La Reforma Educacional durante 2015 nos dio la oportunidad histórica de discutir la Carrera Profesional Docente, demanda de justicia para nuestros profesores. También, el Proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, para reemplazar el sistema de educación escolar municipalizado. Pero, estos importantes avances no han podido desarrollarse con tranquilidad.
Sin pretender exhaustividad, repasemos brevemente los hechos.
El año se inició con la aprobación de la Ley de Inclusión que implica terminar con el lucro, la selección y el copago en todos los establecimientos educacionales que reciben recursos o aportes del Estado. Gracias a esta ley, más de 700 colegios se suman a la educación escolar gratuita en 2016 y al 2018, sumarán cerca del 90% del total de nuestras escuelas.
Luego, a fines de abril, el Ejecutivo envió un proyecto alejado al espíritu de la Carrera Docente anunciado en el Mensaje Presidencial. El profesorado respondió con una intensa movilización.
Desde la Comisión de Educación de la Cámara impulsamos una Mesa Tripartita que formalizó un Acuerdo de Condiciones Mínimas para continuar la tramitación. Aún así, fue rechazada la idea de legislar primero, para ser aprobada después.
El rediseño del proyecto requirió de mucho esfuerzo y dedicación en la redacción de indicaciones. Desde la Comisión fuimos activos legisladores, participamos en asambleas comunales y locales de profesores, escuchamos, elaboramos informativos y hasta videos explicativos para informar de primera fuente el trabajo de indicaciones. Ahora el Senado discute el proyecto y las señales públicas que se han dado no son buenas. Es imperioso estar alertas a estos cambios.
Noviembre comenzó con el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública. Hasta ahora, la gran mayoría de actores se manifiesta a favor de cambiar la administración de la Educación Escolar Pública. Existe, por supuesto, la necesidad de realizar algunos ajustes que deberán convertirse en indicaciones y también existe una fuerte crítica al sistema de financiamiento que establece la Ley de Subvenciones, pero hay un relativo consenso respecto a la complejidad de desmantelarlo en plenitud.
Es un debate en desarrollo que esperamos culmine exitosamente.
La Reforma de la Educación chilena es una tarea de largo aliento que está en una etapa crucial. La tarea de avanzar y consolidar lo avanzado ha sido y seguirá siendo difícil. Los porfiados hechos muestran una férrea defensa de los sectores que se oponen a transformar estructuralmente el sistema educacional, quienes defienden sus intereses, escondiéndose tras falsos argumentos, utilizando sus medios sin escrúpulos.
Por un lado, puro oportunismo y, por el otro, espuria defensa ideológica del modelo neoliberal. Sólo así se entiende la repetida estrategia de la derecha de recurrir al Tribunal Constitucional ante cada proyecto de la reforma, porque pretenden utilizar el cerrojo de la Constitución del 80’ para suplir su minoría democrática.
Sin embargo, sería demasiado ingenuo sorprendernos con esas prácticas políticas. Los defensores de los privilegios y la desigualdad del modelo neoliberal, no tienen motivos para apoyar una reforma estructural a la educación chilena.
Ante este escenario, debemos preocuparnos por fortalecer la unidad social y política a favor de terminar con la educación de mercado, constituyéndola en una mayoría activa. Y, para eso, es necesario tener claridad, generosidad y voluntad transformadora, haciéndose cargo de las dificultades reales que enfrentamos.
Chile vive entre la necesidad de transformaciones estructurales y la desconfianza ciudadana en que éstas ocurran, desconfianza aprendida después de años con cambios hechos a la medida de los privilegiados y poderosos de siempre. Es por lo mismo que tiene más sentido la decisión que tomamos de ocupar también los espacios institucionales, porque pasos como la histórica mesa tripartita para modificar el proyecto de carrera docente no se hubiesen dado sin la movilización del profesorado y con la necesaria voluntad política de todos quienes compartimos la necesidad de transformar Chile.
Los problemas que nos quedan siguen siendo difíciles, dado que un sector transversal del conservadurismo neoliberal apela a la desaceleración económica para poner en duda los avances en materia de educación gratuita universal.
La educación es un derecho social y, además, es una inversión para el país. Si queremos consolidar un auténtico cambio de paradigma en esta política pública, requerimos de la más amplia unidad de estudiantes, rectores, profesores , científicos, trabajadores y de toda la sociedad en general, junto a quienes desde el Congreso seguiremos batallando para que esas voces tengan real incidencia en las decisiones que se tomen.
Quedan muchas luchas que dar para tener una educación pública, gratuita, democrática y de calidad. En esas luchas no sobra nadie y debemos ocupar todos los espacios.
(*) Diputada del Partido Comunista por el distrito N° 26
Fuente: The Clinic
