El Consejo de Defensa del Estado presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de la querella de fraude al Fisco en contra de un grupo de proveedores del Ejército por facilitación de facturas falsas. Hasta el momento, se ha establecido que el monto de lo defraudado supera los seis mil millones de pesos; equivalentes a más de ocho millones de dólares.
Dichos documentos aluden a la entrega de servicios inexistentes, entre 2011 y 2015, que se relacionan con las irregularidades de los aportes provenientes de la Ley Reservada del Cobre al interior de la repartición castrense, en un monto que, se estima, supera los 6.000 millones de pesos.
En la causa ya existía previamente una querella en contra de Francisco Huincahue, quien fue formalizado en octubre de 2014. Hoy se incluyó a Raúl Fuentes, su hijo César Fuentes, Waldo Pinto y Pedro Salinas.
El requerimiento, a cargo de la fiscal Ximena Chong, se suma al que lleva adelante la Fiscalía Militar donde ya hay cinco militares procesados, indagatoria que ha pasado a manos del ministro en visita, Omar Astudillo.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, aseguró que «es una investigación que estamos siguiendo muy de cerca, tanto desde la perspectiva de la Justicia Militar como en el Ministerio Público».
«Los resultados de esas investigaciones están a la vista: hay personas privadas de libertad y por lo tanto, más que pronunciarme sobre ampliaciones de la querella, lo que es importante es que el Consejo está muy intensamente abocado a cuantificar los perjuicios fiscales que hayan tenido lugar y, adicionalmente, hacer efectivas con mucho rigor las responsabilidades penales de aquellos que hayan intervenido», agregó.
La diligencia apunta a la participación de otros tres proveedores privados que prestaban servicios a la institución castrense en el mantenimiento y reparación vehículos de la institución, utilizando facturas falsas.
En 2014, la justicia civil y militar determinaron que unos 2.200 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre fueron defraudados por un grupo de oficiales, suboficiales y un empleado civil.
Piña señaló que como institución se está abocado en cuantificar los perjuicios fiscales que se hayan llevado a cabo al interior del Ejercito.
Agregó que se buscará hacer efectivas las responsabilidades penales de todos aquellos que estén involucrados, sin importar el grado de jerarquía que tengan. Sin embargo, no quiso adelantar cuando se realizará la ampliación de la querella.
