El Servicio de Impuestos Internos presentó hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de la Capital una querella criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas. La acción penal se dirige también en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los ilícitos. En paralelo, Julio Ponce Lerou prestó declaraciones por más de tres horas en Fiscalía.
La querella criminal fue presentada en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA, por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso primero del Código Tributario, en carácter de reiterado, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, delito que se configura por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad, facturas y boletas de honorarios, falsas.
También se dirige en contra de los representantes legales de la sociedad Reactor SPA, y de Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes E.I.R.L., por haber facilitado documentación tributaria falsa a la sociedad SQM y a otras empresas, configurándose a su respecto el delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso final del Código Tributario.
Finalmente, la querella se dirige en contra de todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos tributarios señalados.
La acción penal está fundada en las evidencias encontradas por el Departamento de Delitos Tributarios del SII durante el proceso de recopilación y análisis de antecedentes que ha venido desarrollando en los últimos meses, el que ha incluido entre otros elementos requerimientos de información, citaciones y toma de declaración a los representantes legales, el procesamiento de los registros contables, así como el posterior cruce con información de terceros y la contrastación con los antecedentes disponibles en las bases de datos del Servicio.
El monto del perjuicio fiscal ocasionado por los delitos detectados se determinará en el curso de la investigación.
Tal como se ha señalado en relación con este caso y en otros que también se encuentran en revisión, el SII hará uso de todas las facultades legales para pesquisar operaciones que pudieran haber generado ventajas fiscales indebidas, y, si como resultado de la aplicación de este procedimiento se detectan diferencias de impuestos o ilícitos tributarios, presentará las acciones respectivas ante los tribunales de justicia o ante el Ministerio Público, según corresponda, para que se apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley.
De hecho, próximamente se presentará una denuncia criminal por delito tributario en contra de la misma empresa SQM y otros contribuyentes, por hechos de características similares a los mencionados en la querella interpuesta hoy, y que abarcan periodos correspondientes a los Años Tributarios 2006 al 2014.
Entre los querellados se encuentran Patricio de Solminihac, actual gerente de SQM y hermano del ex ministro de Obras Públicas Hernán de Solminihac; y su antecesor, Patricio Contesse, ex gerente de la empresa que fuera despedido hace una semana y que acudió al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de inaplicabilidad que «paralizó» cautelarmente la indagatoria.
La lista de querellados se completa con los nombres de Ricardo Ramos, Iván Correa, Felipe Cádiz, Rodrigo Polidura y Cristina Zúñiga.
Zúñiga es periodista y asesora parlamentaria ligada a la empresa Pecado Kapital, que trabajó en la campaña senatorial de Pablo Zalaquett y es acusada de «haber facilitado documentación tributaria falsa a la sociedad SQM y a otras empresas, configurándose a su respecto el delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso final del Código Tributario».
Julio Ponce declaró en Fiscalía
Faltando pocos minutos para las 09:00 horas de este lunes llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional el empresario Julio Ponce Lerou, controlador de la empresa SQM. El ex yerno de Augusto Pinochet estuvo cerca de tres horas y media en la Fiscalía y se retiró sin emitir declaraciones a la prensa.
Su comparecencia se da tras dos semanas de pugna entre SQM y el Ministerio Público, luego de que la minera no metálica rechazara entregar voluntariamente la solicitada información contable de los años 2009 a 2014.
El ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse -quien dejó su cargo el lunes pasado-, presentó el 11 de marzo, a través del abogado PPD Samuel Donoso, un recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía que buscaba impedir medidas instrusivas de la Fiscalía.
Ante su rechazo, acudió al Tribunal Constitucional y presentó un recurso de inaplicabilidad que «paralizó» cautelarmente la indagatoria por una semana y que debe ser revisado el día miércoles.
En medio de esto renunciaron tres directores de la compañía (elegidos con los votos del accionista Potash Corporation of Saskatchewan Inc.), y ésta optó por hacer entrega de la información requerida por la Fiscalía, pero al Servicio de Impuestos Internos.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió el miércoles pasado solicitar directamente dicha información al SII, que la proporcionó el viernes, no sin antes deslizar críticas al Ministerio Público y dejar una impresión pública de pugna institucional que ha sido objeto de profusos comentarios de los analistas políticos durante los últimos días.
Cristián Letelier se inhabilita en el TC
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del Ministerio Público para inhabilitar al abogado, miembro de ese organismo, Cristián Letelier, por estar mencionado en la investigación y haber sido abogado de una persona involucrada indirectamente. Sin embargo, fue el propio Letelier quien decidió no participar de la revisión del recurso que presentó el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, para detener la investigación de la Fiscalía por considerar que vulnera garantías constitucionales.
El abogado Rodrigo Pica, relator del TC afirmó que Letelier “formuló con anterioridad en la sala una solicitud pidiendo que la sala lo tuviera inhabilitado por motivos de debido proceso atendido que se estaba cuestionando su imparcialidad. No obstante considerar el que no estaba configurada la causal de inhabilidad planteada por el Ministerio Público”. Asimismo, agregó que “la sala consideró atingente la solitud de inhabilidad”, indicando que “el día miércoles, para completar los 5 ministros en la sala, se llamará a un ministro titular de la otra sala, así completar los 5 ministros para que la sala sesione completa”.
