La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que endurece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. La Cámara rechazó gran parte de las normas, como las que permitían requerir información en el extranjero y la creación de agentes encubiertos.
El proyecto no sigue en trámite, y no puede insistirse en la materia hasta dentro de un año.
Pese a que el proyecto fue aprobado en general, con 55 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones, los artículos que requerían un quórum de aprobación especial (60 y 67 votos, según si era quórum calificado o quórum de ley orgánica constitucional) fueron rechazados por no alcanzar el número requerido de preferencias. Ello significó que, a su vez, las normas aprobadas, pero que se veían modificadas por los artículos rechazados, también se cayeran.
El texto legal incorporaba la figura del agente encubierto, funcionario policial que ocultaría su identidad oficial para involucrarse o introducirse en organizaciones delictivas e identificar a los participantes, reunir información y recoger los antecedentes necesarios para la investigación.
Tampoco se aprobó la norma que disponía que para asegurar el éxito de alguna investigación de este tipo de delitos, el fiscal nacional podría requerir de los órganos y servicios de la administración del Estado, incluidas las fuerzas de orden y seguridad pública, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la fiscalía nacional.
Otras disposiciones rechazadas autorizaban al fiscal nacional a nombrar un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para investigar este tipo de hechos; y facultar al ministerio público a efectuar indagaciones y actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos de alguno de los delitos a los que fueren aplicables las disposiciones de esta norma, pudiendo para ello solicitar directamente asesoría a las representaciones diplomáticas y consulares chilenas.
Tampoco se respaldó el artículo que permitiía al fiscal designado para requerir de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a través del fiscal nacional, toda la información que tenga en relación con el caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de una investigación.
Las dos últimas disposiciones que no lograron sumar el quórum necesario son la que obligaba al menos una vez al mes, al fiscal designado para investigar, a remitir un informe al fiscal nacional que tendría el carácter de reservado; y la que permitía al fiscal designado solicitar a la Corte Suprema la prórroga de competencia a tribunales ubicados en una región distinta a aquella en que hayan tenido lugar los ilícitos, siempre que ello sea indispensable para el éxito de la investigación o para la seguridad de los intervinientes, testigos y peritos.
Luego de este rechazo, el proyecto queda archivado y no se puede insistir en la materia hasta transcurrido un año.
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) lamentó que se haya rechazado un proyecto «que buscaba darle más herramientas a los fiscales para poder investigar delitos terroristas».
El legislador cuestionó que «en Chile, si alguien coloca una bomba en un edificio, los fiscales no cuentan con ninguna atribución excepcional para investigar ese tipo de delitos, y nosotros creíamos importante que pudieran tener esas herramientas, como también poder juzgar en otro territorio jurisdiccional cuando hubiese una presión que evitara que los jueces fallaran con total libertad, sin presiones».
Por su parte, el diputado de La Araucanía, Germán Becker (RN), manifestó que «lo ocurrido en el día de hoy demuestra que hay diputados en este hemiciclo que no quieren que haya más seguridad en el país, que no quieren que se pueda enfrentar de mejor forma los delitos antiterroristas».
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), destacó el rechazo a esta «verdadera aberración jurídica» que, sostuvo, » ha quedado mutilada dado que una minoría de representantes ciudadanos de esta Cámara no aprobara modificaciones que pretendían crear jueces sin rostro, prorrogar la competencia en materia penal y crear figuras que pretendían infiltrar organizaciones sociales».
