El requerimiento del gobierno al tribunal constitucional para evitar el tercer retiro de fondos de las AFP, y la furibunda reacción de la población, son las caras opuestas de una enorme contradicción irresuelta; que, eventualmente, la supina torpeza de Piñera, puede contribuir a reventar.
Cuando se apela a la contradicción, primero se analizan los intereses en juego, y después se ordenan los antecedentes disponibles en función de los objetivos de los protagonistas del drama histórico del que se trate.
Al estar presos de una contradicción, ni Piñera ni los enfurecidos chilenos que protestaron de diversas formas, la noche del 20 de abril, tenían mucho margen para haber hecho algo distinto.
O sea, en el plano técnico-táctico, el gobierno tenía muchas opciones. Podía, por ejemplo, haber universalizado los beneficios y subsidios, o aumentado impuestos, o echar mano a los ahorros en fondos soberanos, o endeudarse en el exterior, para solventar el gasto social de la pandemia; consistente en el subsidio a las familias condenadas a cuarentena, que evitaría su necesidad de salir a la calle, a pelear el día a día, y de esa manera, aplanar la curva de contagio.
Por las razones que fuere, Piñera, que es un pésimo político y peor persona, no hizo ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.
Entonces, a pesar de haber tenido tiempo de sobra para prevenirla, se da de narices con la posibilidad real del colapso del sistema de acumulación privada de pensiones, o más bien, sistema de ahorro forzoso para los trabajadores, fuente inagotable de recursos frescos para el capital.
Eso es lo que está en juego. Por tanto, consciente de su derrota en el espacio parlamentario, recurre al golpe blando del tribunal constitucional.
Sin embargo, los antecedentes disponibles, entre ellos, la magnitud de la protesta, determinan que para salvar al sistema paralización del tercer retiro, mediante el triunfo por secretaría en el tribunal constitucional, es demasiado poco, demasiado tarde.
Nadie duda de que el recurso será acogido por ese tribunal de opereta; en eso consiste su problema.
Pero cuando el gobierno invoca su deber de «velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas», abstrae que un 80% de la ciudadanía votó por una nueva constitución, y que esa misma gente exige la restitución parcial de lo que les es propio; en una coyuntura trágica, como pocas en la historia del país.
En consecuencia, que una rémora de la constitución vetada por amplia mayoría, como ese inamible tribunal constitucional, atente contra el derecho de los ciudadanos a recuperar sus fondos en una crisis extrema; donde el gobierno, por consideraciones subalternas, siempre vinculadas a los equilibrios de la economía, evade su responsabilidad social, mientras cunde la desperación de las mayorías, puede ser la chispa que incendia la pradera, como en su momento fue el alza de treinta pesos en la tarifa del metro, el 1 de octubre de 2019.
Así de importante es la apuesta de Piñera. Así de morrocotudos son los intereses en juego.
Los fundamentos del recurso son ridículos, y parecerían cómicos, de no mediar la tragedia que agobia a tantos compatriotas.
El primero, no respetar los procedimientos, formas y quórums para reformar la constitución, quiere decir, simplemente, o que Piñera no entiende un carajo, o que, al contrario, entiende, y por lo mismo, se pasa por cierta parte la opinión de la ciudadanía.
El segundo, infracción al derecho de seguridad social, es una disonancia cognitiva, y un abuso de lenguaje. Defender el sistema privado de pensiones en nombre del derecho a la seguridad social es un contrasentido solo explicable porque hablar es gratis.
El tercero, infracción a la exclusividad del Presidente, demuestra la incionsistencia ética de Piñera, Si en el segundo retiro patrocinó la iniciativa, ¿qué cambió para hacer lo opuesto en el tercero?
El cuarto, falta al derecho de propiedad e igualdad ante las cargas públicas, es de no creerlo. Consiste en la defensa del derecho a la propiedad de las compañías de seguros de vida, de los fondos de los afiliados comprados mediante la modalidad de rentas vitalicias.
El quinto, el proyecto contraviene lo resuelto con anterioridad por el TC, es una rizada del rizo, que no le agrega un ápice de legitimidad a una instancia desprestigiada, ilegítima y con fecha de caducidad; lo que no significa que no pueda bloquear el tercer retiro, al menos mientras dure el actual gobierno, también con fecha de caducidad.
El sexto, reponer un proyecto ya rechazado por la el senado el 13 de enero pasado, es unas leguleyada que ilustra la bajeza de los invocantes.
Sin embargo, en la coyuntura real, ni el gobierno de Piñera, ni el tribunal constitucional tienen demasiada importancia, dicho esto sin negarles la capacidad de seguir dañando la convivencia nacional hasta el último de sus días.
Está interpelado a fondo el derecho de propiedad; pero ¿cuál de ellos prevalece?, ¿el de las afp y compañías de seguro, o el de los propietarios reales de los fondos?
En este denso contexto, un gobierno de nula legitimidad, de una incansable capacidad de desatino, se las arregla para dividir a su propio sector.
Obsérvese que en una coyuntura significativa para el neoliberalismo estratégico, el otrora monolítico bloque de derecha aparece dividido, no solo por disputas caudillistas, sino también, por visiones estratégicas.
O también puede suceder, sin que sea contradictorio, que las grietas del bloque obedezcan a las chambonadas de Piñera.
Como sea, pocos, en la áspera lucha contra la dictadura, podían imaginar que en el primer tercio del siglo veintiuno, la lucha resurgiría con mayor fuerza, y menos, que el derribo del sistema privado de pensiones, se lograría a «retirazos».
Como fuere, el recurso del gobierno a la tercera cámara elegida por nadie, revela la determinación de la elite dominante, de no asumir el menor costo de la crisis.
En el otro extremo de la contradicción, las escenas de rebelión popular en la noche del 20 de abril rivalizaban con las del estallido. .
La permanencia del ciclo de protesta desde el 18/O, es un rasgo distintivo de la coyuntura, si bien, todavía menor al ciclo de protestas 1983-86; un claro indicador de la profundidad de la crisis; que no puede sino profundizarse si el caricaturesco tribunal constitucional acoge el recurso del gobierno del 6%. .
Aún así, el tema resurgirá apenas acabe el esperpéntico gobierno de Piñera, en un período histórico tan breve como dentro de once meses, mientras, no obstante, mil cosas puedes pasar.
De hecho, la protesta del 20 de abril muestra el poco espacio al autoritarismo, salvo la salida extra-institucional.
No está claro qué sucedería, si lo intentan.
Pero, ¡háganlo si pueden!
