La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación sobre el homicidio del periodista José Tohá González, ex director del desaparecido vespertino Las Noticias de Última Hora, ex ministro del Interior y de Defensa y amigo personal del Dr. Salvador Allende, asesinado el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar, según informó la oficina de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial.
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Las ministras de la Novena Sala del tribunal Jessica González y Romy Rutherford, más el abogado integrante Mauricio Decap, acogieron en un fallo unánime las peticiones de reabrir la causa Rol N° 2182-1998, “Episodio muerte de don José Tohá González” para realizar investigaciones y diligencias solicitadas por los abogados acusadores y previamente rechazadas por la instancia inferior.
El tribunal atendió peticiones de Nelson Caucotto Pereira, abogado querellante particular; Ilan Sandberg Wiener, del Programa Continuación Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y de Irma Soto Rodríguez, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, representante del Estado de Chile en esta causa.
Los abogados apelaron de una resolución del 6 de noviembre de 2015 que no dio lugar a la reapertura del sumario y a la realización de numerosas diligencias solicitadas, como el “procesamiento de Roberto Merino Merino, en calidad de autor del delito consumado de secuestro con grave daño, cometido en la persona de don José Tohá González”.
También la corte acogió otras diligencias solicitadas por los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y del Consejo de Defensa del Estado que ordenan al ministro instructor realizar una serie de diligencia relacionadas con el homicidio del ex ministro. Según informa El Mercurio, falta saberse si será el ministro Jorge Zepeda quien realice tales diligencias porque antes éste había rechazado la petición.
Hay dos uniformados presos por esta causa, los coroneles retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Sergio Contreras Mejías y Ramón Cáceres Jorquera, quienes están condenados a tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena como autores de torturas contra José Tohá González mientras estuvo detenido en la inhóspita y austral isla Dawson, donde sufrió los maltratos que quebrantaron su salud y condujeron a su muerte.
José Tohá fue detenido en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe militar, y trasladado a la Escuela Militar, donde permaneció recluido varios días hasta que fue enviado a Dawson, isla al sur del estrecho de Magallanes que la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet habilitó como campo de concentración para presos políticos que desempeñaron tareas importantes en el gobierno del Dr. Allende y disidentes locales, principalmente de Punta Arenas y la zona más austral del país.
Debido a su delicado estado de salud, Tohá fue internado en el Hospital Militar de Santiago, donde murió en extrañas circunstancias. La versión oficial habló de un supuesto suicidio por ahorcamiento, pero su familia siempre afirmó que se encontraba tan débil que era imposible que hubiera atentado contra su vida.
Según la versión oficial, reproducida sin contrastarla por todos los medios de información cuya supervivencia autorizó la dictadura civil y militar (mientras decenas de otros medios desaparecieron) el ex ministro fue encontrado colgado en un clóset de la habitación 303 del Hospital Militar el 15 de marzo de 1974. El Servicio Médico Legal determinó que su causa de muerte fue por un «estrangulamiento por lazo compatible con el tipo homicida», y no suicidio.
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Argumentos del fallo
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El tribunal estimó que el asesinato de José Tohá González constituye un delito imprescriptible de lesa humanidad utilizando los siguientes argumentos:
“Que el episodio relativo a la muerte de don José Tohá González se encuentra dentro de las causas denominadas de derechos humanos, en donde la preocupación por el esclarecimiento de los hechos forma parte de las preocupaciones de la Humanidad, que se encuentra inserto dentro de la declaración efectuada por el legislador en la Ley N° 19.123 en orden a que la averiguación de las circunstancias de dicha muerte constituye un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena toda”, sostiene el fallo.
La resolución judicial añadió que «(…) el razonamiento expresado en el motivo anterior, encuentra plena concordancia con lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha declarado que la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares».
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Según –continuó el fallo– «(…) el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, la existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio criminal, y su comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a que deben tender las investigaciones del sumario; lo que en el presente caso, pese a lo acucioso de la investigación, no puede estimarse que se encuentra agotada en términos tales que se hayan realizado todas las diligencias consideradas útiles y necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices y encubridores, como ordena el artículo 401 del Código citado, por lo que deberá reabrirse el sumario, con la finalidad que se efectúen algunas de las diligencias que en su oportunidad fueron solicitadas por los distintos querellantes, unas incluso decretadas pero no realizadas, así como aquellas que razonablemente se deriven de éstas».
Abogado Nelson Caucoto y muerte de José Tohá: «las diligencias pendientes son ir y develar quiénes son los responsables»
Felipe Reyes
La investigación sobre la muerte del exministro de Salvador Allende seguirá su curso hasta que la justicia pueda develar las reales circunstancias de su muerte, ocurrida en el Hospital Militar -donde estaba detenido por la dictadura- en marzo de 1974.
En temas de Derechos Humanos, los últimos años han venido evidenciando que se ha producido una modificación al interior del aparato judicial. Algunos ministros han comenzado a determinar que muchos casos de muertes en dictadura merecen una revisión, lo que, mirado desde el presente, entrega un nuevo impulso a las investigaciones.
No es un capricho, sino que un apego a la verdad y a la justicia que cruza los años y la historia reciente del país. Haciendo eco de las solicitudes ciudadanas, casos emblemáticos se han reabierto, como el de José Tohá.
El ministro de Allende
José Tohá, padre de la alcaldesa de Santiago, al momento de su muerte estaba internado en el exHospital Militar. Fue encontrado al interior del closet de la pieza, ahorcado con su cinturón y no pesando más de 49 kilos, pese a que medía 1,92 metros.
En 2012 se conoció un peritaje encargado por el ministro en visita Jorge Zepeda que determinó que Tohá había sido estrangulado, lo que venía a descartar la versión oficial de la dictadura respecto a que se habría suicidado en el recinto ubicado en calle Holanda con Avda. Providencia.
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La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió el caso y ordenó al ministro Jorge Zepeda, quien investiga los hechos, que siga con el sumario por diligencias pendientes solicitadas por las partes.
La muerte del exministro José Toha ocurrió en marzo de 1974. Tohá estuvo detenido en la Isla Dawson, en el Regimiento Pudeto y en la Academia de Guerra Aérea, donde habría sido víctima de torturas.
¿Por qué se reabre un caso?
Para profundizar en las razones que obligaron a reabrir un caso, y en particular en lo relacionado con José Tohá, conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto.
«Lo que sucede en el caso de José Tohá, caso llevado por el ministro Jorge Zepeda, es que el ministro de la causa, hace unos dos meses, pudo, después de la recopilación de información, hacer pasar el caso de un suicidio a un homicidio. En un trabajo mancomunado con expertos legistas y con peritos de alta connotación científica, logró determinar que José Tohá no se suicidó en el Hospital Militar, sino que fue ultimado mediante el estrangulamiento», explica el abogado.
«La investigación, en un punto quedó sobreseída, momento en que apelamos, junto al programa de Derechos Humanos, y conseguimos revertir el cierre del sumario. La Corte ordenó la reapertura, y como existe un homicidio, hay que ir por los culpables. Las diligencias pendientes son ir y develar quiénes son los responsables de la muerte de don José Tohá», formula Caucoto.
Consultado el abogado sobre la relevancia de la apertura de casos emblemáticos de Derechos Humanos, es tajante.
«Es muy importante, porque la opinión publica no tiene idea de que funciona día y noche. Las personas no saben que los tribunales están siempre dictando resoluciones que ya no son noticia. Ellos trabajan en un silencio absoluto, pero hay un amplio campo de investigación que están desarrollando los ministros en visita. Se trata, en el fondo, de que la justicia se está reivindicando de toda aquella parte en que se anuló en tiempos de dictadura», describe el abogado.
«En el caso de José, si logramos procesar a alguien, claramente los tiempos se aceleran. Sería un paso enorme si podemos procesar a alguien», finaliza.
El abogado Héctor Salazar tuvo sus propias palabras para describir las razones de porqué se reabren causas.
«Normalmente algunas investigaciones judiciales no prosperan, lo que hace que la causa se archive o se sobresee temporalmente. Estas causas se pueden abrir, eventualmente, cuando surge nueva información que permita continuar con la investigación de manera de poder comprobar las responsabilidades», explica el abogado.
Consultado sobre las principales razones que originan que algunas causas de Derechos Humanos se reabran, revela.
«Hoy en día, en los últimos cinco años, han surgido muchos antecedentes, y esto se debe a que muchas de las personas que estuvieron vinculadas con los delitos, personas de edad que se encuentran en retiro, quienes no se encuentran de forma directa bajo las presiones de la institución, han comenzado a hablar. Estos nuevos antecedentes han permitido ir aclarando casos que durante 30 o 35 años se encontraban sin progresos», asevera Salazar.
«Lo peor que puede suceder es que estas cosas se tapen y que se traten de olvidar. Esto genera un resentimiento y una deslegitimación del sistema, y no contribuye en nada al reencuentro de una sociedad profundamente quebrada. Normalmente quienes piden que este tipo de cosas se olviden, se trata de quienes de alguna manera tiene una relación, moral o política, con los hechores. En ese caso, este tipo de investigaciones les molestan e incomodan», comenta sobre las quejas de algunos sectores sobre las investigaciones en casos de Derechos Humanos.
Fuente: Cambio 21
