por Patricio Segura.
Con “sorpresa y consternación” recibió el capítulo regional de la Fundación Chile Descentralizado los alcances de la propuesta del Ejecutivo para incorporar cambios en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, específicamente a la institucionalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y (SEIA).
Desde el organismo presidido en Aysén por Daniel Rauld señalan que “la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones Regionales de Evaluación Ambiental, podría ser interpretado a primera vista como algo positivo, pues se elimina el factor político de una decisión que debe ser técnica y comunitaria”. Sin embargo, indican, “esta propuesta viene con un sorpresivo golpe a la descentralización y a la autonomía regional, al proponer la eliminación de las 16 direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental, reemplazándolas por tres direcciones macrozonales en Antofagasta, Santiago y Valdivia y sus correspondientes Comisiones Macrozonales, única instancia administrativa de evaluación ambiental de los proyectos”.
Esta propuesta “nos genera sorpresa y consternación” indican.
Ahondando en el punto, argumentan que “con lo anterior se pierde claramente la experiencia local adquirida y el capital social y profesional intersectorial que se ha fortalecido en las regiones, debilitando todo el SEIA y la precaria autonomía regional que se ha ido alcanzando”.
Por lo demás, en la organización cuestionan la prescindencia política de la nueva institucionalidad, ya que serían integradas las Comisiones Macrozonales por el director macrozonal del SEA (de confianza política del gobierno central); el intendente regional de la zona donde se ejecutaría el proyecto (no está claro si sería el delegado presidencial de confianza política del gobierno nacional o el gobernador regional electo en el año 2020 por los votantes de la región); el seremi de Medio Ambiente (de confianza política del gobierno central); un profesional del área de la ciencia y otro del área del derecho elegidos por Alta Dirección Pública (no está clara la autonomía política de estos cargos), más dos integrantes designados por el Presidente de la República (de confianza política del gobierno nacional).
“En esto, quedan fuera las organizaciones de la sociedad civil local, las universidades, los gremios profesionales del área, por lo cual de prosperar esta propuesta del Gobierno estas Comisiones Macrozonales seguirán siendo eminentemente políticas y no técnicas” expresan.
Destacan, eso sí, que se realice una participación ciudadana temprana. Sin embargo, es fundamental la forma en que ésta se realice, “para que no se trate de la compra de conciencias, sino de la real recolección de opiniones, sugerencias y aprensiones de las comunidades afectadas por un proyecto, de manera que éste mejore sus condiciones de presentación ante el SEIA. Para ello, debe ser acompañada por el SEA regional y regulada bajo normas claras”.
Se preguntan desde el capítulo regional de la fundación que “si la propuesta en curso busca lograr reducir los tiempos de tramitación de los proyectos,¿se ha preguntado a los y las profesionales del SEA cuál es la razón de la demora? La demora radica principalmente en el incumplimiento de dar respuesta satisfactoria a todas las observaciones tanto de los servicios públicos como de la ciudadanía”.
En este sentido, desde el organismo recuerdan las recomendaciones que hiciera a Chile OCDE en 2016 en materia medioambiental:
“Si bien el importante crecimiento económico de Chile en los últimos 15 años ha ayudado a mejorar el bienestar de la población, el modelo económico basado en los recursos naturales ha empezado a mostrar sus límites con un incremento de las presiones ambientales. Por ello, agrega, las políticas en esta materia deben ser aplicados rigurosamente en la próxima década para mostrar los efectos positivos y deseados sobre el medio ambiente”.
De esta forma, plantean que en la socialización de la iniciativa faltan actores:
“La ministra de Medio Ambiente señala que se iniciará un proceso de discusión con los parlamentarios de Chile Vamos de las comisiones de Medio Ambiente, legisladores de otras bancadas, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Poder Judicial, las organizaciones gremiales. ¿Y las organizaciones del medio ambiente y desarrollo local? ¿Y los profesionales del SEA? ¿Y la ciudadanía en regiones? ¿Dónde se expresará el modelo de desarrollo que cada región defina?” concluyen.
