Caben dos posibilidades; o el gobierno insiste en no entender lo que sucede, o al revés, lo entiende tan bien, que se decantó tempranamente por el boicot al proceso constituyente, que él mismo había convocado, con el pretexto de la «violencia».
Así las cosas, el subsecretario del Interior, Juan Fracisco Galli, informó que el Ministerio Público acogió una denuncia del gobierno en contra de los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, y encargó la investigación a Carabineros, por su llamado a boicot de la Prueba de Selección Universitaria, PSU, invocando el artículo artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad del Estado.
Dicho artículo establece que cometen delito contra el orden público:
“Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elemento”.
El fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal jefe de la Zona Metropolitana Occidente, José Luis Pérez Calaf al mando de la investigación abierta por la denuncia del Ministerio del Interior contra los secundarios, a los que acusó solución e organizaron un boicot a la Prueba de Selección Universitaria e este año.
La Aces utilizó Twitter para responder:
«El gobierno dice que funar la PSU atenta contra derecho a la Educación, les informamos que en Chile no existe el derecho a la educación y por esto hemos luchado hace más de 14 años. Seguiremos movilizados con o sin querella hasta alcanzar la dignidad y acabar con educación de mercado! #NoMasPSU”.
Gobierno dice q funar la PSU atenta contra D° a la Educación, les informamos q en Chile no existe el derecho a la educ. y x esto hemos luchado hace más de 14 años. Seguiremos movilizados con o sin querella hasta alcanzar la Dignidad y acabar con educación de mercado! #NoMasPSU
— ACES – CHILE (@AcesChile) January 9, 2020
Como fuere, a las amenazas contra dirigentes juveniles, de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quién más parecía titular de Interior o jefa de la policía, se sumó la decisión del gobierno, de arramblar contra los representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, una de las organizaciones que llamó a movilizarse en todo el país contra la PSU.
Tanto la titular de educación, como el gobierno, han descartado, en todo momento, el diálogo y la solución política.
Galli, anunció así la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a los secundarios:
«La denuncia que presentamos por Ley de Seguridad Interior del Estado, fue por el delito contemplado en el artículo 6, letra C de esa ley, por la incitación, la promoción, de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública que es justamente lo que ocurrió, tanto en los delitos de desórdenes como el llamado a interrumpir esta prueba”.
El subsecretario agregó que el Ministerio Público decretó órdenes de investigar a Carabineros, los mismos que reprimen a los estudiantes.
El primer afectado por esta arremetida es Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, quien además, recibió en días recientes amenazas de muerte.
Además, el gobierno entabló querellas contra otros 34 líderes estudiantiles y estudiantes detenidos en protestas contra de la PSU.
La denuncia de Interior, firmada por el abogado Eduardo Riquelme, relata:
“Aproximadamente a las 17:00 horas del día lunes 6 de enero de 2020, en dependencias de la sedede la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, en calle Sócrates 1237, comuna de Ñuñoa, se realizó una conferencia de prensa por parte de la agrupación denominada ACES a cargo de Víctor Chanfreau. En dicha conferencia se señaló entre otras cosas que ‘se va a intensificar de todas maneras las movilizaciones, hoy día existieron más de 80 sedes donde se suspende la PSU y mañana los mismos estudiantes que nos tocaba en esta sede, con el conjunto de los estudiantes movilizados, vamos a estar mañana en las calles suspendiendo también la PSU en otras sedes, el llamado es claro a tomarse (recintos) durante las noches y la madrugada, también a manifestarnos tanto afuera como adentro de los liceos’”.
El Gobierno dirige la denuncia contra Chanfreau, Aylén Salgado y todos quienes resulten responsables de los delitos de desórdenes público en el marco de la Ley de Seguridad del Estado.
El texto de la denuncia que deberá tramitar el fiscal Pérez Calaf, agrega;
“Una agrupación que dice representar a una gran cantidad de personas (se desconoce su orgánica interna), ha reconocido ser responsable de una serie de manifestaciones que han provocado la interrupción y paralización del proceso de rendición de la PSU, proceso a cargo del Demre de la Universidad de Chile y además ha hecho un nuevo llamado, incitando a otros miembros y adherentes a esta agrupación a la realización de acciones de violencia para mantener dicha paralización el día de ayer 7 de enero, cuestión que efectivamente se verificó, como se pudo apreciar no sólo a través de los medios de comunicación, sino que además la propia agrupación ha difundido la información de los planteles sede de rendición de la prueba que han debido paralizar el proceso, mediante su cuenta de red social Twitter @AcesChile”.
Impacto de la movilización
Las medidas del gobierno, muestran por contraste el impacto de las movilizaciones de los estudiantes y el efecto de sus acciones contra de la PSU, examen que consideran clasista, ineficaz y segregador.
El balance del Gobierno establece que el día 8 de enero, hubo desórdenes, riñas, cacerolazos, interrupciones de tránsito y tomas de colegios en 147 sedes de rendición de la PSU.
Pero en lugar de intentar entender la demanda estudiantil, y explorar la vía política, como corresponde en democracia, el gobierno se encastilló en el orden público y la represión, al punto de que alcanzó el triste record de ser el primero en la historia de Chile, que le encasqueta la arcaica, draconiana e ilegítima Ley de Seguridad Interior del Estado, a dirigentes estudiantiles.
La ecuación no es tan simple. Desde la perspectiva del derecho internacional, la aplicación de esa ley contraviene una serie de pactos y protocolos relativos a infancia y juventud.
Coetáneamente, se extiende como reguero entre los representantes de la descarada derecha chilena, el discurso de la violencia para cuestionar el «clima» del plebiscito del 26 de abril, por «falta de garantías», olvidando que participó y avaló sin fusuras el fraudulento plebiscito de 1980, con represión, ausencia de registros electorales, sin participación política ni libertad de expresión, y restricciones de todo tipo.
Ministra de educación atiza la hoguera
Se podía anticipar la respuesta represiva y autoritaria del gobierno, en vez del iálogo y la política, después de que la titular de Educación, Marcela Cubillos, amenazó a los estudiantes secundarios:
«Aquí hubo un llamado muy claro por los medios de comunicación, por caras y por nombres, a llamar a boicotear un proceso e impedir que jóvenes pudieran ejercer su derecho. Por lo tanto, vamos a apoyar todas las acciones para que se hagan valer las responsabilidades frente a esos hechos que han ocurrido”.
Agregó:
«Hay que ser muy enfáticos en que esta vez la violencia tuvo cara, la violencia tuvo nombre, por lo tanto aquí no hay disculpas por parte de Fiscalía, de la Justicia, para hacer valer las responsabilidades”.
Víctor Chanfreau: “La querella del gobierno no nos asusta”
El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces, Víctor Chanfreau, defendió la postura de la organización frente a la Prueba de Selección Universitaria y descartó sentirse atemorizado por las denuncias y querellas que presentó el gobierno contra quienes boicotearon la rendición del examen.
Chanfreau, nieto por parte de madre de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en 1974, publicó en Twitter una fotografía de su abuelo y se refirió a las acciones del gobierno.
“Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo por el que se me ha insultado, detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia”, escribió el joven en Twitter.
El mensaje es claro: NO les tenemos miedo.
Lo que empezamos lxs secundarixs lo termina el pueblo organizado. #NoMasPSU https://t.co/M2emQ0X3qN— Victor Chanfreau (@vic_chanfreau) January 9, 2020
Agregó:
“Nos parecen inaceptables estos intentos de amedrentar a los estudiantes secundarios, evidentemente es la señal incorrecta”.
“No nos sorprende que este Gobierno violento intente justificarse mediante querellas”, prosiguió. .
Además de señalar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el sentido de que solo aparece para hablar del eje represivo hacia los estudiantes secundarios y nunca para referirse a educación, advirtió que seguirán movilizándose:
“Vamos a seguir movilizandonos, no les tenemos miedo; en conjunto con el pueblo, con los territorios de las comunidades, vamos a seguir en las calles movilizados hasta contestar la totalidad de nuestras demandas”.
“Las 34 querellas no van a parar la movilización y que si lo van a intentar de esa manera, se van a tener que querellar contra el pueblo completo, porque somos todos quienes hemos salido a las calles a reclamar por nuestros derechos y, además, por esta demanda histórica del movimiento estudiantil”, manifestó.
En ámbitos estudiantiles y universitarios se denunció que Víctor Chanfreau recibió amenazas de muerte y que hay sobre él una presión represiva peligrosa.
En tanto, la vocera de la CONES (Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios), Valentina Miranda, dijo que la acción de los estudiantes está dada por los años de indiferencia de las autoridades. “Tuvimos que llegar a la violencia para que nos escucharan. Pero también es violento rendir una prueba que segrega”.
Añadió;
“Nosotros no le tenemos miedo a las querellas. Los secundarios somos el movimiento social que más grita, pero solo recibimos represión por parte del Estado”.
Brete sin salida
A juicio de especialistas en derecho infantil y juvenil, la arremetida judicial contra líderes estudiantiles es absurda, porque no puede sino terminar en nada.
En opinión del sociólogo, Raúl Zarzuri, experto en culturas juveniles, la invocación de la Ley Interior contra dirigentes estudiantiles, es un error garrafal del gobierno, que no entiende que que las expresiones de un grupo de estudiantes secundarios son válidas dentro de un Estado de Derecho:
“Nosotros como personas tenemos la posibilidad de poder expresarnos en contra de algo. Se debe resguardar la forma en que se procede, pero en este caso hay ciertas reivindicaciones que los y las estudiantes han venido señalando desde hace muchos años. Recordemos que la PSU en sus inicios era una prueba transitoria desde la Prueba de Aptitud Académica (PAA) hacia un modelo que pudiera ser más integrativo para entrar a la universidad; sin embargo, su realización permaneció en el tiempo”.
El investigador de la Universidad Alberto Hurtado agrega que el problema no son los jóvenes, sino el gobierno, que no logró entregar garantías para llevar a cabo este proceso, considerando que había un anuncio previo de lo que podría pasar:
«No es extraño que una cosa así sucediera, porque no estamos en un escenario normal, estamos en pleno período de movilización social”.
Zarzuri estima contraproducente la aplicación de la Ley de Seguridad interior del Estrado a dirigentes estudiantiles, a la luz de los acuerdos internacionales relativos a infancia y juventud, a los cuales el Estado chileno está obligado.
La abogada Silvana del Valle, directora de la Escuela de Derecho de la misma universidad, cree que esas acciones judiciales evidencian la inoperancia del gobierno:
“El gobierno persigue a estos jóvenes por el Artículo 6° letra C de la Ley, lo que corresponde a la ‘incitación, promoción, interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública’. Ese articulado es complejo ya que para definir un servicio como de utilidad pública, se requiere que exista alguna denominación legal que así lo establezca y la PSU es un mecanismo que no es manejado por un ministerio, sino que por el Consejo de Rectores y el DEMRE”.
Sostiene que se torna complejo establecer la existencia de un delito de interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública, si no está definido cada uno de los elementos del tipo penal en la ley:
“Acá hace falta la aplicación del principio de legalidad que es uno de los principios fundamentales del derecho penal. Nadie puede ser sancionado con penas de cárcel, si no es por la infracción a una ley penal establecida de manera específica y muy detallada, que exista con anterioridad a la comisión de los hechos investigados. Además, la ley que está invocada es una ley cuyo nacimiento es ilegítimo, ya que nace en el contexto de la dictadura y si bien se sigue aplicando, ello nunca ha sido legitimado por la ciudadanía”
El sociólogo Alejandro Tsukame, investigador de la Red de Universidades Unidas por la Infancia y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, califica la arremetida judicial del gobierno contra líderes estudiantiles de acción judicial desmedida, que raya en lo cavernario, ubicada en los extremos del derecho penal:
“Parece una acción desmedida y completamente en el sello del gobierno que solo ve represión y no está dispuesto a enfrentarse a los problemas que los jóvenes le plantean. Invocar esta ley me parece una cosa casi cavernícola. En el peor de los casos, existen otras instancias de tipo judicial tratándose de menores de edad como de Responsabilidad Penal Adolescente y no una ley extrema que ni siquiera tiene un carácter penal legítimo”.
Experto en temas de infancia y adolescencia, afirma que se trata de una situación negativa para todos:
“Tampoco estoy de acuerdo con que otros muchachos no pudieran dar su prueba, pero en este caso el remedio es peor que la enfermedad ya que aplicar esta acción punitiva es un claro despropósito. Huele más a una cortina de humo ya que no creo que prospere esta situación…no creo que los tribunales se presten para una cosa así”. .
JJCC propone anular la PSU
Las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente, Camilo Sánchez Pizarro, y otros dirigentes estudiantiles presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, CRUCH, con solicitud de anular los resultados de la PSU de este año.
En tal sentido, indicó:
«La PSU fracasó para siempre y no desde el próximo año, sino que a partir de este».
Agregó que la propuesta comprende la suspensión de la PSU y la utilización de las notas de enseñanza media como principal criterio de admisión para acceder a la Educación Superior.
A propósito de las cifras y balances entregados por el DEMRE, entidad encargada de la ejecución de la Prueba de Selección Universitaria, Sánchez cuestionó la legitimidad de la prueba:
«Al menos una quinta parte de los estudiantes no rindió la prueba, no se ejecutó la prueba de historia, se filtraron preguntas de tres pruebas y se demostró que no hay legitimidad para darla nuevamente”.
Además, la propuesta contempla ampliar los procesos de nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su trayectoria académica:
«Lo anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y fortalecer tanto los propedéuticos como bachilletaros».
Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan participado en manifestaciones en los recintos durante los días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló:
«A los estudiantes secundarios no los escucharon por años y con ello no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una exigencia estudiantil es violencia policial y querellas».
Como colofón, versiones periodísticas indican que en La Moneda se está evaluando la idea planteada por el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, en orden a rendir la PSU en recintos custodiados militarmente o, incluso, en recintos militares.
Decididamente, el gobierno no da pie con bola.
Y después se pregunta por qué no terminan las protestas ni regresa la paz social.
