La fiebre de la palta se trasladó a la región de O’Higgins, donde, en un solo predio, ya se han depredado más de 40 hectáreas de Boldos, Peumos, Quillayes y Boldos, de hasta 200 años, para reemplazarlos por plantaciones de palta, las mismas que secaron las provincias de Petorca y Las Ligua.
El 28 de enero terminaron los 30 días de suspensión para que la sociedad Agrícola Tralcán SpA se abstenga de continuar con la tala de bosque nativo en el sector Las Cabras, Región de O’Higgins, y que ya ha sacado de raíz más de 40 hectáreas de Peumos, Quillayes y Boldos de hasta 200 años.
La empresa, que llevó a cabo la tala para crear una plantación de paltos, es de propiedad de Nicolás del Río Silva, uno de los hijos de José Luis del Río Guide, socio de la familia Solari en la propiedad de Falabella, holding que ha buscado mostrarse como sustentable y comprometido con la reducción de la huella de carbono.
La autorización para que Tralcán cortara bosque nativo de raíz la entregó Conaf, situación por la que se conformó una comisión investigadora de la Cámara para revisar los procedimientos del organismo estatal dedicado, precisamente, a la protección forestal.
El 3 de noviembre de 2016, Nicolás Pedro del Río Silva constituyó la sociedad Inversiones Tralcán con un millón de pesos. Un año después, en 2017, el hijo de José Luis del Río –socio del grupo Solari en Falabella y controlador de Dersa S.A.– hizo un importante aumento de capital que elevó el patrimonio de esta sociedad a $38.500 millones.
Sin explicar el origen de este cuantioso aumento, Nicolás del Río ha señalado que dentro de los proyectos agrícolas en carpeta, dicha sociedad –a través de Agrícola Tralcán SpA– adquirió 85 hectáreas en la localidad de Quilicura en el sector de Las Cabras, Región O’Higgins, para una plantación de paltos.
El problema es que, para llevar a cabo este emprendimiento, Tralcán tuvo que arrancar de raíz más de 40 hectáreas de bosque nativo, desatando la furia de ambientalistas, de la diputada de la zona y de la comunidad organizada de Las Cabras, por la pérdida irrecuperable de diversidad biológica y el riesgo de convertir a este centenario bosque nativo en una zona tan desértica como Petorca, con la consecuente escasez hídrica que se deriva de este tipo de monocultivos.
La tala
En la Región de O’Higgins, específicamente en el sector de Las Cabras, predomina el bosque tipo esclerófilo, el más representativo del bosque nativo chileno, con especies centenarias de Boldo, Quillay y Peumo. Con un clima mediterráneo privilegiado y una riqueza genética de flora y fauna que se da solo en la zona central, los árboles del bosque esclerófilo presentan características que le permiten crecer en lugares con inviernos lluviosos y veranos secos, en condiciones semiáridas.
Soportan prolongados períodos de sequía y fuertes diferencias de temperaturas entre el día y la noche al interior y diferencias de temperaturas moderadas en la costa, características que lo convierten en un bosque único de la identidad chilena, como señaló Francisco Encina en su Historia de Chile.
La necesidad de protección de la biodiversidad de este lugar motivó que la Agrupación Bosques para Cachapoal y la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde, pusieran el grito en el cielo cuando, en diciembre del año pasado, tomaron conocimiento de que cerca de siete restroexcavadoras estaban sacando de raíz decenas de bosque esclerófilo.
“Era impresionante cómo las retroexcavadoras estaban arrancando los boldales de cien y hasta doscientos años algunos”, denunció Sepúlveda.
La tala se desarrolló en el fundo privado de propiedad de la sociedad Inversiones Tralcan S.A., de propiedad de Nicolás del Río Silva, que en su amplia mayoría está compuesto de bosque nativo.
“Soy propietario del 100% de Agrícola Tralcan SpA. He asumido el desafío de desarrollarme como emprendedor y he optado por un proyecto que de manera expresa busca actuar con el sello de los buenos vecinos y los empresarios socialmente responsables”, afirmó.
Según el hijo de uno de los socios de Falabella, el emprendimiento en cuestión se trata de una plantación de paltos, que considera “entre sus objetivos la protección ambiental y el cuidado de la comunidad del entorno. El proyecto establecerá una zona de conservación de bosque nativo y considera, además, el diseño de sistemas de riego eficiente y sustentable”.
La protección ambiental de este proyecto es discutida con vehemencia por la Agrupación Bosques para Cachapoal, para quienes durante mucho tiempo existió un completo hermetismo en torno al proyecto, situación que motivó que, a fines de diciembre, los ecologistas y la diputada Sepúlveda se tomaran las dependencias de Conaf en O’Higgins, ante la nula reacción de parte de la autoridad a nivel regional.
Tras la manifestación, las autoridades de Conaf O’Higgins y la Seremi de Agricultura se reunieron con los dirigentes y se determinó la “suspensión del Plan de Manejo del sector Valle de Quilicura de Las Cabras por presuntas infracciones a la legislación forestal”. La suspensión se decretó el 28 diciembre por un plazo de 30 días.
“El proyecto cumple con toda la normativa”, se ha defendido Del Río, quien lejos de cuestionarse la legimitimidad de su emprendimiento al talar de 40 hectáreas de bosque nativo, se aferra en la legalidad del procedimiento por el cual obtuvo los permisos.
“El proyecto establece un área de conservación de bosque nativo y se fija altos estándares de buen vecino y responsabilidad social empresarial. Llama profundamente la atención que se produzca esta polémica sin que nadie se haya acercado a preguntar por las características del proyecto”, se quejó el empresario agrícola.
“Jamás desarrollaríamos ninguna actividad sin cumplir con la regulación vigente en cualquiera de sus ámbitos, sean estos ambientales, laborales, comerciales o financieros”, agregó Nicolás del Río, quien consultado sobre las características del proyecto en sí, optó por no contestar, lo mismo que sobre el aumento de capital de 1 millón a más de 38 mil millones de pesos.
Conaf en la mira
Aunque la tala del bosque haya contado con los permisos de la autoridad forestal de la región, la diputada Sepúlveda precisó que esta autorización se realizó mediante un subterfugio administrativo:
“Lo que hizo la empresa fue solicitar el cambio del uso de suelo de estos terrenos de agrícola a forestal al Servicio de Impuestos Internos. Y ahí la Conaf entrega un plan de manejo aplicando una normativa que desprotege el bosque nativo”.
El trámite, agregó la diputada, “no es vinculante para que la Conaf aplique el cambio de uso de suelo para transformarlo de forestal a agrícola, por lo tanto aquí se está produciendo irregularidad absoluta de la Conaf”.
Este es el contexto que explica el aumento de capital de $38.500 millones de Inversiones Tralcán antes de adquirir las 85 hectáreas de bosque nativo. La capitalización de Tralcán se hizo con plazo a tres años, es decir, que puede asumir el compromiso de participar en un aumento de capital, pero inyectando capital en la medida de las necesidades económicas.
En su aumento de capital, Tralcán reconoce una deuda a su único accionista, Nicolás del Río, por $9.500 millones, vale decir, le da un crédito a su propia empresa por este monto, el cual luego es aportado por parte de Tralcán en el aumento de capital de Tobalaba.
Con estos antecedentes, más la sospecha de que Conaf esté malinterpretando sus atribuciones y que mediante la aplicación de la normativa 701 esté permitiendo la tala del bosque nativo que precisamente debe proteger, es que la parlamentaria solicitó una comisión investigadora –aprobada unánimemente por la Sala de la Cámara de Diputados– para fiscalizar los actos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el SII y otros órganos del Estado involucrados en el caso.
“Durante mucho tiempo la Conaf ha aprobado planes de manejo para que privados puedan raspar cerros con bosque nativo, haciendo vinculante el cambio de uso de suelo que el interesado hace al Servicio de Impuestos Internos”, explicó Sepúlveda a El Mostrador.
“Esto trae consecuencias gravísimas y nosotros no queremos ser un nuevo Petorca, pues con mucha pena hemos visto consecuencias irreparables en la Quinta Región producto de estas prácticas y queremos resguardar el agua, sobre todo para el consumo, pero también para los regantes y la agricultura”, añadió.
La fiscalización que se hará a Conaf tiene el objetivo de analizar si se ajustan a la legalidad y si cumplen con la finalidad de protección y conservación de los recursos forestales del país. “Para nosotros es muy importante poder investigar todos los procedimientos administrativos por los cuales se está otorgando el cambio de uso de suelo y permitiendo talar y deforestar el bosque esclerófilo de la zona central del país”, explicó la diputada.
Inversiones Tralcán
Inversiones Tralcán SpA se constituyó en octubre de 2016. Como es común en este tipo de sociedades, se creó con un bajo capital de $1.000.000 y con los fines típicos: la inversión en toda clase de bienes, raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas, cuotas de fondos e instrumentos del mercado de capitales, y la obtención de las rentas provenientes de estas inversiones, pudiendo, en general, realizar cualquier otra actividad que se relacione directa o indirectamente con las anteriores.
Esta sociedad participa en dos otras empresas: Agrícola Tralcán SpA –la que no tiene activos– e Inversiones Tobalaba Limitada, cuya propiedad es compartida en partes iguales por los siete hermanos Del Río: Ana Catalina, ingeniera comercial y dueña de Inversiones Mista SpA; Juan José, ingeniero comercial y dueño de Inversiones Los Ciervos SpA; María Ignacia, psicóloga y dueña de Inversiones Orinda SpA; José Gabriel, abogado, dueño de Monkey Business SpA; Antonia, ingeniera comercial y dueña de Inversiones Palo Alto SpA; Anita, parvularia y dueña de Inversiones El Mañío; además de Nicolás, abogado y dueño de Tralcán.
El único activo de Inversiones Tobalaba es Ingeniería e Inversiones Limitada, empresa cuya propiedad es de José Luis Del Río, su esposa Ana María Silva Alcalde y sus siete hijos. Esta compañía es la empresa holding a través de la cual la familia participa en una enorme cantidad de negocios de distinto rubro. Puede decirse que es el “brazo de inversiones” familiar de José Luis del Río.
El mayor accionista individual de Ingeniería e Inversiones Limitada es José Luis del Río. Como persona natural tiene el 12,3% y a través de su sociedad personal, Inversiones Chacabuco, tiene otro 8,8%. Mientras que Inversiones Tobalaba –como un todo– tiene el 70% y Ana María Silva, como persona natural, tiene el 0,3% y a través de su empresa, Chiñihue, tiene otro 8,85%.
Ingeniería e Inversiones Limitada es la empresa que realiza el aumento de capital original, razón por la cual todo el resto de las empresas se capitaliza también para suscribir su parte. Esta compañía aumentó su capital desde los $141.728,5 millones a $242.500 millones. Del total de este patrimonio, Inversiones Tobalaba (los siete hijos) explica un aporte de $169.750 millones.
Para dicho aumento de capital, Inversiones Tobalaba tenía que capitalizarse también. Pasó entonces de un patrimonio de $1.778 millones a $271.278 millones, suscribiendo cada hermano a través de su sociedad su parte del 14,190% con $38.500 millones. También hicieron aportes como personas naturales, pero menor y siempre en partes iguales.
Este es el contexto que explica el aumento de capital de $38.500 millones de Inversiones Tralcán antes de adquirir las 85 hectáreas de bosque nativo. La capitalización de Tralcán se hizo con plazo a tres años, pudiendo inyectar capital en la medida de las necesidades económicas de la sociedad. En el marco de su capitalización, Tralcán reconoce una deuda a su único accionista, Nicolás del Río, siendo este acreedor de su propia sociedad por $9.500 millones que luego Tralcán aporta en el aumento de capital de Tobalaba.
Como suele pasar en clanes familiares empresariales, el patrimonio de los hijos suele asociarse a la fortuna de sus progenitores. Un caso reciente y ampliamente discutido es el de la fortuna familiar de Sebastián Piñera, en que los nietos del Presidente ya son controladores del holding.
Que el patrimonio de Tralcán sea fruto de la trayectoria personal de Nicolás del Río o de su padre, es una incógnita.
Es probable, pues todo el clan de hermanos aportó proporcionalmente el mencionado aumento de capital de Tobalaba, en el que cada sociedad de los siete hermanos aportó $38.500 millones, habiendo entre ellos jóvenes ingenieros comerciales, abogados, psicólogos y una parvularia.
Como es sabido, José Luis Del Río, entre sus varias participaciones, tiene una importante en Falabella, empresa que ha invertido ingentes esfuerzos en mostrarse como comprometida con la reducción de la huella de carbono en sus operaciones para mitigar el cambio climático.
“Medimos la huella de carbono de nuestras operaciones, como consecuencia de nuestra constante búsqueda por minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medioambiente y, por tanto, nuestro impacto en el cambio climático. De esta manera Falabella Retail mide y gestiona su huella carbono con un programa del Ministerio de Medioambiente; Sodimac mide su huella de carbono con la metodología establecida en el Greenhouse Gas Protocol; y Mallplaza gestiona su huella de carbono a través de un acuerdo con ENEL (empresa distribuidora de energía), que a partir del 2017 certificó que el 100% de sus centros urbanos estén conectados al Sistema Interconectado Central (SIC), abastecidos con ERNC”, reza la declaración de principios de Falabella en el ítem de sustentabilidad.
Marcelo Miranda, profesor asociado del departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la U. Católica sostuvo, en el seminario “Contribución del bosque esclerófilo a la descontaminación del aire en la zona central de Chile”, que el bosque nativo ayuda a capturar el carbono en el ambiente.
“Toda la vegetación permite fijar el carbono, pero dada la estructura de estos bosques, ellos (los esclerófilos) son más fijadores (…). Esto ayuda a combatir las emisiones de CO2 y convertirlas en oxígeno”, explicó.
Fuente: Chile Okulto
La Palta o Aguacate: El Lado Oscuro del Oro Verde
En Europa, el aguacate se considera un «superalimento”. Sin embargo, en Chile, los aguacates son sinónimo de escasez de agua, violación de los derechos humanos y una profunda huella ecológica.
En la provincia de Petorca, se cultiva aguacate desde tiempos inmemoriales.
Practicado inicialmente por pequeños agricultores, el auge en la popularidad de esta fruta en los 90 provocó un incremento exponencial de la producción. Desde entonces, los grandes terratenientes dominan el mercado del aguacate en Petorca, y consumen cantidades ingentes de agua para su cultivo.
Para producir un kilo de aguacates, unas tres piezas, se necesitan hasta mil litros de agua, una cantidad mucho mayor que para cultivar la misma cantidad de tomates o patatas.
La región es presa de una pertinaz escasez de agua. Los cauces están secos desde hace años y muchas personas dependen de camiones aljibe para abastecerse de agua. Mientras tanto, las grandes explotaciones riegan sus miles de hectáreas de aguacates con agua proveniente de represas artificiales.
Rodrigo Mundaca fundó la ONG Modatima. Lucha por el derecho al agua que garantiza la ONU, y que Chile también reconoce. Una investigación aérea reveló en 2012 la existencia de 64 cañerías subterráneas que desvían el agua de los ríos para, supuestamente, regar las plantaciones de aguacate.
Además, desde 1981, durante la dictadura de Pinochet, el agua en Chile es un bien privado.
Las licencias para explotarla se conceden al mejor postor, con frecuencia con carácter vitalicio. A esto se suma el penoso balance ecológico del aguacate.
Las frutas se envían a Europa por barco, cuidadosamente empacadas en espuma y almacenadas en contenedores climatizados.
Posteriormente, los aguacates terminan de madurar en una factoría de Róterdam, desde donde el «superalimento” se distribuye a los supermercados alemanes listo para su consumo.
«Europa quiere alimentarse de manera saludable a nuestra costa”, dice Mundaca.
Fuente: DW
