El diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Samtiago, por el delito de fraude al fisco, contra el senador Fulvio Rossi, a quién acusa de haber lucrado con fondos públicos, al presentar como recursos propios asignaciones parlamentarias, por un monto superior a los cinco millones de pesos.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Gutiérrez reveló en su escrito que Rossi ganó un proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública por poco más de 43 millones en 2014, que se ejecutaría en la sede de la ONG Casa Abierta que mantiene en Alto Hospicio. La entidad debía aportar poco más de cinco millones en infraestructura, es decir, la oficina donde se realizaría el “Programa de Gestión de Seguridad Ciudadana”.
Según constató una indagación del comité de de auditoría parlamentaria, la sede funcionamiento de Casa Abierta en Alto Hospicio, es finaciada con el ítem «asesorías parlamentarias».
«Es decir, se valoró en $ 5.040.000 el arriendo de la oficina parlamentaria destinada al señor Rossi, en circunstancias que es pagada con recursos públicos del Estado de Chile», dice la presentación.
O sea, de acuerdo a la acción legal, la supuesta oficina de la ONG es la sede parlamentaria de Rossi, “cuyo arrendamiento paga el Senado de la República”.
Gutiérrez asegura que existe un informe del Consejo Resolutivo de Asignaciones que estimó que las oficinas de los congresistas “deben destinarse exclusivamente a cumplimiento de la labor parlamentaria (…) sin que puedan realizarse en aquellas otras actividades, aún cuando ellas consistan en acción social en beneficio de la comunidad”.
Según Gutiérrez relata en la querella, “se estableció de manera fehaciente que la oficina parlamentaria de Fulvio Rossi es también facilitada a personal ajeno a la función parlamentaria, como son los profesionales que prestan servicios a la Corporación Casa Abierta (…) quienes señalaron que en tales dependencias realizan entrevistas o procedimientos propios de sus especialidades”.
El diputado PC citó también un informe del Comité de Auditoría de la Cámara, donde testigos presenciales confirman la denuncia.
“Es decir, se valoró en $ 5.040.000 el arriendo de la oficina parlamentaria destinada al sr. Rosi, en circunstancias que es pagada con los recursos públicos del Senado”, se lee en el libelo.
Gutiérrez solicitó que la fiscalía “invite” a declarar a Rossi por estos hechos. También que la PDI interrogue a los profesionales que laboran en Casa Abierta.
Asimismo que preste declaración el actual subsecretario de Prevención del Delito Rodrigo Frey e incautar la documentación contable de Casa Abierta.
El abogado patrocinante de la querella, Boris Paredes, agregó que además de lo expuesto, existe una prohibición explícita de aportes públicos adicionales a los que entrega el Senado para proyectos propios de los parlamentarios.
«Lo que corresponde es pedir la destitución del senador ante el Tribunal Constitucional, porque además de incurrir en ilícitos, existen sanciones directas para los legisladores que perpetran este tioi de ilícitos», remachó el abogado.
Consultado el senador Rossi, le restó importancia a la acción penal y la atribuyó a «la persecución política constante que tiene el diputado Gutiérrez en su búsqueda por ser senador».
Para verdades, el tiempo.
Una pausa y ya volvemos.
