El fin de semana pasado la policía detuvo a dos autoridades pascuenses por supuestos cobros “ilegales” a la entrada de los parques nacionales. Hace cuatro meses que estos sitios patrimoniales están bajo la administración del Parlamento Rapanui, organización territorial que expulsó a los representantes del Estado y asumió el control de los sitios más valiosos de la isla. Esta es la crónica de un nuevo alzamiento territorial que desafía el centralismo de Chile.
La mañana del jueves 26 de marzo el Parlamento Rapanui se tomó los accesos del parque nacional que agrupa a los sitios patrimoniales y arqueológicos de la isla. De forma pacífica expulsó del lugar a los guarda parques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y asumió el control del territorio, el que suma el 40% de toda la Isla de Pascua.
El conflicto se mantiene vigente. El fin de semana pasado Carabineros detuvo al presidente del Parlamento Rapanui, Leviante Araki, y al presidente del Consejo de Jefes, Mario Tuki, acusándolos de “cobro ilegal”, debido a que los dirigentes estaban pidiendo una entrada a un grupo de turistas al ingreso de la Aldea Ceremonial de Orongo, uno de los varios sitios patrimoniales hoy en disputa.
Desde la Gobernación Provincial de Rapanui acusan que Araki y Tuki estaban impidiendo el ingreso de un grupo de turistas al Parque Nacional, por lo que la fuerza pública procedió a detenerlos, inculpándolos de desórdenes públicos y estafa residual, cargos por los que fueron formalizados.
Sin embargo, el Parlamento Rapanui mantuvo la ocupación del Parque. Y sus argumentos para tal acción distan de lo que plantea el gobierno. Distan a tal punto, que lo que florece es un conflicto serio entre la institucionalidad amparada en el Estado y las decisiones asumidas por los dirigentes locales de la isla.
Leviante Araki es categórico. Acusa que la Conaf tenía en el total abandono los sitios contenidos en el Parque Nacional, que a las cinco de la tarde los guarda parques se retiraban y que eso significaba un saqueo abierto por parte de los turistas de las riquezas patrimoniales de la isla. Dice además que son sitios sagrados, y que como tales no tenían el respeto que se merecen.
“No es un parque sino que es el cementerio ancestral, y los otros sitios son sitios sagrados, está allí la universidad ancestral. Hoy les estamos dando una buena protección y mantención, porque Conaf lucraba con esto y a las cinco de la tarde los dejaba abandonados. Hay una destrucción masiva y el turista venía a saquear las osamentas. Hoy ya no aceptamos eso. Hoy lo estamos protegiendo nosotros”, asegura Araki en conversación con El Desconcierto.
El dirigente va más allá. Según plantea, la decisión de ocupar los territorios ancestrales es irreversible, y aprovecha la ocasión para lanzar un desafío abierto al Estado chileno:
“No vamos a aceptar que Conaf vuelva a entrar a nuestros sitios sagrados. Nosotros ya hemos tomado las riendas. Ya no tenemos nada que conversar con Conaf y menos con la Comisión de Desarrollo, que funciona con las leyes del Estado. La Ley Indígena y el Código Civil chileno dicen que los pueblos originarios tenemos derecho al uso y goce de nuestros sitios sagrados. Ellos tienen que respetar su propia ley”, argumenta el presidente del Parlamento Rapanui.
El conflicto es monitoreado por el gobierno. El martes se desarrolló una reunión en el Ministerio del Interior para buscar posibles salidas a la situación que ya se extiende por más de cuatro meses.
DESAFÍO AL ESTADO
En el gobierno reconocen que hay preocupación. En la retina tienen fresca la situación que se produjo en 2010, cuando el clan Hito se tomó el hotel Hangaroa solicitando la devolución de esos terrenos, los que habían sido expropiados por el Estado hace décadas. En ese conflicto se vivieron momentos en extremo tensos, incluyendo duros enfrentamientos físicos entre los nativos y Carabineros.
Ahora las autoridades dicen que quieren evitar llegar a la violencia física. Por lo mismo, están privilegiando la vía judicial para enfrentar al Parlamento Rapanui. La gobernación provincial presentó el lunes 17 de agosto una querella por exacción ilegal y estafa residual contra Leviante Araki y Mario Tuki. Acción judicial que fue presentada en el Juzgado de Letras de la isla.
En paralelo, están impulsando un espacio distinto al Parlamento, el que aparece radicalizado a ojos del Ejecutivo. Fuentes del gobierno aseguran que la organización que se tomó el Parque Nacional “no es representativa”, y que “la mayoría de los isleños no está de acuerdo con su actuar”.
La Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) es el organismo en el que el gobierno pone sus fichas. En ese espacio participa la gobernadora, el alcalde y los representantes del Ejecutivo, además de cinco habitantes de la isla. En reuniones realizadas en el organismo se llegó al acuerdo de impulsar una consulta bajo el paraguas del Convenio 169 de la OIT.
El 6 de diciembre se realizará un plebiscito para determinar como se administrará a futuro el Parque Nacional. La pregunta ya está fijada, y esta interrogará a los isleños sobre si están de acuerdo con una co administración del Parque entre la Codeipa y la Conaf. A la vez, esa solución, argumentan en el gobierno, permitiría repartir los recursos generados y dejar parte de ellos en la isla.
Carmen Medina, fiscal de Conaf, asegura a El Desconcierto que están trabajando en la solución del conflicto, pero afirma que la postura radical de los isleños no ayuda a encontrar una salida:
“Cuando tu ves posiciones radicalizadas, se acude a argumentos que no son válidos. Me gustaría dejar claro que el 93% de los guarda parques pertenecen al pueblo rapanui, y el resto tiene vínculos de parentesco fuertes con isleños. Todos están ligados a la tierra y sienten lo mismo que la gente del Parlamento Rapanui por sus lugares ancestrales”.
Medina responde a las críticas lanzadas por los dirigentes locales y afirma que “en el sentido de dar un correcto resguardo de esos lugares, nosotros respondemos a lo que dice la ley”.
Cuando se le consulta por el abandono que hacían los guarda parques oficiales del lugar a las cinco de la tarde, lo reconoce, pero entrega razones para explicarlo:
“Ese es uno de los aspectos que nosotros estamos tratando de solucionar con el convenio de asociatividad con la Codeipa. El que permitiría tener vigilancia nocturna de estos lugares. El resguardo por las 24 horas… la isla es un lugar que está abierto y todos son responsables del cuidado de su patrimonio. El 40% de la isla es Parque Nacional y no está cerrado, no existe una barrera. Lo que nosotros hacemos es la orientación turística”.
Pero para los dirigentes del Parlamento Rapanui el problema no se limita a quien cuida el lugar. Lo de ellos es una crítica más profunda. En palabras de Leviante Araki, “aquí no hay una ocupación, sino que una restitución de la propiedad ancestral del pueblo rapanui, hoy estamos en eso y vamos a seguir en eso. El Estado los tiene ocupados (territorios) desde 1966, sin previa consulta a su legítimo dueño, el pueblo rapanui. Empezó a cobrar plata la Conaf por los sitios ancestrales, y hasta ahora no hemos tocado nada con el Estado. Hoy estamos recuperando nuestros sitios sagrados y el cementerio ancestral”, afirma.
Araki reclama también que Carabineros destruyó computadores y equipos que tenían en la sede del Parlamento. “No puede ser que no haya respeto por nosotros. A mi me tomaron detenido como un delincuente cualquiera”. Por estas razones, anuncia acciones legales en contra de los representantes del gobierno.
Hoy los terrenos siguen bajo dominio del Parlamento Rapanui. Ellos aseguran que han mantenido el precio que cobraba la Conaf a los turistas por ingresar al lugar: $30 mil para los extranjeros y $10 mil para los chilenos. En paralelo, la Conaf ha informado a los operadores de las empresas de turismo que “el cobro de entrada está liberado” mientras se mantenga el conflicto.
El siguiente encuentro clave para el gobierno se desarrollará el 28 de agosto, cuando en la isla se reuna la Codeipa con más representantes del gobierno. En la cita continuarán con su plan de impulsar la consulta indígena. En el intertanto seguirán con su ofensiva judicial. De hecho, este martes hubo otro detenido, el también integrante del Parlamento Rapanui, Rodrigo Hey.
Fuente: El Desconcierto
