por Jerónimo Verdugo (*)
El candidato presidencial Alejandro Guillier planteó en su programa la intensión de regionalizar el país. Esto se haría generando planes por región en los que las comunidades locales definan su propio ordenamiento social y económico.
Los privados tendrían entonces un marco que direccionaría las grandes inversiones de la región, dejando incluso espacio para acuerdos público-privados en sectores estratégicos.
Esto que puede parecer etéreo es en realidad un mensaje de gran trascendencia para el pueblo de Chile, pues significa la oportunidad de planificar su economía, que es como planificar la vida.
El modelo planteado por Guillier abre espacio a que podamos decidir colectivamente qué hacer con nuestros recursos como el agua que escasea; con el cobre que exportamos en forma de concentrado e importamos como alambrón o tuberías, o con el propio litio con el que tenemos oportunidad de ser una potencia mundial.
Todo esto con miras a generar ingresos para el país que permitan financiar un mínimo social digno: educación, pensiones, salud y vivienda.
También deberemos hacernos cargo de los aspectos “negativos” de nuestras industrias, como los relaves mineros, las externalidades de la construcción de centrales de generación eléctrica, la basura domiciliaria y la polución del saturado parque vehicular de algunas de nuestras grandes urbes.
Los conflictos socio-ambientales se deben resolver mediante mayor democracia.
El rechazo a los grandes proyectos de inversión es entendible cuando aquellos aparecen como impuestos por el mercado sin consideración a las comunidades ni un claro retorno para la sociedad.
Esa dinámica se debe superar con mayorías direccionando estas inversiones con criterios de sustentabilidad tanto para nuestros recursos naturales, como para el medio ambiente en general, y la sociedad en su conjunto.
Esto implica entre otros invertir en industrias que sean competitivas a nivel mundial y que brinden empleos permanentes de calidad, a la vez que fomenten los encadenamientos productivos generando nuevos mercados de insumos a la industria y valor agregado.
Esto por cierto generará gran rechazo por parte de la derecha que defiende los intereses de un sector empresarial que se ha acostumbrado a crecer a costa de malos sueldos, colusión y explotación irresponsable del medio ambiente.
Para la derecha, hablar de planificación de la economía es en el discurso una aberración ideológica, aunque lo más honesto es reconocer que el gran capital planifica sus recursos en función de su propio interés, maximizando ganancias haciendo lo mínimo jurídicamente establecido.
Para ellos, la planificación es un privilegio al que los 17 millones de chilenos no tenemos derecho.
He allí lo profundo del planteamiento de Guillier, lo que le propone al pueblo es nada menos que ejercer soberanía, pues los recursos naturales no son del gran capital transnacional, son de cada uno de nosotros y es hora de tomar conciencia de aquello.
La inversión es bienvenida cuando es para mejorar nuestras vidas, buscamos socios que respeten nuestras decisiones en lugar de decidir por nosotros.
Hacer realidad una idea como la que plantea Guillier, implica entre otros, cambios jurídicos, institucionales y tributarios, que parecen difíciles de zanjar por separado sin un proceso constituyente. No será posible pensar un cambio social de esta envergadura sin una amplia participación popular.
El llamado es entonces a todos los actores sociales, a iniciar las discusiones, tomar conocimiento de los recursos que nos rodean y plantearse cómo construimos en base a ellos nuestra mejor vida, en momentos tan definitorios para el país.
(*) Comisión Minería / Observatorio ODS / Ical
Fuente: ICAL
