenía un interés directo en el buen desempeño comercial de la empresa y por eso estaba obligado a abstenerse de cualquier ley que afectara a la compañía.
Éticamente los políticos ya han sido condenados por la opinión pública. Se avecinan nuevas elecciones ante las cuales la clase política se prepara como si nada hubiese sucedido; como si las reglas del juego no hubiesen cambiado. Sin embargo, la opinión pública joven más la militancia de izquierda de la Nueva Mayoría es receptiva a los nuevos códigos éticos que se exigen en la política y está dispuesta a cobrarlos.
Hay sin embargo una tarea pendiente. Jorge Lavandero, como lo declaró su abogado defensor, en la presentación del libro “Asesinato de Imagen”, fue “condenado sin juicio”.
Es más, nunca Lavandero aceptó la culpabilidad aún cuando el abogado de aquella época intentara convencerlo que así lo hiciera. Lavandero le revocó su patrocinio, pero el juicio siguió adelante aún en ausencia del imputado. Extraño procedimiento, desconocido en las legislaciones del mundo.
El fiscal que se supone acucioso investigador, en un acto de intemperancia, no vaciló en decir: “me conformo con sacarlo del parlamento”.
Años después de haberse celebrado el juicio apareció en la prensa de la ciudad de Temuco que uno de los ministros de la Corte de Apelaciones que condenó a Lavandero, al retirarse jubilado del poder judicial declaró que éste se había echado encima enemigos poderosos, cosa que en todo juicio termina por incidir.
Después de muchos años, por primera vez en Chile está dado el terreno para que se escuche la voz de Jorge Lavandero en los tribunales de Chile.
Su caso tiene dos aristas: judicial y política. No va la una sin la otra. La puerta judicial abrirá necesariamente el interés de la puerta política. La opinión pública ve en las salas de los tribunales el espectáculo y morbo con los cuales reafirma sus convicciones al escuchar la acusación de la Fiscalía.
Lo que hoy relatamos será el caso Dreyfus sin Émile Zola. En esa época el escándalo reveló las fracturas sociales y políticas de la Tercera República. Estoy convencido que en Chile se producirá, al igual que en la Francia de la época, una escisión en la opinión pública.
Es más, pienso que el caso Lavandero, en la rehabilitación creada por la revisión judicial, producirá una reforma sustancial de la ley procesal penal; cambiará de manera fundamental las garantías constitucionales de la nueva Constitución y hundirá definitivamente a los personajes del pasado que aún subsisten en la política chilena.
Nunca he pensado que esta rehabilitación sea fácil, como lo de Dreyfus no lo fue. De hecho, transcurrieron 12 años (1894-1906) entre su condenación y su rehabilitación.
Peor aún los enemigos poderosos que asesinaron la imagen de Lavandero siguen aún presentes.
(*) Editor de FortinMapocho.com
Fuente: Fortín Mapocho
