Luego de más de tres décadas de informar y conectar a la comunidad de Villa O’Higgins, una de las localidades más apartadas país, esta semana dejó de transmitir la radio Madre de la Divina Providencia, conocida genéricamente como MADIPRO. La decisión fue adoptada por los pobladores a cargo de su funcionamiento, luego que la fiscalía de Cochrane iniciara una investigación por operar sin autorización.
La audiencia de formalización se realizará el 28 de marzo.
La denuncia original fue realizada ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la ex encargada de la radio Bernardo O’Higgins, dependiente del gobierno comunal. Tal fue el resultado de una pugna que se inició en 2013, cuando el alcalde asumido Roberto Recabal instaló la emisora municipal como una forma de competir con la histórica estación.
Permisos en mano, el edil realizó una serie de cuestionamientos a la radio MADIPRO, que es operada por los propios pobladores y organizaciones locales como una forma de tener diversidad en las informaciones de la comunidad.
Esta independencia no sería vista con buenos ojos por la máxima autoridad local, que mantiene un férreo control sobre la radio del ayuntamiento.
A pesar de los diversos intentos que ha realizado el Vicariato de Aysén, propietario original de las instalaciones de la MADIPRO, por obtener una concesión que le permita regularizar su funcionamiento, no le ha sido posible adjudicarse uno de los concursos periódicos a los que llama la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
De esta forma la emisora creada en 1983 por el padre Antonio Ronchi Berra en el extremo sur del Camino Longitudinal Austral, como parte de un red regional de comunicación ciudadana, ha sido silenciada.
El procedimiento es impulsado por el jefe de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Marco Antonio Cáceres Obreque, y está dirigido contra Yaline Riveros Sáez, presidenta de la Agrupación Río Pascua.
La acción no solo atenta contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de los pobladores, sino que podría llevar a la cárcel a la vecina, ya que la Ley General de Telecomunicaciones instituye un máximo de tres años y un día de presidio bajo esta figura legal.
Atentado a la Libertad de Expresión
Desde hace un tiempo son varias las organizaciones que han cuestionado la aplicación de penas corporales a faltas asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Una de ellas es el Colegio de Periodistas de Chile, que ha criticado particularmente el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones, herencia del gobierno militar que no ha sido modificada durante más de 25 años de gobiernos democráticos.
El artículo fue instituido en 1982 mediante Decreto Supremo, con el fin de perseguir y acallar a los medios opositores.
Por ello se ha impulsado desde la organización profesional y otras entidades que se permita reservar parte del espectro radioeléctrico para sectores comunitarios, sociales o sin fines de lucro, es decir, del tercer sector que representa la voz de la ciudadanía.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como fundamental garantizar el derecho a difundir y recibir informaciones y opiniones por cualquier medio, calificando como un atentado a estos derechos fundamentales la tipificación de la actividad radiodifusora sin autorización como delito y su asociación con penas corporales.
La pugna que silenció la voz de una comunidad
Ad portas de la formalización a la que será sometida este martes por la Fiscalía de Cochrane por operación de la radio MADIPRO de Villa O’Higgins, la presidenta de la Agrupación Río Pascua, Yaline Riveros Sáez, saca la voz.
Explicó los esfuerzos que se han realizado por obtener la señal para normalizar el funcionamiento de la emisora y las acciones del municipio local para que su estación, la Bernardo O’Higgins, prevalezca en la localidad.
“Para la gente es un tremendo impacto que por diferencias de opinión haya personas que piensen que con esa denuncia perjudicarían a una persona en particular, sin embargo han perjudicado a toda una comunidad con el cierre de transmisiones de esta radio” señala la dirigenta.
Esto, dado que por más de tres décadas la radio MADIPRO de Villa O’Higgins fue un espacio para informar, educar y generar opinión. Por ello, lo ocurrido se percibe como “una especie de atentado contra la memoria histórica al estar perdiendo una radio creada por el padre Antonio Ronchi, que tiene un tremendo significado para la comunidad”.
La oposición del municipio
Las complicaciones para la MADIPRO, que había operado desde principios de los 80 como parte de las emisoras que creó a lo largo de la región el padre Antonio Ronchi, partieron en el año 2013. Aunque “siempre estuvo al alero del municipio de O’Higgins a través de un comodato que tenía este con el Vicariato de Aysén, una vez que asumió la alcaldía Roberto Recabal, el comodato se terminó”.
Fue en ese momento que se le ofreció a la Agrupación Río Pascua hacerse cargo de la emisora, “para que no se perdiera este espacio tan valorado por la comunidad”.
Esto ocurrió en febrero de 2013, presentando en ese mismo momento la primera solicitud para formalizar la concesión, ya que “sabíamos que teníamos que hacer el proceso de legalización para poder postular a proyectos y demases, porque somos una organización que no tiene mayores recursos para poder mantener la envergadura que significa tener la radio”.
Ene este período han sido tres las postulaciones, todas infructuosas, algunas rechazadas incluso por problemas de tipeo.
En paralelo, el municipio de Recabal “constituyó una organización a la cual pertenecen muchos funcionarios municipales, que es la Agrupación Amigos de la Radio Bernardo O’Higgins, y ellos formaron una nueva radio a la cual la sacaron una concesión el año 2014 y ocuparon el dial que tenía por 30 años la radio MADIPRO, el 96.1”.
El último acto de esta seguidilla de medidas llegó de la mano de la encargada de la radio municipal, quien presentó la denuncia en contra de estación comunitaria, lo que derivó en la formalización que se producirá el 28 de marzo próximo.
Por lo pronto Yaline Riveros y la agrupación se preparan para enfrentar las acciones judiciales que el Estado, de la mano de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, está impulsando contra ellos y que podrían llevarla a la cárcel, según establece el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones. Como agrupación “y yo en particular estoy bastante tranquila, vamos a presentar todos los antecedentes que tenemos el día 28 cuando sea la formalización en Villa O’Higgins”.
Por eso, tienen confianza en que “todo se solucione rápidamente en favor de volver la voz a la comunidad y que se siga trabajando en una radio de tanta historia como la MADIPRO”.
